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Veracruz, conmocionado por una acusación de abuso de 'juniors' contra una menor

Jóvenes de familias influyentes enfrentan señalamientos de violación contra una adolescente, en tanto las autoridades estatales encaran cuestionamientos por la falta de resultados.
mar 29 marzo 2016 07:00 AM
Familiares de Daphne convocaron a una marcha con el fin de exigir castigo para sus supuestos agresores.
Puerto de Veracruz. Familiares de Daphne convocaron a una marcha con el fin de exigir castigo para sus supuestos agresores. (Foto: © ILSE HUESCA/CUARTOSCURO.COM)

A las crisis de desaparición de personas, violencia, supuestos desfalcos financieros y enfrentamientos políticos en Veracruz, en plena campaña para renovar la gubernatura, se suma un nuevo escándalo desatado por la acusación contra cuatro jóvenes de familias influyentes en la localidad señalados de la violación de una menor de edad.

Los familiares de Daphne, quien a la edad de 17 años presuntamente fue agredida en la zona turística Veracruz-Boca del Río, marcharon este lunes en calles del Puerto para demandar justicia a la administración estatal —encabezada por el gobernador Javier Duarte—, pues consideran que las autoridades les han dado la espalda porque a 10 meses de interpuesta la denuncia no hay resultados.

La abuela de la joven que habría sido agraviada, María Elena Bretón de la Luz, acusó públicamente ser objeto de amenazas desde que la familia decidió alzar la voz, en este caso que se conoce en redes sociales como "Los Porkys de Costa de Oro".

"A mí me amenazan, que le van a quitar la cabeza a mis hijos, que son muy poderosos. Pero yo tengo fe que sí se va a hacer justicia en esta ocasión", manifestó antes de iniciar la protesta, acompañada de amigos que sumaron un grupo de aproximadamente 70 personas.

Con globos blancos, cartulinas y lonas con demandas de justicia a los gobiernos federal y estatal, los inconformes avanzaron sobre el bulevard Manuel Avila Camacho.

"Lo que pedimos es que hagan justicia conforme a derecho, no pedimos otra cosa, sólo justicia", dijo María Elena.

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Los señalados niegan los cargos. Se trata de Enrique Capitaine Marín, hijo del exalcalde de Nautla por el PRD y exdirector de Tránsito en la administración priista del Puerto de Veracruz, Felipe Capitaine Rivera; Jorge Cotaita, perteneciente a una familia adinerada y quien estuvo señalado por el atropellamiento de un ciclista en abril de 2013, y dos compañeros de fiesta: Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso.

El fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, prometió resultados consistentes en la investigación, pero evadió señalar un plazo.

"Es mentira que hay opacidad, es mentira que haya dilación, se está haciendo una investigación seria y tenemos el más alto compromiso con la víctima para que tenga justicia", aseguró en conferencia de prensa en la capital, Xalapa, horas después de concluida la marcha en Boca del Río.

El caso atrajo la atención nacional. Activistas como María Elena Morera han exigido justicia al gobierno de Duarte, quien respondió en Twitter a la presidenta de la organización Causa en Común que era "irresponsable opinar sin conocer el expediente".

Dos versiones sobre el caso

Las acusaciones emergieron en marzo de este año, al cumplirse 10 meses de que el padre de la menor atacada, Javier Hernández Gómez, interpuso una denuncia contra Enrique Capitaine Marín, Gerardo Rodríguez Acosta, Diego Cruz Alonso, y Jorge Cotaita, como presuntos responsables del delito de privación de la libertad y violación en contra de su hija.

La versión de las víctimas es que, en enero de 2015, Daphne fue obligada a subir al vehículo de los cuatro jóvenes, al salir de un antro en la zona de Boca del Río, quienes la despojaron de su teléfono celular y la llevaron a un domicilio en donde acusa que la ultrajaron.

Hernández Gómez justifica el retraso de cuatro meses para interponer la denuncia a que se había comprometido con su hija a que el caso no saliera a la luz pública, y a cambio pediría a los padres de los jóvenes implicados que grabaran en video un mensaje ofreciendo disculpas por los hechos, con lo cual se darían por resarcidos del daño.

El pacto se rompió en mayo de 2015, cuando los familiares de los jóvenes acusados ventilaron en redes sociales que Hernández Gómez presuntamente había intentado presionarlos para aportar recursos a una fundación.

Ellos cuentan los hechos de manera distinta. A 10 meses, los jóvenes negaron cualquier responsabilidad a través de una carta abierta publicada en redes y en medios locales de comunicación.

"Negamos total y absolutamente que su hija haya sido ultrajada y violada, tal como consta en las pruebas presentadas a la autoridad, y que están asentadas en la carpeta de investigación número 592/15", se lee en la misiva firmada por los cuatro señalados.

El abogado de los señalados, Edgar Cinta Pagola, aseguró a un medio local que sus defendidos y la presunta víctima habían acordado continuar la fiesta, y que la menor de edad subió por su voluntad al vehículo.

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