Senadores proponen indulto para sentenciados sin debido proceso penal

Tras condenas emitidas con irregularidades, senadores plantean que el presidente pueda liberar a personas cuya culpabilidad no esté probada
Patishtán exige justicia y pide que lo liberen
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

Senadores de los principales partidos propusieron este martes una reforma para que el presidente pueda indultar a personas sentenciadas sin haber tenido un debido proceso penal o que tengan “elementos objetivos suficientes” para probar su inocencia. 

La iniciativa es una respuesta a casos en los que los tribunales han emitido sentencia sin contar con todas las pruebas sobre la culpabilidad de una persona, como en el caso del profesor chiapaneco Alberto Patishtán, según el documento presentado al pleno del Senado

“(Patishtán) cumple una condena de 60 años, de los cuales lleva 13 recluido, por delitos federales que, de acuerdo con la defensa y una interminable lista de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no fueron debidamente probados ante un juzgador, existiendo violaciones graves a su derecho a la adecuada defensa y al debido proceso”, indica el texto.

El docente fue detenido en el año 2000 acusado del asesinato de siete policías en Chiapas, un estado del sur de México con 27% de población indígena. Patishtán niega haber participado en el crimen y su defensa argumenta que el día de los hechos se encontraba en otro lugar. En septiembre, sin embargo, un tribunal colegiado resolvió que permanezca en prisión. 

Tras el fallo, Patishtán dijo a CNN en Español que no pedirá un indulto al gobierno federal porque se considera inocente.

La propuesta entregada al Senado plantea reformar el Código Penal Federal para que el presidente, a petición del Congreso o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueda indultar a un sentenciado cuando existan “indicios consistentes” de que no tuvo una defensa legal adecuada, haya padecido “violaciones graves” al debido proceso penal o se tengan “elementos objetivos suficientes que acrediten la inocencia de la persona sentenciada”. 

“El Ejecutivo federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales. En su resolución, el Ejecutivo federal otorgará el indulto, en su caso, sin condiciones adicionales o con las que estimare convenientes”, señala el texto impulsado por los senadores panistas Roberto Gil y Javier Corral, los perredistas Angélica de la Peña, Manuel Camacho y Armando Ríos Piter, y la priista Arely Gómez. 

Actualmente, el presidente puede indultar a un sentenciado por delitos federales o por delitos del fuero común cometidos en el Distrito Federal, siempre que no haya cometido traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud o secuestro. 

El perredista Camacho Solís, secretario de la Comisión de Justicia, consideró que existen condiciones para que la iniciativa avance rápidamente en el Senado porque el tema genera consenso entre las bancadas y existe “presión de la opinión pública” sobre casos como el de Patishtán.

“Pienso que vamos a hacer un trabajo político eficaz. Y desde su nacimiento mismo ya estamos logrando un consenso entre las fuerzas políticas y eso ayuda a que camine la iniciativa”, dijo a CNNMéxico.

Agregó que no basta con reformar la ley, sino que es necesario que las instituciones de justicia funcionen correctamente para evitar que más ciudadanos sean encarcelados sin justificación.

Otro ejemplo citado por los legisladores es el de las indígenas Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, detenidas en 2006 por presuntamente secuestrar a seis agentes federales que participaron en un operativo en una plaza pública de Querétaro, en el centro del país. 

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Tres años después, Jacinta Francisco quedó el libertad luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) reconociera errores en la investigación. Alberta Alcántara y Teresa González salieron libres en 2010, después de que la SCJN determinó que hubo “graves irregularidades en el proceso” en su contra. 

“No existen datos certeros sobre cuántas causas penales existen en el país en las que la violación al debido proceso y al derecho a la adecuada defensa hayan concluido con condenas injustas (…) pero el alto incremento de los casos que son sometidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) son una infortunada referencia que no podemos soslayar”, señala la propuesta entregada al Senado.

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