Legisladores piden que una comisión de la ONU siga presunto caso de espionaje

Un grupo de 14 diputados y senadores del PAN, del PRD y del bloque PT-Morena pidió este miércoles que una comisión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acompañe y dé asistencia técnica a la Procuraduría General de la República (PGR), en las investigaciones que la dependencia realice por el presunto espionaje llevado a cabo en contra de académicos, activistas y periodistas mexicanos.

La petición fue presentada a la Comisión Permanente del Congreso y plantea que éste exhorte al gobierno federal a que solicite al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos designar a este grupo de especialistas. De acuerdo con el documento, esto constituiría un paso firme para garantizar que las indagatorias sean serias, eficaces e imparciales.

Entre los firmantes de la propuesta están los senadores panistas Fernando Herrera y Laura Rojas, las senadoras perredistas Dolores Padierna y Angélica de la Peña, y el diputado morenista Vidal Llerenas, quienes enfatizan que esta acción debe ser adicional a otras medidas ya adoptadas por la PGR. El pasado 26 de junio, la dependencia anunció que solicitó asistencia jurídica a distintas instituciones y corporaciones extranjeras, entre ellas el FBI .

A la par, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado pidieron que se informe de manera clara los montos destinados para adquirir tecnología intrusiva, qué gobiernos la tienen en su poder y el uso que se le está dando, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el país tiene este tipo de equipo .

"Lo que no es público, y no es justo es que se nos pida a nosotros que lo probemos, es la información sobre los contratos y procesos de contratación que tiene y están en poder del gobierno, si existe esa disposición de palabra yo esperaría que también sea de acción y que hoy mismo, o mañana o lo más pronto posible, sean públicos de manera proactiva por parte del gobierno los contratos y la información que revele qué agencias del gobierno han adquirido licencias de infección con el malware Pegasus, eso sería un inicio de la investigación", dijo Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en una reunión con los senadores este miércoles.

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Ambas peticiones se dan a más de una semana de que el diario The New York Times publicó que el gobierno mexicano gastó aproximadamente 80 millones de dólares en dispositivos de espionaje de la empresa israelí NSO Group para espiar a cuando menos 15 personas, entre ellas los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret.

Las autoridades rechazaron las acusaciones y anunciaron que se investigará el caso para deslindar responsabilidades. En tanto, para legisladores y afectados es primordial que se realice una investigación exhaustiva e imparcial.

"Exigimos al gobierno de la República que otrogue la responsabilidad y seriedad a este caso acorde al crimen cometido, exigimos que la investigación termine con responsables implicados y estos responsables terminen con sanciones ejemplares", dijo Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO) y una de las afectadas.

El costo del espionaje

La exigencia de los legisladores es también para que se transparenten el gasto en tecnología de espionaje y otros detalles de estas adquisiciones.

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"Estamos solicitando información, no sólo fue el gobierno federal el que adquirió este tipo de software. Queremos saber qué gobiernos estatales adquirieron este software o algún tipo de tecnología similar para intervenir comunicaciones de ciudadanos", dijo la senadora panista Mariana Gómez del Campo.

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Zoé Robledo, del bloque PT-Morena, afirmó que debe investigarse la posibilidad de que el gobierno haya usado recursos públicos para espiar a particulares sin autorización judicial.

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De acuerdo con el legislador, si se estima un costo de 77,000 dólares por cada intento de infección, en los intentos registrados hasta ahora se gastaron más de 16 millones de pesos, lo que equivale a 90% del presupuesto asignado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

"Es decir, el gobierno podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas que en protegerlos", dijo Robledo.