La Procuraduría impugnará el amparo otorgado a Elba Esther Gordillo

Un juez consideró que la PGR tuvo imprecisiones en las denuncias contra la exlíder sindical y dos de los coacusados
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| Otra fuente: CNNMéxico

Al calificar de "endebles y sin consistencia jurídica" los argumentos que utilizó un juez federal para conceder tres amparos a Elba Esther Gordillo y dos coacusados de delitos federales que no implican al libertad, la Procuraduría General de la República (PGR) informó este martes que impugnará la resolución ante un tribunal federal.

De acuerdo con el juez, la PGR no fundamentó ni presentó los motivos de las denuncias correctamente en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, éste último cargo también con “deficiencia técnica en la integración de la averiguación previa”, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en un comunicado. 

Se trata de “una resolución que no implica la libertad de la procesada ni la de sus coagraviados”, de acuerdo con el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo. 

La PGR respondió en un comunicado que el juez "ponderó equivocadamente irrelevancias formales por encima de las pruebas y hechos acreditados en el ejercicio de la acción penal, en perjuicio del interés social que representa esta institución”.

Los cargos presentados por la PGR en marzo se basaron en una denuncia previa ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que “cumplía cabalmente con todos los requisitos legales”, por lo que no acepta que el juez de amparos haya considerado que hubo un mal procedimiento, agregó la Procuraduría. 

El juez federal consideró, en el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que la denuncia de la PGR “carecía de los requisitos de forma” que señala el artículo 16 de la Constitución, el cual indica el procedimiento para que las autoridades detengan a una persona.

Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez determinó que la Procuraduría mexicana no presentó adecuadamente los motivos e hipótesis delictivas de cómo actuó cada uno de los acusados, una cuestión “de fondo” para el seguimiento del juicio.

Además, la fiscalía federal no cumplió con el procedimiento correcto de denunciar malos manejos financieros ante la SHCP para que esta dependencia procediera en contra de los tres acusados, según el juez federal. 

“Contrario a lo erróneamente señalado por el juez, la PGR demuestra fehacientemente que sí se cumplió con el requisito de procedibilidad señalado por la ley, de lo que existen ésta y otras pruebas claras, suficientes y contundentes en el expediente de la causa, lo que se demostrará plenamente ante el Tribunal que revise la deficiente sentencia judicial referida”, de acuerdo con la dependencia.

La PGR recalcó que el amparo es para que la fiscalía haga precisiones, por lo que no se puede considerar como una resolución que exculpe a los inculpados del delito de delincuencia organizada ni genera una base para su libertad.

La hija de Gordillo, la senadora Mónica Arriola, dijo estar contenta por la noticia y esperanzada.

“Carezco de los elementos (para opinar) más que las noticias y lo que ustedes me están comentando”, dijo Arriola en un breve encuentro con medios.

“Parece ser que es eso (fallas de la PGR), pero no quisiera adelantarme hasta que no tuviera yo los argumentos suficientes para que yo pudiera platicar del tema. Pero a nivel familiar, a nivel personal, estamos muy contentos. Es una gran noticia”, señaló.

“La verdad es que sí se abre (una esperanza). Hay que seguir dándole, hay que seguir trabajando y sobre todo demostrando su inocencia”.

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Gordillo fue detenida el 26 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Toluca por agentes de la PGR bajo cargos de desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del cual era dirigente.

Junto a Díaz Flores y Gallardo Chávez, la que fuera una influyente dirigente sindical y política ha permanecido desde entonces en un reclusorio del Distrito Federal donde enfrentan un juicio por el desvío de unos 2,600 millones de pesos de las cuotas sindicales de los profesores.

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