'Modus operandi': Así opera la red 'oficial' de despojos de #LosPiratasDeBorge

La estrategia de saqueos en Quintana Roo funciona a través de juicios amañados en Juntas de Conciliación y Arbitraje o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público en procesos exprés.

NOTA DEL EDITOR: Éste es una versión del reportaje #LosPiratasDeBorge: El saqueo de bienes, institucionalizado en Quintana Roo, que publicó este miércoles Expansión en alianza con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Aquí puedes leer el texto completo.

Por: MARIEL IBARRA Y SILBER MEZA

CANCÚN (Expansión / Mexicanos contra la corrupción y la impunidad) - Empresas y particulares en Quintana Roo han sido despojados de sus bienes a través de una maquinaria institucional que es operada por una red que involucra a funcionarios públicos de la administración del gobernador Roberto Borge.

Esta red maneja un sistema masivo de fraudes para apropiarse o vender a la mitad de su valor casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos. El esquema también opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias.

Esto le sucedió en marzo y mayo de este año a las empresas Pochteca y Planigrupo, hoy registradas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y a varias compañías locales y a multinacionales entrevistadas, que no permitieron citar su nombre en esta investigación por temor a represalias.

Los denunciantes señalan que la estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o a través de compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y al menos una notaria pública mediante juicios civiles exprés.

Los protagonistas de éstos son el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local, a propuesta directa del mandatario estatal.

La designación quedó aprobada junto con el llamado “paquete de impunidad” para el gobernador priista. Tras la derrota electoral de la alianza PRI-PVEM en el estado, el Congreso local controlado por Borge eligió a puerta cerrada y en un hotel de Cancún, a Javier Félix Zetina González primo del exgobernador Félix González Canto, padre político de Borge como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado.

A final de cuentas, varios de los compradores de esos inmuebles en disputa son funcionarios municipales y políticos del PRI y Partido Verde, que se vieron beneficiados en transacciones a menor precio que lo que se establecía en su momento.

Ante los hechos, representantes del empresariado local buscaron a Borge a través de su secretario de Gobierno. La respuesta fue crear una mesa de diálogo en diciembre de 2015... con parte de los involucrados en la operación de esta red: el entonces secretario del trabajo, Patricio de la Peña, y el subsecretario Enrique de la Cruz Pineda.

En manos de priistas y de verdes

El penthouse 18 de Maioris hoy es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, cuarta regidora por el Partido Verde en el Municipio de Benito Juárez (Cancún), quien el 2 de octubre de 2015 lo compró en 7.5 millones de pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Aunque se escucha costoso, el inmueble de lujo tenía una valuación de 10.4 millones de pesos.

Este sistema de supuesta venta, en donde los hoy dueños son en realidad compradores de aquellos a quienes Maioris asegura que nunca les vendió departamentos, se replicó con 18 condominios más que la inmobiliaria tampoco reconoce haber vendido, y por lo cuáles dicen haber perdido al menos 10 millones de dólares.

Entre los dueños de estos inmuebles se encuentran funcionarios públicos y personajes ligados a políticos como la actual directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien también fue procurador de Nuevo León en el gobierno del priista Rodrigo Medina.

Según escrituras obtenidas para el reportaje, también aparecen como dueños Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en el restaurante “Casona La Yucateca”, ubicado en Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

Contactado vía telefónica, Rejón y Ruiz de Velasco asegura que él encontró un departamento a buen precio a través de internet, que desconocía que hubiera problemas legales, que pagó con cheque por el mismo, y negó formar parte de una red de despojos. Reconoció que le dieron un menor precio, pero dijo que eso se debió a que “el vendedor quería deshacerse del inmueble porque se estaba divorciando” y que tenía adeudos de mantenimiento.

El abogado de Maioris, Francisco Siman, responsabiliza al gobierno estatal de Roberto Borge.

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“Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de supervisar este notario”, sostiene.

Además del modelo de despojo vía notario público, a Maioris también le han quitado 4 departamentos por medio de demandas laborales siguiendo el modus operandi de Pochteca, Planigrupo y Lagoon Lofts.

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