La Cámara de Diputados, al borde de la crisis por la elección del fiscal general
La elección de los integrantes de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se mantenía en suspenso este lunes, un día antes del límite legal para que se realice la definición de este órgano legislativo. De persistir la situación —advierten analistas—, San Lázaro carecería de condiciones políticas y legales para sesionar y discutir los temas que tiene pendientes, es decir, quedaría prácticamente inmovilizado.
El impasse comenzó el viernes cuando en la sesión de Congreso General, que marca el inicio de periodo ordinario de sesiones, los legisladores de oposición condicionaron la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el siguiente año de esta Legislatura a que el PRI, partido en el gobierno y primera fuerza en el Congreso, desista de su intención de que el actual procurador, Raúl Cervantes, se convierta en el primer fiscal general de la República.
Lo anterior obligó a que la actual Mesa Directiva de momento permanezca en funciones, un escenario que contempla la Ley Orgánica del Congreso.
Esta norma establece que si la Cámara de Diputados no llega a un acuerdo sobre la integración de su Mesa Directiva para el 1 de septiembre, la que esté al mando continúe hasta el 5 de septiembre, con el fin de que se logren los consensos necesarios. Sin embargo, no prevé la posibilidad de que los desacuerdos persistan.
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La primera consecuencia de que San Lázaro siga sin nueva Mesa Directiva sería que la situación metería freno a las sesiones del pleno, explicó a Expansión el especialista en temas legislativos Fernando Dworak.
"No sólo no puede cumplir sus funciones legislativas, sino que además se detienen temas como la propia presentación del Paquete Económico, que va a ser el viernes (8 de septiembre, fecha límite marcada por la ley), incluso, creo que es lo más grave", indicó.
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En este contexto, Dworak advirtió que los diputados que quieran concretar la elección de la Mesa Directiva necesitan hacer alianzas entre varias fuerzas políticas para tratar de lograr la mayoría calificada que exige la legislación actual, aunque —según declaraciones emitidas en días pasados— los legisladores dejan ver que esta posibilidad es lejana.
Los priistas y sus aliados suman 266 de los 500 asientos de la Cámara baja, lejos de las dos terceras partes que requiere la mayoría calificada.
Choque de argumentos
Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados del PRD, aseguró este domingo —según un reporte de la agencia Notimex— que su partido, el PAN y Movimiento Ciudadano tienen un acuerdo para impedir el avance de la elección de la Mesa Directiva, pues la definición sobre quién será el fiscal general es un tema de interés nacional "en el que coincidimos con centenares de organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, que tienen la misma exigencia".
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Este lunes, los líderes parlamentarios de esas tres fuerzas —el perredista Francisco Martínez Neri, el panista Marko Cortés y el emecista Clemente Castañeda— advirtieron que mantendrán su posición y exigieron que intervenga el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para convocar a un diálogo a las fuerzas políticas.
"Nosotros queremos renovar la presidencia de la Mesa Directiva, pero también queremos que se corrija el transitorio que permite el pase automático de un fiscal a modo, por eso estamos solicitando está reunión con el secretario de Gobernación para negociar", dijo Cortés durante una rueda de prensa conjunta.
En tanto, Martínez Neri afirmó que la posición que están tomando es responsable, pues no se puede permitir que una persona sin independencia llegue a la futura Fiscalía General. Al respecto, la oposición argumenta que Cervantes no es la persona idónea para el cargo por su militancia priista y su cercanía con el grupo político del presidente Enrique Peña Nieto.
"¿Por qué hemos dicho que este sería un fiscal a modo? Porque ha sido diputado por el PRI, ha sido senador por el PRI y gracias al PRI es procurador de la República", dijo el coordinador perredista.
Su par del PRI, César Camacho, descalificó la propuesta de llamar al secretario de Gobernación y acusó a la oposición de "secuestrar" a la Cámara baja.
"(Vivimos) una crisis constitucional que, paradójicamente, está siendo provocada por quienes, de legisladores, pretenden erigirse en secuestradores de una de las cámaras del Congreso de la Unión, que es uno de los poderes del Estado. En consecuencia, en lugar de estar pidiendo que se convoque a un diálogo extramuros, al presidente de la Junta de Coordinación Política, que lo sigue siendo, el diputado Martínez Neri, le correspondería convocar ya a la Junta de Coordinación Política, que es el espacio por excelencia para discutir y, eventualmente, acordar asuntos atinentes a la Cámara de Diputados", dijo Camacho a reporteros.
