Agresiones contra periodistas crecen en el mandato de Peña: Artículo 19
La frecuencia con la que periodistas son agredidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto ha crecido 80% en comparación con lo que ocurría en el mandato de Felipe Calderón, según la organización Artículo 19, para la cual este dato refleja las dificultades que actualmente existen en México para ejercer el periodismo.
En su informe Estado de censura, dedicado a la situación de la prensa nacional el año pasado y presentado este martes, Artículo 19 señala que en los dos años que Peña Nieto lleva en la presidencia ha documentado 656 agresiones contra la prensa, 330 en 2013 y 326 en 2014.
Lo anterior representa una agresión cada 26.7 horas y contrasta con lo registrado en el gobierno de Calderón (2006-2012), en cuyo mandato se contabilizaron 1,092 casos, es decir, uno cada 48.1 horas.
"El promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80% durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto", señala el reporte de Artículo 19.
"El deterioro de la libertad de prensa es real, tangible y medible. El estado es de censura generalizada", agrega el documento.
De las 326 agresiones documentadas por Artículo 19 en 2014, 156 son atribuidas a funcionarios públicos, en particular, a policías que agredieron a comunicadores en el contexto de manifestaciones y protestas sociales.
A este rubro le siguen los casos cometidos por actores cuya identidad se desconoce (86), por particulares (52), por organizaciones sindicales (11), por el crimen organizado (ocho), por partidos políticos (seis), por otros medios de comunicación (cuatro) y por organizaciones civiles (tres).
De todas esas agresiones, el informe destaca 142 afectaciones a la integridad física y material, 53 actos de intimidación o presión, 45 detenciones arbitrarias, 44 amenazas y seis asesinatos.
Las víctimas de estos crímenes fueron los periodistas Gregorio Jiménez , muerto en Veracruz en febrero; Nolberto Herrera, muerto en julio en Zacatecas; Octavio Rojas, muerto en agosto en Oaxaca; Atilano Román, muerto en Sinaloa en octubre; Antonio Gamboa, también muerto en Sinaloa en octubre, y Juan Diego Benítez, hijo del periodista Indalecio Benítez muerto durante un ataque a Radio Calentana, en el Estado de México, a principios de agosto pasado.
Por entidad, las que más agresiones registraron fueron el Distrito Federal (85), Quintana Roo (42), Veracruz (41), Guerrero (28) y Oaxaca (22).
Uno de los casos que el reporte destaca es el de Karla Silva, reportera de El Heraldo de León, en el estado de Guanajuato, golpeada en septiembre por un grupo de hombres que entraron a la redacción del periódico y le advirtieron que "le bajara" a sus notas sobre el alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, según dijo entonces la propia reportera en una entrevista con CNN en Español .
En sus conclusiones, el reporte considera que si bien México tiene instituciones destinadas a la protección de los periodistas, éstas cumplen con su trabajo deficientemente porque investigan poco y de manera ineficaz.
"Hablar, cubrir o investigar temas relacionados con corrupción, protesta social o delincuencia común u organizada pone en riesgo la vida de aquellas personas que lo hacen, aun cuando saben que en caso de sucederles algo la agresión o la amenaza quedarán impunes", señala el texto publicado.
"De cada 10 investigaciones iniciadas por esa instancia (la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, Feadle), solo una es consignada a un juez. El resto de las denuncias quedan archivadas o son desechadas", agrega.
CNNMéxico buscó la postura de la Feadle, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre los señalamientos del informe de Artículo 19. Sin embargo, no obtuvo una respuesta inmediata.
En sus recomendaciones, Artículo 19 incluye sugerencias tanto para la fiscalía como para la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los congresos de los estados, a los que llama a eliminar las leyes que restringen e incluso criminalizan la libertad de expresión.
