La negociación de cinco reformas tensa el cierre de periodo en el Senado

A un mes de que termine el periodo ordinario de sesiones, las principales bancadas en el Senado mexicano se confrontan por qué prioridad dar a la discusión de al menos cinco reformas pendientes: político-electoral, energética, financiera, de combate a la corrupción y las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones. 

El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), primera fuerza en la Cámara alta, busca que quede aprobada la reforma energética , una iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto considera clave para su mandato.

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo, exigen que antes de ese tema se discuta la reforma político-electoral , que incluye puntos como la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE), la reelección legislativa y el posible endurecimiento de las sanciones para quienes violen la ley en comicios.

El PRD incluso llama a las otras bancadas a que la discusión de la reforma energética se posponga para 2014. La principal fuerza de izquierda se opone a la iniciativa de Peña Nieto, que propone abrir el sector privado a particulares, y exige que el asunto se someta a una consulta popular antes de votarse.

"Para nosotros la reforma energética debe ser para el siguiente año. Así la vemos nosotros. Creo que hay muchos temas de enorme trascendencia que yo no veo que puedan ser desahogados del día de hoy al 13 o 15 de diciembre a más tardar, que son el plazo para que este periodo pueda sesionar", dijo el lunes a medios el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa.

El líder del PRI, Emilio Gamboa Patrón, afirma que su bancada acepta que primero se discuta la reforma político-electoral, aunque insiste en que la reforma energética también se vote en 2013. Al respecto, el martes dio a conocer que está en una "enorme negociación" con el PAN y el PRD para sacar adelante el asunto.

"Nosotros sí no tenemos hoy en la concepción de que podamos posponer la reforma energética para el otro año", dijo. 

"Estamos trabajando, yo diría por un buen camino, para ver y buscar que se pueda aprobar una ley energética", insistió este jueves.

La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, comentó el miércoles ante medios que hay un avance "de casi el 90%" en los acuerdos sobre la reforma político-electoral, lo que permitiría votarla pronto y seguir con la reforma energética.

En el PAN, por otra parte, las posiciones en torno a la reforma energética están divididas. Un grupo de al menos 16 senadores exige que el tema se aplace para 2014 , en tanto el líder de la bancada, Jorge Luis Preciado, señaló el martes que participarán en la votación si se acuerda que se realice este año.

"Será lo que acuerden en las comisiones lo que nosotros respaldemos como grupo parlamentario. (…) Si lo resuelven las comisiones en este periodo, sería en este periodo", dijo.

Temas atorados

El PRI también quiere que este año se vote la reforma financiera, otra iniciativa clave de Peña Nieto.

La propuesta —que modifica 34 leyes— busca facilitar el acceso a créditos bancarios y ya fue aprobada en septiembre por la Cámara de Diputados . Sin embargo, los partidos aún no llegan a acuerdos.

Otro asunto atorado es las reformas sobre combate a la corrupción, que cumplió un año sin concretarse en el Congreso.

El tema no se ha votado en comisiones porque las bancadas difieren sobre qué tipo de órgano se encargaría de esa tarea.

"Ese es el tema central a debatir: si se forma una fiscalía especializada dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) o se crea un órgano con autonomía constitucional que pueda atender toda la lucha anticorrupción", dijo el perredista Alejandro Encinas, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El PRI está a favor de que la nueva institución dependa de la PGR, en tanto el PAN y el PRD exigen que sea autónoma. Los perredistas han dicho que accederían a que dependiera de la procuraduría, siempre y cuando se aprobara otra reforma que haga a la PGR independiente del gobierno federal.

Hasta este jueves, otro asunto atorado era la reforma sobre transparencia. Sin embargo, tras una semana de negociaciones, las bancadas llegaron a acuerdos y prevén votar la próxima semana en el pleno el documento para dar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) facultades para transparentar información de todos los niveles de gobierno, partidos políticos, sindicatos y todo organismo que reciba recursos públicos.

Atraso en telecomunicaciones

De las reformas pendientes, las únicas que tienen un plazo límite para ser votadas son las leyes secundarias sobre telecomunicaciones, que regularán la reforma constitucional promulgada en junio y deben concretarse en ambas cámaras del Congreso a más tardar el próximo 9 de diciembre.

Los legisladores deben modificar 14 leyes secundarias para definir cómo se sancionarán las prácticas monopólicas en el sector, los mecanismos para otorgar permisos y concesiones, el derecho de réplica, las prohibiciones a la publicidad "engañosa o subrepticia", así como las vías para promover la producción audiovisual nacional.

El gobierno federal no ha presentado iniciativas en la materia, mientras que las entregadas por legisladores de varios partidos permanecen en comisiones.

Diputados y senadores reconocen que están atrasados en el tema, aunque difieren sobre qué acciones tomar. Algunos llaman a acelerar la discusión para cumplir con el plazo legal, en tanto otros se inclinan por debatir el asunto detenidamente.

"O hacemos buenas leyes con la participación de la ciudadanía sin cumplir el plazo, o cumplimos el plazo sin tener la participación de la ciudadanía y lo hacemos en diciembre. Prefiero una buena ley con un buen análisis que pudiera ser votada en febrero, a una discutida exprés, rápida, para el 9 de diciembre", dijo a medios el lunes el diputado panista Juan Pablo Adame, integrante de la Comisión de Comunicaciones.

El eventual incumplimiento del plazo legal no implicaría sanciones para el Congreso. Sin embargo, los concesionarios consideran que la situación generaría incertidumbre jurídica en el sector, que carecería de reglas claras para operar.