Guerrero: Gobierno nuevo con viejas crisis de violencia y derechos humanos
Tras nueve años de gobiernos perredistas y en medio de la crisis que se vive en la entidad por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el priista Héctor Astudillo Flores asume este martes la gubernatura de Guerrero.
El sector académico, empresarial, organizaciones de derechos humanos y la propia Iglesia Católica coincidieron en señalar que los temas de violencia y derechos humanos son los dos grandes retos que el nuevo gobernador tendrá en su administración.
Uriel Leal Ramírez, doctor en Ciencias Políticas del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero, resaltó que desde 2007 Guerrero registra una alta tasa en homicidios dolosos y un crecimiento “alarmante” de la violencia relacionada con grupos criminales y narcotráfico.
El Informe de Víctimas de Homicidios, Secuestro y Extorsión de 2014 colocó a Guerrero con la cifra más alta de homicidios dolosos: 48 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que la media nacional es de 12 por cada 100,000 habitantes.
Por su parte, la Organización Open Society Justice Initiative informó en septiembre pasado que tienen cifras de 19,434 homicidios registrados en la entidad de 2005 a 2014.
“Son cifras impactantes para un estado con una población de 3.4 millones de habitantes”, manifestó el académico.
El catedrático subrayó que de 2013 a la fecha se agravó la inseguridad con la suma de casos de extorsión y cobro de piso que enfrenta en su mayoría el sector comercial y empresarial, por lo que aseveró que el nuevo gobierno “no la tiene fácil” durante los próximos seis años.
“La violencia criminal es dura para el estado, sobre todo porque azota a uno de los municipios más emblemáticos como es Acapulco. Ojalá que el próximo gobierno designe a sus colaboradores del nivel que requiere Guerrero”, dijo en entrevista con CNNMéxico.
Para el doctor, el tema de la pobreza —que en Guerrero mantiene un rezago histórico– va ligado con el incremento de la violencia.
El informe 2015 de medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) colocó al estado en el tercer lugar en pobreza con más de 2 millones 502,500 personas, esto es el 65.2% de la población.
“Históricamente, Guerrero ha sido uno de los estados más rezagados en el país en los principales indicadores sociales, económicos y políticos. Los distintos estudios realizados por organismos nacionales e internacionales arrojan resultados poco alentadores. Nuestra realidad social y económica no se ha distanciado de los países sudafricanos”, lamentó Leal Ramírez.
Las peticiones
La Asociación de Bares y Discotecas de la Zona Dorada y Periferia de Acapulco —que suma a la franja turística de la ciudad— alertó que al menos 150 negocios enfrentan casos de extorsión y cobro de piso por parte de grupo criminales.
El representante de dicha asociación, Gustavo Teliz Hernández, dijo que en los últimos meses han cerrado al menos 50 negocios de ese giro, por casos de inseguridad en el puerto.
“De nuestra organización, han cerrado 50 negocios en un muy corto tiempo y muchos de nuestros socios han sido víctimas de la delincuencia en diferentes estilos. Además, no hay turismo, muchos visitantes han sido víctimas de delitos y lo más fácil es irse de Acapulco”, indicó.
El empresario aseguró que muchos de los dueños de bares y discotecas en Acapulco deben pagar cuotas para poder trabajar, por lo que urgió al nuevo gobierno, a enfocar sus primeros meses de trabajo en “armar” una nueva estrategia para el combatir al crimen.
“La situación que vivimos es grave y el nuevo gobierno estatal debe hacer algo en verdad y llegar a acuerdos con el gobierno federal”, señaló.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Guerrero alertó del cierre de al menos, 350 negocios de 2014 a la fecha, a raíz de la violencia y las protestas sociales que provocó el caso Iguala.
Jaime Nava, presidente de Coparmex en la región Centro y Norte del estado, reconoció que días antes de la toma de protesta del nuevo gobernador tuvieron un acercamiento en el que le urgieron a hacer frente al tema de seguridad.
“Se debe cumplir y respetar el estado de derecho, queremos y se lo expusimos, un cambio en el plano de los operativos de seguridad (...) -También le pedimos respeto a los derechos humanos, porque fue uno de los grandes errores que no se cuidaron en el pasado”, indicó.
La Iglesia Católica tampoco ha sido ajena a estos exhortos, pues en un documento que emitió la Arquidiócesis de Acapulco señaló la inseguridad y la violencia como los retos a los que deberá hacer frente el gobernador Astudillo.
El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, insistió en que el nuevo gobierno debe enfocar sus retos bajo un diagnostico multidisciplinario, para detectar los riesgo en los que deben intervenir todos los sectores públicos.
“Desde la Iglesia creemos que el principal reto y desafío de este gobierno será el fenómeno de la inseguridad y de la violencia. (Este problema) es complejo y multidimensional, no podemos sin más atribuirla a una sola causa, hacerlo sería ingenuo y pretender con ingenuidad tener una única solución con una problemática tan vasta y complicada”, dijo el prelado.
¿Cambio en derechos humanos?
Las violaciones de derechos humanos en Guerrero llamaron la atención a nivel internacional tras los hechos violentos del 26 de septiembre del año pasado en Iguala, en los que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que deberá atender el nuevo gobernador.
El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el nuevo gobierno entra en funciones ante un escenario “de barbarie” propiciado por el Estado, y lamentó que en la entidad sigan “enraizados” cacicazgos que se formaron desde hace años por el PRI, partido que regresa al poder en Guerrero.
“Está cuestionada de fondo la manera en cómo se ha querido atender la crisis en derechos humanos por parte de las autoridades, esta crisis la provocó la misma autoridad estatal. Los gobernadores en Guerrero han sido responsables de graves violaciones a derechos humanos”, sostuvo el activista.
Por esto, Barrera Hernández pidió a Astudillo compromiso para atender a las víctimas, castigo a los violadores de derechos humanos y atender las recomendaciones que han emitido instancias nacionales e internacionales.
Justicia fallida
El nuevo gobierno de Guerrero deberá enfrentar un estado con una “justicia fallida” y con un panorama que presenta un “alto” nivel de impunidad, así como “infiltración” del narcotráfico en instituciones, según Open Society Justice Initiative.
En un informe presentado en septiembre pasado, la organización alertó que la próxima administración estatal recibirá un estado donde los crímenes violentos “no es una sorpresa”, pues se tiene el antecedente histórico de la Guerra Sucia entre 1969 y 1979.
El organismo internacional añadió que Astudillo recibirá una entidad con un conjunto de fosas comunes y clandestinas no investigadas, muchas de las cuales fueron descubiertas por la búsqueda que se emprendió tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Héctor Astudillo rinde protesta como gobernador del estado de Guerrero, tras ganar las elecciones del pasado 7 de junio y con él regresa el PRI al poder, tras dos gobiernos perredistas, el último de ellos encabezado por Ángel Aguirre Rivero quien dejó el cargo en 2014 a raíz de los hechos de Iguala.
Durante un año, Guerrero fue gobernado por una administración interina que ocupó Rogelio Ortega Martínez, quien fuera catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero.