El gobierno mexicano acepta 10 acuerdos con la CIDH sobre caso Ayotzinapa

Uno de los compromisos principales es que inmediatamente se saque la investigación de la SEIDO, dando la información a un nuevo grupo
Las interrogantes de Ayotzinapa a un año
| Otra fuente: CNNMéxico

El gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron este martes 10 acuerdos para reiniciar la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y restructurar la investigación del caso.

Durante una audiencia de oficio, entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, representantes del Estado mexicano y de las víctimas, las partes firmaron un decálogo de acciones que deberán llevar a cabo las autoridades mexicanas para el esclarecimiento de los hechos.

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Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) le dijo este martes a Milenio Televisión que durante la audiencia en Washington, fue cuestionado sobre la posibilidad de que el GIEI pueda interrogar a militares respecto a los hechos que conllevaron a la desaparición de los estudiantes guerrerenses.

"Se trató de una segunda petición formulada por la CIDH, y planteamos lo que ya está contenido en el acuerdo, que esta diligencia solo se puede realizar por conducto del Ministerio Público en el esquema de coadyuvancia", dijo el funcionario federal, que agregó que el Grupo de Expertos no ha dado una respuesta sobre si está de acuerdo o no con este planteamiento del gobierno mexicano.

Los 10 puntos propuestos por la CIDH son para abrir la investigación, no para acotar el trabajo aclaró el GIEI en la reunión. En el evento los padres de las víctimas pidieron que se estableciera un tiempo para cumplir los acuerdos.

Los representantes de las familias agregaron que hay algunos ejes indispensables para cumplir las recomendaciones principales del GIEI, entre ellos que se investigue la participación de otras fuerzas de seguridad del orden estatal y federal, incluyendo al Ejército mexicano.

Los acuerdos firmados son los siguientes:

1. Sacar la investigación de la SEIDO

La CIDH propuso que no sea la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) quien lleve la investigación sino la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

2. Realizar un nuevo peritaje

Pidieron un nuevo estudio que aborde la dinámica de fuego en Cocula en el que se establezcan de común acuerdo los objetivos, condiciones, perfiles y peritos, así como el modo en que se realizará el peritaje.

3. Un nuevo equipo de investigación

Solicitaron la conformación de un equipo de trabajo con experiencia y de confianza de la  Procuraduría General de la República (PGR) y del GIEI.

4. Integrar el informe del GIEI

La nueva investigación deberá seguir las recomendaciones del GIEI presentadas en su informe por el caso Iguala.

5. Planificar una ruta de indagación

Las autoridades mexicanas deberán de trabajar de manera conjunta con el GIEI, informando las diligencias a realizar y líneas de investigación.

6. Relanzar la búsqueda

El GIEI solicitó que la nueva investigación esté a cargo de autoridades competentes que cuenten con tecnología de punta y un mapa de fosas.

7. Mejorar la relación con la PGR

La relación con el nuevo equipo de la PGR deberá formalizarse mediante reuniones con el GIEI que den seguimiento a la investigación.

8. Seguimiento del plan de trabajo del GIEI

El grupo de expertos proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación.

9. Alinearse a los criterios de atención a las víctimas

El GIEI y los representantes de las víctimas valorarán el daño y el avance en la reparación de este.

10. Confidencialidad de la información

El Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre los resultados de la nueva investigación hasta haberla informado primero a los familiares de las víctimas.

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A más de un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos las autoridades mantienen la versión de la incineración de los cuerpos de las víctimas, dictamen que los familiares de los normalistas rechazan, por lo cual el grupo de expertos de la CIDH ha llevado una investigación paralela al caso.

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