Un juez libera una orden de aprehensión en contra de Jesús Reyna García
La Procuraduría General de la República (PGR) informó este miércoles que un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de José Jesús Reyna García, exgobernador interino de Michoacán, por su probable involucramiento con integrantes del crimen organizado y delitos contra la salud.
En rueda de prensa en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, se dio a conocer que se encontraron los elementos suficientes para consignar al exfuncionario, al tener una relación cercana con la delincuencia organizada.
“Declaraciones, rastreos financieros, así como diversas pruebas periciales realizadas por la Agencia de Investigación Criminal, llevaron a solicitar a un juez penal el arraigo de Reyna García”, informó Rodrigo Archundia Barrientos, titular del despacho de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
El exfuncionario quedará a disposición de la autoridad y se iniciará el proceso penal en su contra.
Reyna fue citado a declarar el 4 de abril ante la PGR en la Ciudad de México. El 5 de abril un juez dictó orden de arraigo en su contra, por lo que permaneció bajo custodia federal mientras la Procuraduría indagaba sus presuntas relaciones con el crimen organizado.
En la administración michoacana actual, que inició en febrero de 2012, Reyna fue gobernador interino durante los meses que Vallejo se separó del cargo por problemas de salud.
El 24 de abril, el exdiputado local José Trinidad Martínez Pasalagua afirmó que Reyna, quien es también exsecretario del Gobierno michoacano, se reunió en 2011 con Servando Gómez, la Tuta , a quien la PGR identifica como uno de los líderes del grupo criminal de Los Caballeros Templarios.
Reyna también fue señalado por la senadora panista Luisa María Calderón y por el líder de autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, de tener relación con los Templarios, algo que el funcionario ha negado.
Desde hace tres meses, el gobierno federal desplegó cientos de policías y militares en territorio michoacano, además de iniciar programas de apoyo económico, para contrarrestar la actividad criminal.
El pasado 14 de abril el gobierno federal acordó con las autodefensas 11 puntos orientados a la legalización, coordinación y desmovilización de estos grupos.
