"En México, el mensaje es que si matas a un periodista no va a pasar nada"
Indagatorias que avanzan con lentitud, resistencia por parte de las autoridades a seguir líneas de investigación que relacionen un crimen con la profesión de la víctima e impunidad son los elementos comunes en los asesinatos de periodistas en México, coincidieron comunicadores de tres diferentes estados del país.
En una conferencia convocada este miércoles por el Wilson Center y The Washington Office on Latin America (WOLA), Adela Navarro, directora del semanario Zeta; Ismael Bojórquez, cofundador de Ríodoce, y Norma Trujillo, reportera veracruzana, hablaron del tema en el contexto de crímenes recientes y de la demanda del gremio periodístico mexicano para que las autoridades garanticen condiciones de seguridad para realizar su trabajo.
"La línea es el combate a la impunidad, mientras no se castigue a quien jala el gatillo, no va a haber mecanismos que funcionen", dijo Bojórquez, quien fue compañero del reportero sinaloense Javier Valdez Cárdenas, cuyo asesinato el pasado 15 de mayo ha provocado una serie de reclamos hacia el gobierno de México.
"No hay avances (en las investigaciones) o por lo menos no los conoces. Las autoridades se están enconchando, encriptándose, y no sabemos el día de mañana qué es lo que van a decir", señaló el comunicador sinaloense.
nullAdemás de Valdez Cárdenas —cuyo trabajo se especializaba en narcotráfico y otros temas relacionados—, siete periodistas más han sido asesinados en el país a lo largo del año. El caso más reciente es el de Salvador Adame, quien fue privado de la libertad en Michoacán en mayo pasado y fue encontrado muerto esta semana.
En la conferencia, Navarro, Bojórquez y Trujillo advirtieron que estas situaciones son prueba de la vulnerabilidad en la que trabaja el gremio. De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, sólo en 2016 se registraron 426 ataques contra la prensa y 11 homicidios dolosos.
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Periodistas bajo dos fuegos
En su intervención, Navarro aseguró que los periodistas mexicanos suelen trabajar en medio de dos fuegos: por un lado, la amenaza del crimen organizado; por otro, autoridades que los quieren difamar o condicionar, o que amedrentan medios dejando de comprar espacios publicitarios, lo que vulnera el ejercicio periodístico.
"No tenemos protección. Hay impunidad. No hay Estado de derecho. Ese es el contexto en el que nos estamos desarrollando en este momento", señaló, al comentar que en su medio hay por lo menos tres casos que permanecen impunes, entre ellos el de Francisco Javier Ortiz Franco, asesinado en 2004.
"Vivimos en un país en donde si matas a un periodista no te van a meter a la cárcel, y ese es el mensaje que se da, que si matas a un periodista no te van a meter a la cárcel y por eso lo puedes matar", dijo Navarro.
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Informes de organizaciones nacionales e internacionales ubican a Veracruz como uno de los estados más peligrosos para ejercer la profesión, y en eso coincide Norma Trujillo, reportera del diario La Jornada, quien dijo que la violencia que azota la entidad ha golpeado también a los periodistas, tanto en el nivel de las agresiones físicas como en el de la precariedad económica y la falta de apoyo institucional.
Trujillo recordó el asesinato de la corresponsal Regina Martínez, en 2012 , cuando organizaciones civiles apoyaron a familiares y compañeros, pero el gobierno del estado —entonces en manos de Javier Duarte, actualmente detenido en Guatemala y en espera de ser extraditado a México por acusaciones de corrupción— fue omiso. Incluso, señaló, las autoridades entonces se negaron a vincular el crimen con el trabajo que realizaba Martínez.
Para la reportera, estas condiciones prevalecen hoy, aun después del cambio de partido en el Poder Ejecutivo estatal, ya encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares.
"Las prácticas contra los periodistas están siendo iguales. La situación de violencia continúa igual (...) Las comisiones estatales no funcionan no sirven", dijo.
Ante la situación, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha prometido acciones para acabar con la violencia hacia los comunicadores, mientras éstos han empezado a organizarse para trabajar en una agenda que les permita protegerse.
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