Cuentas públicas de exgobernadores de Nuevo León, a Auditoria Superior estatal

La bancada del PRI perfiló el rechazo de las cuentas públicas de ambos exgobernadores.
Revisión de cuentas  Los legisladores analizan si hubo irregularidades.  (Foto: Foto: Félix Córdoba)
Por: FÉLIX CÓRDOVA
NUEVO LEÓN, MONTERREY (Expansión) -

La bancada del PRI en el Congreso de Nuevo León enfatizó que se perfila el rechazo de algunas cuentas públicas de los exgobernadores Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz, ambos del partido tricolor.

El coordinador del PRI, Marco González, explicó en conferencia que una vez rechazadas, las cuentas públicas pasarán a la Auditoría Superior del Estado para que se proceda penal o administrativamente en contra de los exmandatarios de Nuevo León, en caso de confirmar que existan irregularidades.

"Ahora que ya rechacemos estas cuentas públicas, (hay que) ver que la Auditoría Superior ya haga su papel y comience a ver si hay un proceso penal de por medio, o simplemente se queda como un proceso administrativo", dijo González.

Junto a González, en la rueda de prensa estuvo el presidente de la Comisión de Hacienda, Eugenio Montiel, también del PRI.

Montiel dio inicio para que los legisladores que integran la Comisión analicen las cuentas públicas de los exgobernadores.

Resolución sobre el amparo a Medina, hasta septiembre

Javier Flores, abogado de Medina, comentó que la resolución definitiva del amparo solicitado por el exgobernador para evitar cualquier orden de aprensión en su contra se resolverá dentro de 15 días.

"Vamos a esperar a que nos notifiquen, no me dijeron nada, sería en 15 días (la resolución)", dijo Flores.

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La semana pasada, un Tribunal Colegiado emitió una suspensión provisional contra cualquier intento de aprehensión en contra del exgobernador, a quien también le ordenaron no salir del país como medida cautelar.

Medina es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos actos de corrupción al haber otorgado a la empresa coreana KIA incentivos superiores a los de la ley, por 3,683 millones de pesos.

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