Los 5 puntos opacos de la Ley de Transparencia avalada por el Congreso

Una de las críticas a la Ley General de Transparencia es que diputados y senadores abran sus cuentas pero hasta la próxima legislatura
Transparencia
Transparencia  Transparencia  (Foto: Archivo)
| Otra fuente: CNNMéxico

Este jueves quedó aprobada la Ley General de Transparencia en la Cámara de Diputados, en donde los legisladores la avalaron en los mismos términos que la envió el Senado.

Sin embargo, durante todo el proceso legislativo y hasta su última discusión, no faltaron los señalamientos de opacidades en la propia Ley. 

Aquí te presentamos cinco "opacidades" de la legislación que el presidente Enrique Peña Nieto, promulgará en los próximos días:

1. Transparencia a legisladores…  pero a los entrantes

Diputados y Senadores deberán informar sobre las remuneraciones completas que reciben, incluyendo sus dietas, prestaciones y bonos, pero el dictamen estipuló que eso ocurra con un programa de reorganización administrativa y financiera hasta el 30 de agosto, cuando esté por entrar la nueva Legislatura.

El diputado de Movimiento Ciudadano Danner González Rodríguez criticó que se den un periodo de gracia para barrer la casa y cuadrar las cuentas, mientras que su compañera de bancada Zuleyma Huidobro acusó a los legisladores de estar jugando a ser transparentes mientras los grupos parlamentarios se siguen repartiendo dinero en subvenciones extraordinarias.

“De acuerdo al último informe semestral que presentaron los grupos parlamentarios, revela que exclusivamente las subvenciones extraordinarias o bonos, o sobornos, los que integraban el Pacto por México recibieron: el PRI, 68 millones 760 mil pesos; el PAN, 31 millones 284 millones de pesos; el PRD, 33 millones 922 mil pesos; el Partido Verde, 12 millones 950 mil pesos y Nueva Alianza, 2 millones 500 mil pesos”, aseguró.

2. Presidencia, con derecho a ocultar

Quedó establecido que únicamente el consejero jurídico de la Presidencia podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando se trate de temas que atenten contra la seguridad nacional.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Belauzarán, consideró que va a ser todo un acontecimiento si se da un debate en la Corte entre el Ejecutivo por un lado contra el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sobre qué temas abrir o no.

“Y si el consejero jurídico dice ‘no des esa información porque atenta la seguridad nacional’, lo que haría es darle relevancia, porque toda la sociedad y la opinión pública voltearían a ver qué es lo que quieren ocultar, por qué, y se generaría un debate público de grandes dimensiones”, expuso.

Además, fueron múltiples las críticas a la definición de que puede reservarse información por razones de “interés público”, a lo que el también perredista, Uriel Flores, argumentó que todo es de interés público y entonces debería conocerse, en lugar de reservarse.

3. Declaraciones patrimoniales: versión pública y voluntaria

La declaración patrimonial de los funcionarios será presentada en versión pública y no obligatoria, uno de los puntos más criticados por los opositores a la Ley.

“Dejar a la libre y buena voluntad de los servidores públicos la publicación de su declaración patrimonial, hace nulo el derecho de la población a saber (cuánto tiene) un funcionario asume un cargo público y con cuánto dinero, casas, autos y joyas tiene al terminar su responsabilidad”, criticó la perredista Daniela Díaz Magaña.

Huidobro ironizó además, que los propios legisladores partidarios del gobierno dan como justificación para no publicar sus bienes el no poner en riesgo la seguridad de sus familias, pues ellos mismos no confían en el combate a la inseguridad en el país.

4. ¿Quién decide qué es “grave” en derechos humanos?

Uno de los puntos aplaudidos de la reforma fue que no se puede reservar información en casos en los que haya violaciones graves a los derechos humanos, pero no está claro quién determina que un delito tenga esa categoría.

El ejemplo más claro esgrimido por los diputados fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 27 de septiembre de 2014, pero que la Procuraduría General de la República (PGR) no clasificó así, por lo que la información podrá permanecer reservada.

“(Con esto) simplemente un archivista en nombre de la PGR puede decirnos que no es una violación grave -así de simple- a los derechos humanos, y nos niega la información. Esto, señores, se llama simulación”, acusó Díaz Magaña, del PRD.

5. Temas energéticos, entre confidencialidad y transparencia

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Diputados de oposición consideraron que no está claro si en solicitudes de información sobre temas de energía va a haber confidencialidad en los contratos con particulares o se transparentará el tema.

“Con respecto al artículo 83 de esta ley en materia de transparencia energética, la norma es retórica al no prever el supuesto conflicto con las leyes secundarias en materia energética. Es decir, no queda claro si prevalecerá la Ley General de Transparencia o las leyes y reglamentos en materia de energía”, indicó el perredista José Luis Esquivel.

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