29 estados se quedan atrás en la aprobación de normas contra la corrupción

A tres meses de que venza el plazo para que las entidades avalen las normas que les den sus propios sistemas anticorrupción, sólo Chiapas, Nayarit y Puebla están en condiciones de echarlos a andar.
ONG como el IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex lanzaron un semáforo para medir el avance de los cambios institucionales en este ámbito.
Vigilancia  ONG como el IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex lanzaron un semáforo para medir el avance de los cambios institucionales en este ámbito.  (Foto: Especial )
Ariadna Ortega
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El combate a la corrupción se está quedando atorado en los estados, según lo revela una evaluación encabezada por organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La medición más reciente revela que, a tres meses de que la legislación en la materia deba estar completa en todo el país, sólo tres entidades, Chiapas, Nayarit y Puebla, están en condiciones de echar a andar sus propios sistemas anticorrupción, estructuras que deben seguir los criterios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que entrará en plenas funciones el 18 de julio.

Estos tres estados, de acuerdo con la evaluación, cuentan ya tanto con una reforma constitucional satisfactoriamente apegada a la Constitución federal como con la legislación segundaria correspondiente.

En cambio, 29 entidades tienen diferentes tipos de atrasos, detalla la última entrega del Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción, difundida este 5 de abril.

La primera edición de esta herramienta se dio a conocer a finales de febrero.

Por ejemplo, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco todavía no han iniciado la construcción de sus sistemas locales anticorrupción, para lo que en primer lugar se requiere una reforma a las constituciones estatales.

Jalisco, Morelos y Veracruz, en tanto, tienen reformas constitucionales deficientes, pues no se apegan a lo establecido en la Constitución federal.

Las organizaciones civiles señalaron al respecto que los problemas más comunes tienen que ver con la integración de los comités de participación ciudadana. En el caso de Morelos, por ejemplo, las agrupaciones critican que se haya establecido que sea el Congreso local el ente que defina a sus miembros, y no una comisión conformada por ciudadanos, como ocurre a nivel nacional.

"Es el estado con el riesgo de inconstitucionalidad más alto de todos. El CPC lo elige el Congreso del estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el SNA", indicaron las ONG en un comunicado emitido en febrero.

Leyes secundarias a paso lento

En cuanto a las leyes secundarias de cada entidad, el semáforo advierte que 16 estados aún no tienen una propuesta en la materia.

"Cuando vemos el nivel de desarrollo institucional de las entidades federativas, la velocidad con la que pueden atender estos temas, la capacidad de procesamiento de las reformas, nos damos cuenta por qué no tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción (...) Lo que estamos viendo es la debilidad institucional en nuestros estados", dijo en febrero Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

El semáforo busca evaluar el avance de cada entidad, con base en la ley modelo que estas mismas agrupaciones propusieron en diciembre. A partir de ello, se examinan 10 criterios para medir una reforma constitucional y 30 para una legislación local. Entre estos puntos se observa de qué manera se plantea integrar los comités de participación ciudadana y si se incorporan o no nuevos regímenes de responsabilidades adminsitrativas para los servidores públicos.

"Es imprescindible que los estados adapten sus propias constituciones, porque estamos en un sistema federal, para establecer las facultades, las funciones y las estructuras a nivel local", dijo en febrero el director de Anticorrupción del IMCO, Max Kaiser.

Lee: La SFP lanza medidas anticorrupción en contratos públicos


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