10 voces opinan sobre 10 años de 'guerra' contra el narcotráfico

Nota del editor: Una versión de este especial aparece en la edición de la revista 'Expansión' que comenzó a circular el 1 de diciembre.

“Sí ha habido transformaciones importantes; las más notorias son las que han sucedido en el submundo criminal. Hace 10 años, el submundo criminal estaba dominado por seis o siete grandes grupos, hoy está mucho más polarizado, diversificado el entorno y más fragmentado. Eso es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque los grupos emergentes no representan el mismo nivel de amenaza a la seguridad nacional, no tienen las capacidades financieras, logísticas, militares, políticas, para capturar tramos completos del Estado nacional, pero son una amenaza muy seria para la seguridad ciudadana en buena parte del territorio.

"Grosso modo, ya regresamos a los niveles de violencia donde estábamos en 2010 y nos aproximamos a donde estábamos en 2011. Este año vamos a cerrar con aproximadamente 25,000 homicidios.

"En general (el resultado en 10 años) es un poco decepcionante. La crisis no generó el sentido de urgencia necesario para una transformación profunda del marco institucional en materia de seguridad y justicia. Repetimos las mismas discusiones casi todos los años.

"Tienes casos como Tamaulipas que lleva básicamente 10 años con operativo federal, y cuyas instituciones no han mejorado mayormente. Porque el problema no es el operativo. El operativo fue pensado como subsidiario y temporal y acabó siendo sustitutivo y permanente. Los operativos federales generaron un incentivo político perverso: en la medida en que sale al rescate el gobierno federal los gobiernos estatales y municipales no tienen los incentivos suficientes para hacer su parte.

"Una de las lecciones aprendidas en estos 10 años es que las reformas a la seguridad pasan necesariamente por una reforma más amplia a las instituciones políticas. El mayor déficit del sistema es de rendición de cuentas, no pasa nada si la gente no hace su trabajo o si se colude incluso con los delincuentes.

"Tenemos que ir transformando esa realidad, y eso tiene que ver más con cambios de orden político. Tenemos que empatar la agenda de seguridad y justicia en una agenda más amplia de transformación política y anticorrupción. Tenemos que empezar a cambiar la lógica entre órdenes de gobierno, ser mucho más precisos en la definición de responsabilidades.

"Con la Policía, el problema no es quién tiene el mando, sino donde radica la responsabilidad. Puede haber un cuerpo nacional de Policía, donde sean los mismos policías en todo el país pero el mando esté situado en un estado o municipio".

“Cuando hablo de narcotráfico, hablo de un negocio muy especializado donde los mejores son los que mueven un producto de un punto a otro. Si hablamos de crimen, hablamos de otro negocio, de otra enfermedad. El narcotraficante no controla territorio, y en muchos casos no necesita utilizar la violencia para llevar a cabo su negocio. El crimen organizado territorial, que se da en México o en muchísimos otros países de Centroamérica o de Europa, al contrario basa su fortaleza sobre el control del territorio y el ejercicio de la violencia.

"En este sentido, descabezar a los cárteles del narcotráfico ha acelerado un proceso de generación de violencia a nivel de territorio. El secuestro o la extorsión ya existían, pero eran mucho menos aparentes y mucho menos violentos.

"Lo que ha faltado por órdenes de prioridades ha sido tener un verdadero enfoque de prevención, un análisis de los mercados criminales y no solamente el mercado de la droga, y a la prevención de la explosión de esos mercados a través de formas violentas.

"Esto dentro de un contexto donde la postura necesaria de las instituciones ha tenido que ser reactiva, no preventiva. Si tienes un incendio, no puedes hablar de prevenirlo, tienes que apagarlo, no pensar en invertir en la prevención; te genera una situación en que tienes que tener una postura reactiva. Desafortunadamente, se han perdido o en algunos casos todavía se están perdiendo oportunidades para hacer un trabajo preventivo a nivel de seguridad y de justicia. La prevención requiere tiempos más largos, inversiones más consistentes, pero es la única manera para salir de un círculo vicioso reactivo y generar un círculo virtuoso preventivo de seguridad ciudadana.

"¿Qué hace falta? Primero, enfocarse en la reducción de la violencia y en sus causas estructurales; segundo, mejorar todo lo relacionado con la administración de la justicia, porque no hay seguridad que no pase a través del consolidación del Estado de derecho y los tribunales; tercero, invertir en la prevención dentro prisiones, ofreciendo tratamiento a quien hoy en día está en la cárcel y que tarde o temprano saldrá y no tendrá otra opción sino seguir delinquiendo. Es allá donde hay que romper esta dinámica autodestructiva”.

“El balance, desafortunadamente, no es favorable ni positivo. Lo que hemos visto en 10 años es un deterioro muy severo en las condiciones de seguridad y en el respeto de derechos para todos los ciudadanos y desde luego que uno de los más importantes es el de la seguridad.

"Lo que podemos destacar es que la estrategia que se ha utilizado —si es que ha habido— no ha cumplido con su cometido. El no reconocer errores, el no rectificar estas políticas ha ido permitiendo que esta situación continúe escalando y, desafortunadamente, hoy estamos en los mismos niveles de violencia de los peores años del gobierno de Calderón.

"Falta transformar las prácticas en las instituciones y el apoyo que exista para las policías, para que puedan desempeñarse adecuadamente. Sabemos que hay mucha penetración del crimen en estos cuerpos, y eso tiene que ver con que no se han transformado esas instituciones.

"Se confió mucho en la evaluación de confianza, pero los policías simplemente se sienten con una mucha mayor presión para cumplir con su trabajo y no con todo el apoyo que se necesita para que puedan hacerlo de forma adecuada. Se habla de unificar y si es mejor una policía que muchas policías; opino que no importa si son muchas o son pocas, lo que se necesita es que sean buenas, y eso es lo que no se ha hecho, no se ha trabajado por transformar a esas instituciones de policía desde dentro”.

"Este gobierno apostó en un inicio a que simplemente si cambiaba el discurso, que vaya si era importante cambiarlo —estábamos agotados de que Calderón únicamente hablara de seguridad, y lo último que logró fue dar seguridad claro que este gobierno hizo bien cuando comenzó en cambiar el discurso, pero nunca se preocupó en cambiar las políticas a fondo. Apostaron a que ‘si no hablamos del tema, la violencia va a desaparecer’, pues ya vimos que para nada.

"Se apostó a que desapareciendo la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se dilapidaron recursos increíblemente grandes que nunca se habían utilizado para esto, y cuál es el resultado de esa inversión, se echó a la basura, qué pasó con la Plataforma México, nos prometieron una Policía Federal… y luego dijeron ‘no, va pa’ atrás’. Desaparecer la Secretaría de Seguridad, tirar a la basura todo eso… en vez de analizar por qué no había resultados y sí se necesitaba.

"La reforma penal es una ley que favorece, es mucho más respetuosa de derechos, es un avance, pero todavía mucho más en el papel que en la realidad. A fin de cuentas, quien aplica esas leyes son las propias instituciones e incluso las personas que las integran, y es ahí donde se tienen que dar los cambios que no se han dado".

“Es un balance difícil de hacer. El Estado ha estado obligado a responder ante una problemática de inseguridad, de violencia y mayor potencia de los grupos criminales para poder generar un daño a los ciudadanos y al Estado en su conjunto. El Estado no tenía otra opción más que combatir la criminalidad.

"Creo que han faltado muchas cosas, el saldo es un saldo doloroso, hay demasiadas víctimas, y sin tener un mínimo acceso a la justicia.

"Hay algunos lugares donde los operativos han tenido resultados importantes, los casos de Nuevo León y Baja California, pero hay otros estados donde esto no ha sucedido: Veracruz, Guerrero y Tamaulipas siguen sin generar los resultados esperados.

"Una vez que se hacen los operativos, nada garantiza que los resultados se mantengan. Uno de los ejemplos claros es la situación precisamente de Baja California, Chihuahua y Nuevo León, entidades donde el gobierno federal entró, hizo operativos contundentes, y una vez que se replegó, salió y dejó espacio para que la autoridad local empezase a responder, aquí no vemos una respuesta suficientemente efectiva de parte de la institución local.

"Tenemos esfuerzo federal con toda su contundencia trabajando y no logramos construir ese segundo piso que es donde debería estar el trabajo de la autoridad local, porque finalmente la violencia local es la que agrede al ciudadano, pone en jaque las condiciones y lleva al crecimiento de los grupos criminales, en la medida en que éstos encuentran espacios donde hay una debilidad del Estado.

"Las lecciones nadie las ha querido aprender. Seguimos haciendo lo mismo y obteniendo, por lo tanto, los mismos resultados”.

“Tenemos un grave problema en el sistema judicial: ministerios púbicos, jueces, magistrados y ministros. Lamentablemente, en estos 10 años de tantísimos delitos y problemas, se nos ha mezclado una serie de conceptos como son los derechos humanos, el debido proceso y toda una serie de situaciones muy modernas y buenas, pero que se han extrapolado y han beneficiado de alguna forma a muchísimos delincuentes, liberándolos —lo que llamamos la puerta giratoria—. En esto, o el Ministerio Público no prepara bien la judicialización, o el juez estima que no es un delincuente, por falta al debido proceso o por el propio miedo que tiene todo mundo a los narcotraficantes. Muchísimos jueces a nivel nacional interpretan las leyes como quieren o de formas a veces hasta mañosas para poder liberar delincuentes.

"Una de las cosas que nos desespera mucho a los activistas es la ineficacia de las burocracias. Es muy difícil hacer que la burocracia nacional tenga sentido de urgencia.

"Se necesita que el país esté completamente consciente de que tenemos que ser firmes en las decisiones de combatir la delincuencia y no ser blandengues con las mafias ni con quienes laceran, perjudican y destruyen la propiedad ajena, ni tan siquiera en casos de protestas. Si no tenemos firmeza, no vamos a lograr muchos avances en el país.

"En estos 10 años, podemos ver que tenemos una ciudadanía completamente diferente que cuando yo empecé de activista, no sé si por hastío o por las razones que sean, los ciudadanos ya no somos los mismos a los que se puede dorar la píldora y creemos a pie juntillas lo que se nos dice. Ahora cuestionamos, confrontamos, pero hay un pequeño matiz que es importante: ahora proponemos y estamos dispuestos a colaborar. El despertar de la ciudadanía ha sido enorme.

"El ‘si no pueden, renuncien’ está en la mente de todos los mexicanos. Fue un llamado y un sacudir al Estado mexicano, y creo que sirvió de mucho porque —si bien es cierto que lo hice en un discurso donde yo estaba verdaderamente sensible— creo que se apuntaron todos los temas por los que hoy se sigue luchando, pero también fue un llamado a la ciudadanía a despertar. Yo sí siento que, a partir de eso, la ciudadanía ha mejorado muchísimo. Es impresionante el número de asociaciones que en estos ocho años se han venido generando, y se han venido generando porque las cosas han ido empeorando. Tenemos un sentido de urgencia y emergencia por todos los problemas de seguridad, el Estado de Derecho, que cada día estamos poniendo como primer lugar en la agenda de Estado la seguridad y la justicia, porque las dos van atadas de mano; no puede haber un equipo de seguridad fuerte, aprehendiendo delincuentes, si la justicia sigue igual de laxa, tardía y a veces corrupta".

“En términos generales, se debería replantear el esquema punitivo con el que se fijó la guerra contra las drogas. El cambio que representó la sustitución del gobierno de Enrique Peña Nieto por el de Felipe Calderón no afectó el fondo de la visión de la estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Haber eliminado, encarcelado o enviado a Estados Unidos a los líderes de organizaciones no ha sido una solución de fondo, cuando no se ha acompañado de la desarticulación de las redes de complicidad que tienen este tipo de organizaciones criminales con los gobiernos.

"Se requiere una aplicación estricta de la ley. La limpieza institucional que se llevó a cabo en el sexenio pasado como el Michoacanazo o en la PGR no fueron de fondo. No tenemos una estructura institucional sólida, con un apego irrestricto a los procedimientos y a la ley. En este país, hay que decirlo y reconocerlo, la aplicación de la ley se negocia. Las redes de corrupción son una verdad de Perogrullo, el crimen organizado no existe si no es con las redes de complicidad con el Estado. Tenemos una debilidad institucional que el Estado no reconoce y que no está dispuesto, hasta ahora, a atacarla. No sólo la Procuraduría, estamos hablando también de los institutos armados y las policías tanto federal como estatales.

"Desde hace más de 10 años nos han dicho que las fuerzas armadas están en las calles mientras se generan las nuevas capacidades de las fuerzas policiales, pero han cambiado el modelo policial a nivel nacional y estatal cuando menos en tres ocasiones en los últimos 15 años. Ahí tenemos un círculo vicioso.

"Ayudaría muchísimo cambiar los esquemas de fortalecimiento y supervisión externa de estas políticas de aplicación de recursos y ejecución de las directrices de las políticas de seguridad a nivel federal y local con la intervención de congresos. Es parte de hacer funcionar un esquema de pesos y contrapesos. Quien haga mal las cosas que pague las consecuencias”.

“En estos 10 años, salvo la construcción de la Policía Federal que fue casi de cero —hay que reconocer ese esfuerzo y también que le metimos muchísimos millones de pesos y que si otras instancias de la justicia en México están endebles es porque se le dio una preferencia presupuestal evidente—, tenemos esa corporación, pero nada más.

"En cuanto a las corporaciones locales, en esta administración se compara la reforma policial con mando único, y ni siquiera se ha podido sacar. Pero realmente no le hemos entrado a fondo, y la verdad es que no tenemos ni recursos con qué para realmente plantear una reforma policial como la que queremos. Porque queremos buenos mecanismos de reclutamiento, carrera policial, entrenamiento, controles internos y externos, y todo eso cuesta. Y no veo a ningún gobernador invirtiendo lo que sea necesario en esto, salvo casos excepcionales.

"Cada sexenio queremos inventar el agua caliente. En la administración pasada, se equiparaba la reforma policial con certificación. En esta administración, se compara la reforma policial con mando único, y ni siquiera se ha podido sacar; se está proponiendo un esquema mixto muy complicado. La verdad es que no tenemos ni recursos para realmente plantear una reforma policial con buenos mecanismos de reclutamiento, carrera policial, entrenamiento, controles internos y externos de Policía; todo eso cuesta, y no veo a ningún gobernador invirtiendo, salvo casos excepcionales.

"La violencia letal está incrementándose otra vez en el país, los estados y ciudades que se habían pacificado relativamente, está repuntando la violencia. No sabemos con certeza qué nos depara en los siguientes meses pero el balance general es que quizá desarticulamos bandas muy poderosas que estaban retando al Estado, pero no resolvimos el problema de violencia y de seguridad que afecta a los ciudadanos.

"Y es importante aclarar que no todo México está en llamas, y que por esos mismo —por ser zonas específicas con problemáticas— me sorprende que el Estado mexicano no haya tenido la capacidad de resolver la violencia.

"Hay una continuidad pasmosa entre la pasada administración y ésta. En esta administración el volumen de los temas de seguridad se bajó, casi se le puso mute, y coincidió con una tendencia descendente en homicidio doloso, pero queda la duda por cómo se manejan los datos de incidencia delictiva".

“Esta política de prohibición es una tragedia, es totalmente regresiva, no solamente no ha solucionado los problemas que en teoría estaba diseñada para abordar sino que ha generado muchísimos más.

"El problema se ha exacerbado porque si la política no funcionaba con un enfrentamiento no frontal y si acaso una desatención por parte de las autoridades y una manifiesta rivalidad por parte de la delincuencia organizada, en 2006 lo que se hizo fue elevar el enfrentamiento para ahora sí hacerlo con lujo de violencia y de uso de armamento de todo tipo de calibres, con el consabido resultado de llegar en cada sexenio a más de 100,000 muertos, 250,000 desplazados, desapariciones forzadas que rondan entre 70 y 80,000 personas, zonas devastadas, estados que no están siendo gobernados por una autoridad constitucional. Hacia donde veas el resultado, ves puro desastre, a donde voltees, te encuentras desolación y una nula eficacia de la política, y un saldo muy rojo porque está ensangrentado el país.

"Si la premisa básica de la prohibición era inhibir la producción y atemperar el consumo, no ha podido hacer ni lo primero ni lo segundo, y tan no es así que la disponibilidad de las drogas está en su máximo histórico. El Estado entregó a la delincuencia organizada un negocio multimillonario que solamente existe por virtud de la prohibición. Existen como relación y consecuencia directa de la prohibición. Es esquizofrénico, el peor de todos los mundos, y gracias a una política pública que lo único que acumula son daños y malas noticias.

"La razón más poderosa para discutir la legalización es que nos estamos despedazando, como país estamos perdiendo integridad, capacidad de gobierno. Estamos metidos en una espiral que no va a contener los daños que está generando ni va a cambiar su trayectoria en la medida en que nosotros no tomemos una decisión al respecto.

"¿Qué hay que hacer? Lo primero es dejarse de tonterías y de pensar que esa es la ruta ideal y que se necesita tiempo para que fructifiquen los esfuerzos, porque no va a suceder. Segundo, buscar las mejores prácticas internacionales, el propio presidente admitió en el seno de la ONU este año que efectivamente la política había dejado mucho que desear en cuanto a resultados y que había que explorar otras alternativas. México no estaría innovando ni rompiendo un orden internacional si decide incursionar en la fase de regulación, como está sucediendo en este instante en Estados Unidos. Los que nos empujaron a esta guerra ya van en una dirección distinta”.

“El balance es negativo, aunque no hubiéramos podido no tener a los militares. El problema de haber metido a los militares es que, por un lado, no tienen un marco jurídico ni un plan de salida, entonces estamos en el peor de los mundos. Sin que ellos tengan el marco jurídico y sin que las policías se hayan profesionalizado lo suficiente como para decir ‘ok, no hay marco jurídico, pero ya se van’. Pues no; no se van a ir porque no se pueden ir. Hay estados donde sería un caos mucho más grande del que tienen si no estuvieran los militares.

"Las reformas sí las hubo, lo que pasa es que no se llevaron a cabo; hay protocolos muy claros de cómo tienen que reclutar policías, cómo tienen que prepararlos, cómo deben ser los controles de confianza, cómo tienen que fiscalizarlos… están los protocolos hechos, firmados por gobernadores, secretarios de Seguridad Pública y procuradores de todos los estados, el problema es que no los cumplen.

"Tendríamos que hacer un marco jurídico para que permanezcan en las calles y al mismo tiempo hacer un esquema de retiro paulatino, pero esto no puede suceder si no tenemos un cronograma muy claro de cómo vamos a preparar a las policías para que los militares puedan salir. Y es muy riesgoso seguir teniéndolos en las calles.

"Estamos discutiendo las cosas al revés. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para que se cumpla la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y después vemos si hacemos un solo mando, muchos o si pasamos las funciones de seguridad pública en una secretaría aparte o en Gobernación; pero eso es después.

También que México legalice el asunto de la marihuana. No podemos seguir pensando que el que no sea legal sea mejor para nosotros. En primer lugar no es mejor porque la ilegalidad te lleva a que la delincuencia sea dueña del mercado, cuando debería ser el Estado. El Estado no tiene ningún control porque, como todo es ilegal, cierra los ojos y no hay control.

“A 10 años de haber lanzado una estrategia de confrontación directa y de mano dura, lo que podemos observar es que la delincuencia y la violencia en este país no han bajado.

"El problema radica en la manera en la que la estrategia se planteó, es decir, pensar que solamente la confrontación directa iba a solucionar el asunto es erróneo.

"Seguimos teniendo inseguridad, violencia, y las violaciones a derechos humanos han aumentado, porque no hemos puesto los derechos humanos como un centro de la estrategia.

"¿Hay una venta de oportunidad? Por supuesto, y es que se empiecen a respetar los derechos humanos y a aplicar los controles, que cuando haya personal encargado de hacer cumplir la ley y haya violaciones, haya una consecuencia, haya un castigo”.