Los casos polémicos resueltos por la Suprema Corte de Justicia

Naciones Unidas reconoce este martes al máximo al tribunal del país por su promoción de los derechos humanos
Castigo a los responsables del caso Cassez: CNDH
| Otra fuente: CNNMéxico

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió este año a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como merecedora del Premio de Derechos Humanos, un galardón que otorga cada lustro.

La organización considera que la SCJN se hizo merecedora del galardón “por su contribución excepcional en la promoción y protección de los derechos humanos así como de las libertades fundamentales".

Esta es la primera ocasión que la ONU otorga esa distinción a un tribunal, y en opinión del ministro presidente, Juan Silva Meza, se debe a lo que hicieron para poner en marcha las reformas constitucionales en 2011 que dieron origen “al inicio de la décimo época jurisprudencial” del país.

Además de estas reformas, al SCJN ha emitido resoluciones polémicas que han tenido un fuerte impacto en la vida jurídica del país y a nivel mediático. A continuación, les presentamos cuatro ejemplos de estas decisiones.

Dos indígenas acusadas de secuestro salen libres

Las indígenas ñhanhú, Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas de secuestrar a seis policías federales, quedaron libres en abril de 2010 tras pasar cuatro años en prisión y luego de que la SCJN determinó que hubo inconsistencias en el proceso que condujo a su detención.

En marzo de 2006, policías de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) decomisaron mercancías de un grupo de comerciantes en el pueblo de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Los comerciantes confrontaron a los oficiales y exigieron el pago por los daños, lo que derivó en un conflicto entre ambas partes, durante el cual detuvieron a González y Alcántara.

La indígena Jacinta Francisco también fue detenida en esa ocasión por las mismas razones, pero ella fue liberada, en agosto de 2009, luego de que la PGR reconoció que no había pruebas suficientes contra ella.

Militares juzgados por juzgados civiles

La SCJN determinó en agosto de 2012 que un juicio contra el coronel José Guadalupe Arias Agredano, quien encubrió la tortura y asesinato de un civil en Morelos, sería tratado, por primera vez, por un juzgado civil.

Los ministros resolvieron con ocho votos a favor y dos en contra que los delitos cometidos por militares en contra de civiles deben ser resueltos en juzgados civiles y no en una corte militar.

Arias Agredano fue acusado de encubrir la muerte del joven Jehtro Ramsés Sánchez al ser torturado por dos militares, el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos. Actualmente está a la espera de su juicio.

La libertad a Florence Cassez

La Primera Sala de la SCJN otorgó un amparo el 23 de enero del 2013 a la ciudadana francesa Florence Cassez quien pasó siete de los 60 años de su sentencia en prisión por secuestro.

La ministra Olga Sánchez Cordero propuso conceder el amparo debido a que las declaraciones de los testigos la identificaron como su secuestradora presentaban inconsistencias y contradicciones.

Cassez fue detenida en diciembre de 2005 por la AFI, acusada de participar en la banda de secuestradores Los Zodiacos, liderada por su expareja sentimental Israel Vallarta. La AFI hizo un montaje en el que fingió el momento de su captura para que la televisión pudiera transmitir como si fuera en vivo, por lo que ella siempre denunció que había sido víctima de un proceso indebido.

Los matrimonios gays en Oaxaca

La Primera Sala de la SCJN concedió amparos, en diciembre de 2012, a tres parejas del mismo sexo del estado de Oaxaca a las que las autoridades locales les negaron el acceso al matrimonio con base en un artículo del Código Civil estatal.

Los ministros concluyeron que el artículo 143, según el cual solo estaba permitido el matrimonio “entre un solo hombre y una sola mujer”, era inconstitucional debido a que atentaba contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad.

La decisión implicó que ahora las autoridades de Oaxaca no pueden negar la unión legal entre parejas del mismo sexo.

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