5 casos polémicos en 5 años de Raúl Plascencia al frente de la CNDH

Casos como la masacre de migrantes en San Fernando y la presunta ejecución de civiles en Tlatlaya han puesto en entredicho al ombudsman
Castigo a los responsables del caso Cassez: CNDH
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

La masacre de migrantes en el municipio tamaulipeco de San Fernando, la actuación de la policía capitalina en las protestas del primer día de la presidencia de Enrique Peña Nieto y la presunta ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya, Estado de México, son casos que han puesto en entredicho la labor de Raúl Plascencia en los cinco años que lleva como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Organizaciones civiles como Amnistía Internacional (AI), Artículo 19 y Fundar consideran que estos episodios muestran que con Plascencia la CNDH ha sido una institución que reacciona con lentitud y de forma "laxa" frente a los abusos de autoridades contra ciudadanos, por lo que el ombudsman no debe reelegirse en el cargo. 

En cambio, Plascencia defiende sus aspiraciones de encabezar la comisión por otros cinco años, argumentando que ha llevado a cabo numerosas acciones para promover los derechos humanos y que el organismo atiende más quejas anualmente.

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En el marco de la comparecencia que el funcionario sostendrá este jueves ante comisiones del Senado, como parte del proceso para elegir o reelegir al titular de la CNDH, te presentamos un recuento de algunos de los casos controvertidos que han marcado sus gestión iniciada en 2009. 

1. Los migrantes de San Fernando 

En agosto de 2010, la Marina encontró en San Fernando, Tamaulipas, una fosa clandestina con los cadáveres de 72 migrantes, la mayoría originarios de Centroamérica. El gobierno federal, entonces encabezado por el presidente Felipe Calderón, atribuyó la masacre al grupo delictivo de Los Zetas, al que señaló como uno de los más violentos de América. 

La CNDH abrió una investigación del caso, pero fue hasta diciembre de 2013 que emitió una recomendación para las principales autoridades involucradas: la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Tamaulipas. 

En este documento, señaló que los funcionarios de la PGR y de Tamaulipas no identificaron los cuerpos ni los conservaron con apego a estándares internacionales, ni se coordinaron con otras dependencias para evitar futuros secuestros de migrantes. 

Sin embargo, organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) consideran que si bien es relevante que la CNDH señalara esas fallas, actuó con lentitud porque tardó tres años con cuatro meses en emitir una recomendación, y además ésta la califican de "parcial, violatoria de los derechos humanos de familiares de las víctimas e incluso perjudicial al derecho a saber". 

Para el IMDHD, la CNDH afectó a las familias de los migrantes asesinados porque no las buscó ni escuchó, lo que obstaculizó su acceso a la justicia. 

"La CNDH no favoreció con la protección más amplia a las víctimas, sino por el contrario, las ignoró y no veló para que sus derechos fueran respetados en el procedimiento penal", señala una solicitud de juicio político contra Plascencia que el instituto entregó a la Cámara de Diputados en septiembre pasado. 

2. El 1Dmx 

El 1 de diciembre de 2012, día en que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México, cientos de manifestantes realizaron protestas en los alrededores del recinto de la Cámara de Diputados —donde se realizó la ceremonia—, así como en la zona centro del Distrito Federal. 

Durante las manifestaciones ocurrieron enfrentamientos entre ciudadanos y policías, que derivaron en destrozos a bancos, hoteles, comercios y monumentos históricos, lesiones a alrededor de 10 personas y la detención de más de 100. 

Este episodio fue conocido como el 1Dmx, generó protestas de gente que acusó detenciones arbitrarias y fue investigado tanto por la CNDH como por la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF). 

Días después, Plascencia dijo al diario La Jornada que no había justificación para que la policía utilizara la fuerza "de manera desmedida". Sin embargo, también criticó las manifestaciones violentas y señaló que las marchas pueden ser utilizadas como "pretexto" para cometer delitos. 

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló entonces que con esas declaraciones Plascencia "limitaba" el derecho a la protesta y no atendía las denuncias de algunos manifestantes, en el sentido de que hubo provocadores ese día. 

La CNDH no emitió recomendaciones en torno a este caso. En contraste, la CDHDF publicó una en la que llamaba al gobierno capitalino a sancionar a los funcionarios que agredieron y detuvieron a ciudadanos arbitrariamente. 

3. La muerte de un menor en Puebla 

En julio de este año, el menor José Luis Tehuatlie Tamayo murió luego de un operativo de la policía de Puebla para replegar una manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en la carretera Puebla-Atlixco. 

Las autoridades estatales reportaron entonces que la herida que causó la muerte del menor se originó por la onda expansiva de un cohetón arrojado por un grupo infiltrado en la protesta. 

La CNDH intervino en este caso, investigó y, en septiembre pasado, concluyó que las lesiones sí fueron provocadas por la policía poblana, en específico, por un cilindro de gas de largo alcance. 

Si bien Plascencia llamó a que el gobierno de Puebla sancione a los funcionarios responsables y repare el daño infligido a las víctimas, las organizaciones civiles criticaron que se tardara en tocar el tema y no se pronunciara antes contra el uso de la fuerza en manifestaciones contemplado en las leyes estatales, normas que habían sido promovidas por el gobernador Rafael Moreno Valle. 

4. Las leyes de telecom 

En agosto pasado, el Congreso aprobó las leyes reglamentarias de la reforma en telecomunicaciones, una de las principales propuestas del presidente Enrique Peña Nieto. 

La legislación no sólo incluye normas para regular el mercado, sino otras vinculadas con aspectos de seguridad y justicia que un grupo de políticos y organizaciones civiles consideran violatorias de los derechos humanos. 

Una de estas medidas consiste en obligar a las empresas de telefonía celular a guardar por dos años un registro de las comunicaciones de sus usuarios, así como a entregarlos a las autoridades si éstas así lo piden. 

Quienes critican estas leyes argumentan que estos puntos, así como permitir que las instituciones de seguridad geolocalicen en tiempo real teléfonos vinculados con algunos delitos, son contrarios al derecho a la privacidad. 

Activistas y políticos de izquierda como Marcelo Ebrard, exjefe de gobierno del DF, llamaron a la CNDH y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a interponer acciones de inconstitucionalidad contra esta legislación. Sin embargo, ninguno de estos organismos optó por presentar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

5. Presuntas ejecuciones en Tlatlaya 

El más reciente episodio polémico en el que ha estado involucrada la CNDH es la investigación por la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

Los fallecimientos ocurrieron el 30 de junio pasado y, según reportó entonces la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocurrieron en un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y militares. 

Semanas después, sin embargo, reportes de medios extranjeros cuestionaron la versión de la dependencia y apuntaron a que pudiera tratarse de un caso de ejecuciones extrajudiciales. 

En principio, durante una entrevista con el diario El Universal realizada en septiembre, Plascencia desestimó esa posibilidad. "Tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento", dijo. 

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Pero un mes después, el 21 de octubre pasado, tras llamados de organismos internacionales a que se esclarezca el asunto lo antes posible luego de que una supuesta testigo narrara en una entrevista con la revista Esquire que 21 de los 22 fallecidos fueron ejecutados cuando ya se habían rendido, el ombudsman dio un giro a esa postura y la CNDH emitió una recomendación según la cual 15 de las 22 personas muertas sí fueron presuntamente ejecutadas por soldados

A raíz de este caso, hasta ahora hay ocho militares detenidos, cuyos familiares exigen que tengan un juicio justo.

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