R3D ubica casi 100 intentos de ciberespionaje con Pegasus
Entre enero de 2015 y julio de 2016 se han registrado 88 ataques con el spyware Pegasus en contra de periodistas y activistas en México, señala la red de Defensa de lo Derechos Digitales (R3D).
Este lunes, un reportaje de The New York Times, señala que periodistas como Carmen Arisetegui y Carlos Loret de Mola , así como el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, y abogados de los estudiantes de Ayotzinapa han sido afectados por los intentos de espionaje con este software.
La red R3D indicó a través de un comunicado que los ataques se han extendido a otros grupos como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria que promovían mayores impuestos a los refrescos y bebidas azucaradas.
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El malware de vigilancia sólo puede ser vendido a gobiernos y para infectar a un smartphone el dueño del dispositivo solo debía permitir el acceso vía mail, mensajes o link.
R3D aseguró que periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola y organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción han recibido intentos de infección, en el último caso los textos se recibieron tras la publicación del reportaje sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte.
En los últimos años, se reunió evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.
Bajo las leyes mexicanas, un juez es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando hay un caso bien fundamentado. El New York Times dijo que es poco probable que el gobierno haya recibido autorización para hackear los teléfonos de activistas y periodistas.
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Una fuente oficial que no fue identificada por el diario admitió que el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia para combatir el crimen, pero rechazó que se espíe las “comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.