Senado aprueba la ley anticorrupción con reservas a declaraciones patrimoniales

Los senadores avalan que las declaraciones sobre el patrimonio de funcionarios sean públicas, con excepción de rubros cuya difusión pueda afectar la vida de los servidores.
Proyecto anticorrupción  Los legisladores avalaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas para combatir los actos de corrupción de los servidores públicos.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, (la llamada ley #3de3), que busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal, al fortalecer sus responsabilidades administrativas y las sanciones aplicables por actos de corrupción u omisiones en que los servidores incurran.

El dictamen fue aprobado por los senadores con 94 votos a favor y 23 en contra, informó la Cámara alta en un comunicado.

Ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión.

En un adendum, el pleno del Senado avaló que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicación pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

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Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana –que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción– emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento por faltas administrativas graves que detecten en sus auditorías.

En caso de faltas administrativas no graves darán cuenta a los órganos internos de control, para que continúen la investigación y promuevan las acciones que procedan, y ante la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el ministerio público.

Al respecto, la senadora independiente Martha Tagle Martínez dijo que con esta reforma se abre la puerta para que las leyes dispongan a quién no se le podrán imponer responsabilidades. Además, dijo que no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios, como bienes muebles e inmuebles.

Agregó que la propuesta carece de un sistema de protección a denunciantes y testigos.

Lamentó que quienes estén involucrados en un acto de corrupción, al denunciarlo podrán tener un beneficio para que se les disminuya la sanción administrativa o penal, “lo que resulta de una gravedad mayúscula”.

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, María Barrera, dijo que a través de esta ley se entiende un reclamo social, ya que la ciudadanía quiere gobernantes íntegros y sin miedo a la rendición de cuentas, que ejerzan la correcta aplicación de la ley, erradicando así la corrupción en México.

En tanto, el senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refirió que los legisladores se encuentran en la coyuntura de aprobar la propuesta como se planteó en un principio, con la publicación completa y sin reservas de las tres declaraciones; “aún podemos hacer de la política un instrumento digno al servicio de la gente, y no uno del cual los políticos se sirven”, dijo.

La senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso que se cambie la redacción del adendum para describir el formato actual de las versiones públicas que se utilizan para la Ley 3 de 3.

Dijo que las declaraciones patrimoniales no son un capricho de los ciudadanos, sino la gran deuda pendiente que existe en México.

En contra de la propuesta, el senador Raúl Morón Orozco, del PRD, comentó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas “no cumple con las exigencias de la sociedad mexicana, más bien ha traicionado su voluntad”.

Señaló que por encima del derecho a la privacidad en la información personal debe prevalecer la supremacía del interés social y el interés público, por lo cual es necesario generar un sistema de rendición de cuentas que permita la transparencia y el combate a la corrupción.

A favor, la senadora Anabel Acosta Islas, del PRI, aseguró que el nuevo ordenamiento legal establecerá bases sólidas en la lucha contra la corrupción.

El senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, dijo que los administradores del sistema anticorrupción son los mismos que serán vigilados, por lo que no puede ser un sistema eficaz, toda vez que no existe una independencia entre los vigilados y los vigilantes, y sí una subordinación de los supuestos vigilantes hacia los vigilados debido a los mecanismos de nombramientos de los vigilantes.

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Finalmente, el senador del PAN, Raúl Gracia Guzmán, señaló que los empresarios no son tocados y son ellos quienes se hacen millonarios con concesiones, licitaciones o con obras públicas, y son los que corrompen o se corrompen en sinergia uno al otro, políticos y dueños del dinero.

“Si queremos darle a la ciudadanía una herramienta integra y cabal se tiene que adicionar apertura plena y tapar los dos orificios”, expuso.

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