"Trabajamos con normalidad", dicen poderes de Guerrero al Senado

El congreso y el tribunal estatales rechazaron que el caso Iguala les impida funcionar, como acusó el PAN al pedir desaparición de poderes
El PAN pide desaparecer poderes en Guerrero
| Otra fuente: CNNMéxico

Los poderes Legislativo y Judicial de Guerrero afirman que a pesar de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de las protestas que el caso ha generado desde hace casi un mes, trabajan "con normalidad" y están en condiciones de cumplir con sus tareas. 

El pronunciamiento del congreso y del tribunal guerrerenses se produjo este fin de semana, luego de que el Senado mexicano les pidiera un informe sobre su funcionamiento, a raíz de la solicitud que presentó la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para que la Cámara alta declare la desaparición de poderes en la entidad del sur del país. 

Para los panistas, esta medida es necesaria porque el caso Ayotzinapa y las manifestaciones que ha causado provocaron ingobernabilidad en este estado, que tiene alrededor de 3.3 millones de habitantes.

El congreso local, sin embargo, afirma que "sólo durante la semana pasada" celebró cuatro sesiones de pleno y "continúa el desarrollo de las actividades técnicas legislativas", según un comunicado difundido este domingo por la diputada Laura Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva y militante de Movimiento Ciudadano. 

"Existen las condiciones para que tanto los trabajadores del Poder Legislativo como los propios diputados locales continuemos cumpliendo nuestra responsabilidad constitucional", agrega el mensaje. 

La respuesta del congreso guerrerense —donde manifestantes rompieron vidrios y quemeron objetos la semana pasada— será enviada este lunes al Senado, cuya Comisión de Gobernación sesionará este martes para discutir la solicitud del PAN. 

El Poder Judicial local, en tanto, rechazó que el caso Ayotzinapa impida que sus integrantes lleven a cabo sus funciones. 

"No obstante los acontecimientos por los que atraviesa el estado, y que son del dominio público, no se ha impedido la vigencia del orden jurídico ni el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales", señala el documento que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia local, Lambertina Galeana, envió este domingo a los senadores, según un reporte de la agencia Notimex. 

"(El orden jurídico) tiene plena vigencia, y se aplica y cumple con absoluta normalidad", agrega el texto. 

Hasta ahora se desconoce si el gobierno del Ángel Aguirre, uno de los principales blancos de críticas por el caso Ayotzinapa y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya respondió oficialmente al Senado. 

CNNMéxico trató de contactar este lunes a voceros del gobernador para hablar del tema pero no obtuvo respuesta.

La semana pasada, Aguirre se reunió con los diputados federales que conforman la comisión especial que sigue el caso Ayotzinapa y, según la legisladora Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), rechazó que haya ingobernabilidad en todo el estado. 

"El gobernador tiene la consideración de que, en Guerrero, el estado de derecho prevalece (...) que los disturbios están centrados en Iguala y que nada más en Iguala están los problemas de seguridad, que los poderes del estado funcionan adecuadamente y que éste es un tema de políticos", dijo Aguilar a medios. 

La dirigencia nacional del PRD, encabezada por Carlos Navarrete, se ha pronunciado en el mismo sentido y afirma que la solicitud del PAN para que se declare la desaparición de poderes en Guerrero tiene objetivos político-electorales, dada la cercanía de los comicios locales de 2015. 

Sin embargo, senadores del propio PRD han llamado a Aguirre a separarse del cargo, pues argumentan que esto ayudaría a reducir la tensión en la entidad y facilitar las investigaciones. 

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Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre en Iguala, luego de un incidente en el que policías municipales les dispararon y mataron a tres, mientras en otro hecho de violencia murieron tres civiles más. 

El gobierno federal acusa de la desaparición al grupo delictivo Guerreros Unidos, al que vincula con la policía local.

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