Expertos de CIDH ven "insuficiencias" de PGR sobre Ayotzinapa

El reporte de los especialistas expone omisiones, casos de videos perdidos, cateos insuficientes y escenas del crimen mal trabajadas
Las versiones contradictorias sobre normalistas
Arturo Ascención
Autor: Arturo Ascención | Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

El reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa señala varias insuficiencias en la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las autoridades locales. 

Según el GIEI, en la investigación de la PGR "aparecen debilidades", con hechos en los que debió profundizarse, como el estudio de la organización delictiva Guerreros Unidos (presunta responsable del ataque contra los normalistas), su estructura, integrantes y actividades ilícitas.

El primer punto que critica el reporte es que la PGR tardara 22 días en atraer el caso de los ataques en Iguala, hasta el 18 de octubre de 2014. El entonces procurador, Jesús Murillo Karam, dijo en una conferencia que la Fiscalía de Guerrero le turno a la PGR la averiguación previa el 5 de octubre.

Además, la averiguación completa, con sus nueve tomos, no fue remitida a la PGR por la Fiscalía General de Guerrero (FGE) sino hasta el 10 de noviembre de 2014, según el GIEI, pues el 24 de octubre fueron remitidos solo dos tomos del expediente a la PGR.

"La facultad de atracción no fue ejercida de forma inmediata por la PGR, como le faculta la ley y hubiera sido lo aconsejable ante un hecho de tal gravedad, dado que cuenta con mayores recursos materiales, por ejemplo, servicios periciales y la colaboración de la Policía Federal", apuntan los especialistas.

El GIEI también critica que se diera en un inicio una "parcelación del caso", es decir, que una parte de la indagatoria se encontrara durante varios días con la Fiscalía estatal, y otra con la PGR.

Lo anterior, agrega el reporte, repercutió en una tardanza para tomar declaraciones clave, "como las de los choferes de los autobuses Estrella de Oro, en los que viajaban los estudiantes normalistas desparecidos, las cuales se recibieron sólo hasta el 8 de abril de 2015".

El reporte del grupo de especialistas también critica que la PGR ya tenía conocimiento del "grave problema" en Iguala, antes de que ocurriera el ataque contra los normalistas, con casos como el asesinato de Justino Carbajal Salgado, síndico procurador del municipio, registrado por el ministerio público el 11 de marzo de 2013.  

En junio de 2014, además, la PGR inició una averiguación previa sobre la muerte de Arturo Hernández Cardona, de la organización Unidad Popular, presuntamente a manos de Guerreros Unidos, con declaraciones señalando como autores materiales a quien era alcalde, José Luis Abarca Velásquez, y Felipe Flores Velásquez, exdirector de Seguridad Pública en la entidad.

"En ninguno de estos casos la PGR avanzó lo suficiente la investigación para consignar a los responsables, aunque tenía a su alcance la utilización de mecanismos especiales previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que prevé, entre otras medidas, la intervención de comunicaciones privadas, la cual no se utilizó", apunta el GIEI.

"Esta medida le habría permitido a la PGR identificar a los integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, sus vínculos con los funcionarios públicos, los delitos que cometía, el destino de sus ganancias y su presencia en el ámbito nacional e internacional", agrega.

Videos perdidos

La gran mayoría de pruebas técnicas, como son los videos de las cámaras de vigilancia de los lugares de interés para la investigación, según el reporte, no se tuvieron en cuenta hasta el momento en que el GIEI solicitó que se incluyeran, y "sólo se logró recuperar una pequeña parte de dicha evidencia".

El reporte menciona que, tras sus peticiones, se recuperaron videos que muestran un "momento crucial": la aparición de un quinto autobús y no cuatro como había registrado la PGR.

"Esto permitió esclarecer que se trataba de 5 autobuses como había sido ya declarado por los normalistas y no 4 como se había mantenido hasta entonces por la PGR".

En ese sentido, el GIEI lamentó que la mayoría de los videos fueran destruidos por el paso del tiempo, ya que no se solicitaron los registros en el momento oportuno o fueron borrados de forma negligente, como los de los hechos en la zona del Palacio de Justicia en Iguala.

Cateos

La PGR, según el GIEI, utilizó "escasamente" la herramienta esencial del cateo en casas y oficinas de los presuntos responsables, con la que se pueden encontrar evidencias como registros telefónicos, informáticos, contables, armas o drogas.

"Por ejemplo, no fueron cateadas las viviendas de los policías señalados de pertenecer al grupo Los Bélicos, quienes podrían haber resguardado armas, uniformes, teléfonos y otras evidencias importantes para la investigación".

Intervención de comunicaciones

Aunque la PGR ya tenía conocimiento de las actividades ilícitas ocurridas en Iguala antes de los hechos del 26 y 27 de septiembre, no intervino conversaciones telefónicas del grupo criminal Guerreros Unidos, critica el GIEI.

"Tampoco se utilizó momentos después (de los ataques a los normalistas de Ayotinapa), cuando hubiera sido vital para determinar las comunicaciones entre los miembros prófugos y otros que no habían sido completamente individualizados".

Prendas

El GIEI indica que ropa y otros enseres ubicados en el Autobús Estrella de Oro 1568 –donde se encontraron normalistas desaparecidos- fueron resguardados, aunque sin ser procesados para determinar si existían rastros de “sangre, pelos, fibras e hilos”.

Hasta una diligencia el 29 y 30 de julio de 2015 "esta ropa se procesó y se encontró evidencia que fue remitida al laboratorio de criminalística de Innsbruck", en Austria.

El quinto autobús

Los especialistas también muestran como una inconsistencia o falla que la PGR no registrara  en su investigación el caso de un quinto autobús que tomaron los normalistas en Iguala, o que se indicara que había sido destrozado, de lo que no existe evidencia.

"La invisibilización de este autobús tuvo serias consecuencias para la investigación ya que no se indagó la posible presencia de Policía Federal en la escena del crimen del Palacio de Justicia (donde fueron atacados normalistas) ni se realizaron las pesquisas necesarias y oportunas para el esclarecimiento de los hechos, como el levantamiento de la escena del crimen en la colonia 24 de Febrero", apunta el GIEI.

El reporte también señala que, el 21 de julio pasado, la GIEI realizó una inspección ocular y el vehículo que les presentaron las autoridades como el autobús 3278, no coincide en sus características (patrón de los asientos y etiquetas) con el que aparece en un video de la toma de autobuses en Iguala, el 26 de septiembre pasado.

Fallas en escenas del crimen

Una anexo de las conclusiones del GIEI apunta fallas en el análisis de las zonas de crímenes en Iguala, entre el 26 y el 27 de septiembre.

Los ataques de policías municipales de Iguala disparando contra autobuses con normalistas en la calle Juan N. Álvarez, por los que murieron dos personas, "no fueron debidamente procesados como escenas del crimen en el momento oportuno ni posteriormente, con lo cual se perdieron muchas posibilidades de obtener evidencia física que ayudara a reconstruir el desenvolvimiento de los acontecimientos", según el reporte.

Entre otras situaciones, se indica, no se tomó video en la escena del crimen, o al menos no consta en las actas. 

"Además no se cumplió con la obligación de fotografiar toda la prueba física, no consta que se hubieren tomado fotografías en color de las víctimas para posteriores comparaciones, ambos requerimientos contenidos en el Protocolo de Minnesota", indica el texto del GIEI.

Esas observaciones, indica el reporte, se dan tras el análisis de actas del agente del Ministerio Público, y de dictámenes de la Procuraduría de Guerrero.

En el caso de escenas del crimen como la del camino "El Andariego", la del Palacio de Justicia y Crucero a Santa Teresa, tampoco se grabaron videos, ni se tomaron fotos de toda prueba física por separado, y tampoco se registró una búsqueda y recolección de cabello, fibras, hilos, huellas digitales, neumáticos, calzado o muestras de sangre, para permitir la identificación de personas atacadas. 

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