Por qué no hacer negocios en México

El exceso de trámites, impuestos y regulaciones colocan a México en el lugar 44 para el comerci un emprendedor dejó el país para tener una vida sencilla y los inversionistas hacen lo mismo.
La tramitología ahuyenta las inversiones. (Especial)
Alberto Bello

El defeño Eduardo Márquez creció en la Central de Abasto de la Ciudad de México, donde sus padres tenían un negocio. En 1988, a los 18 años, él ya era dueño de tres empresas: una productora de video, una inmobiliaria y una agrícola orientada a la exportación, pero el año pasado, harto de las dificultades de hacer negocios en México, las vendió y con el dinero que obtuvo compró un viñedo en Priorat, región catalana cuyos vinos empiezan a cotizarse entre conocedores, y se fue a vivir a España, junto con su esposa Eli y sus dos hijos. “Pensé  que con mi experiencia iba a ser fácil exportar a mi país”, comenta.

No fue así. En septiembre, Márquez tuvo que regresar a México porque un contenedor con 60,000 euros (850,000 pesos) en vinos llevaba ocho meses detenido en la aduana. Le habían dado de baja en los padrones de importadores de bebidas alcohólicas, de elaboradores de bebidas alcohólicas y de importadores de vinos de mesa, supo después. La razón: un retraso de días en uno de los cinco impuestos que debía pagar. Tuvo que solicitar de nuevo su alta al padrón, lo que implicó perder otro mes, y retomar la tramitación del marbete, el sello de Hacienda. Después, resultó que al escriturar su empresa el notario no le había advertido de que su padre no podía ser comisario de la firma, por razones de consanguineidad. Hubo que reescriturar la compañía. Y luego detectaron un error tipográfico en el código postal. “Es una tramitología absurda, importar vinos parece más difícil que importar pseudoefedrina”, comenta Márquez, de 37 años.

Márquez no es el único. La tramitología, el exceso de papeleo para el pago de impuestos, la lentitud con la que se libera una exportación o importación, la dificultad para que un contrato se haga efectivo y una ley laboral anticuada, mantienen a México en el lugar 44 del mundo para hacer negocios, según el informe Doing Business del Banco Mundial. Un puesto por debajo del año pasado. Hacer negocios en México es más difícil que en países asiáticos como Singapur (número uno), Malasia (24), Corea (30), y europeos como España (30) o Eslovaquia (32), e, incluso, Chile (33) aunque por encima de Argentina y Brasil.

Después de las grandes reformas de los años 90, México no se ha movido mucho en los listados de competitividad globales ante el surgimiento de nuevas potencias en Asia y la incorporación de los países del este de Europa a la Unión Europea. Aunque tiene un lugar importante dentro de Latinoamérica, son muchos los retos que le quedan para ocupar los primeros lugares en la promoción de negocios.

“México se quedó atrás porque otros países avanzaron mucho”, comenta Silvia Solf, coautora del reporte Doing Business y encargada del Banco Mundial para el desarrollo del sector privado. “Quizá porque 2006 fue un año electoral, y después de la reforma de la Ley del Mercado de Valores, con la que México avanzó mucho, uno se quedó tranquilo”.

Este ranking, creado en 2002, toma variables objetivas, como el número de trámites que requiere una licencia o el tiempo que implica cumplir las obligaciones fiscales, y las compara entre países. No aborda, por ahora, temas como infraestructura o inseguridad.

México está por debajo del lugar 100 a escala mundial en rubros como el pago de impuestos (lugar 135) y la contratación de trabajadores (134 del mundo), y se mantiene por debajo del sitio 50 en el costo que implica el cumplimiento de un contrato (lugar 83), el registro de la propiedad (lugar 71), o el costo de arrancar un negocio (lugar 75). El informe, que se elabora a partir del análisis de las leyes y regulaciones de los 178 países participantes, no incluye la reforma fiscal aprobada en septiembre, y se basa en información del Distrito Federal.

Los autores del estudio encontraron una correlación entre la regulación empresarial y la economía de los países. “Si tomamos un país clasificado en el cuartil más bajo, Burkina Fasso, y adopta la regulación de Dinamarca, eso se relaciona con 2.2 puntos de crecimiento adicional del PIB”, explica Solf.

El problema de la contratación

La legislación laboral mexicana es uno de los aspectos peor evaluados en Doing Business. Durante la última década ha habido varios intentos frustrados de reforma del marco jurídico laboral. Una de las evidencias de que algo anda mal es que más de 35% de la población activa permanece en el sector informal. “Hay buenas intenciones que pueden resultar contraproducentes, que protegen a quien tiene trabajo pero ponen en desventaja a quien no lo tiene”, asegura Solf.

La flexibilidad de horarios es uno de los aspectos peor regulados. En sectores que tienen estacionalidad, por ejemplo, y que la mitad del año necesitan jornadas más largas a cambio de jornadas laborales más breves en la otra mitad, no tienen en México una fórmula legal que les permita hacerlo. Además, el costo del despido en México es muy elevado, así como las prestaciones no salariales.

“En Europa las condiciones de contratación son muy fuertes y tienes que cumplir con muchas cosas con el empleado”, dice Márquez, “pero la economía y el negocio te lo permiten, y aunque se te vaya un mes de vacaciones todo es más fácil... ¡es impensable que un contenedor se tarde ocho meses (en llegar a su destino)!”, asegura el empresario.

De acuerdo con los economistas, la elevada informalidad del mercado mexicano está relacionada con las dificultades y los costos de la contratación formal.

El índice de rigidez en el empleo en México, elaborado a partir de índices de la falta de flexibilidad de horarios, de las dificultades para despedir o de la rigidez para contratar, está en niveles semejantes a los de Noruega (un país con un Estado benefactor universal y un pib per cápita muy superior) y Argelia, pero es peor que en Argentina y que en los países asiáticos que compiten por las inversiones globales. 

Como consecuencia de esta rigidez laboral, las empresas buscaron estrategias alternativas para permanecer en un mercado de cambios dinámicos. De ahí el auge de las firmas de outsourcing como Manpower, que buscan limitar los riesgos laborales en las empresas. Una de las razones de las compañías y sus representantes es que la situación actual es una ficción, en la que la mayoría de las firmas buscan huecos legales para saltarse las reglas o directamente las incumplen, ya que la legislación no está alineada con las necesidades del mercado competitivo actual, en el que una compañía puede estar trabajando con una filial en Hong Kong o Berlín. El hecho de que, en promedio, el costo del despido represente 52 semanas del salario, según Solf, hace que las empresas se lo piensen mucho antes de contratar a alguien, lo que perjudica a los más jóvenes (México tiene un índice de desempleo juvenil más elevado que el promedio) y a las mujeres que quieren trabajar.

La solución no es eliminar los sistemas de previsión social, sino buscar sistemas viables, dice Solf. Chile implementó un sistema para eliminar el pago de una indemnización por despido tan alta: ésta se redujo, y durante toda la vida de la relación laboral, empleado y empleador pagan un seguro privado de desempleo. “Como país en desarrollo es caro tener un sistema de seguro social, pero puede haber soluciones intermedias”, comenta Solf.

El pago de impuestos

Una de las mayores pesadillas administrativas de las empresas mexicanas es el pago de impuestos. En los últimos años, hubo una gran mejora en el hecho de que se pudieran hacer por internet, pero aun así, las torturas administrativas que pasó Márquez para liberar su contenedor en Veracruz son el día a día de muchos empresarios, sobre todo para aquellos que no pueden pagar un buen gestor. Con 552 horas anuales destinadas a cumplir con el fisco, México exige mucho más de las empresas que Kenia, Japón, Marruecos o Noruega.

En las elecciones de 2006, todos los candidatos incluían en sus propuestas iniciativas de simplificación tributaria, pero no ha sido así. Una de las razones es que la falta de un iva generalizado crea muchas brechas en el sistema tributario e impide una fiscalización eficiente, lo que incentiva la multiplicación de controles administrativos. El Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), aprobado en la reciente reforma fiscal, incrementa, según han denunciado las organizaciones empresariales, la carga administrativa de las compañías, que deberán llevar una doble contabilidad de este nuevo tributo y el Impuesto Sobre la Renta al que éste pone una tasa mínima.

Los requisitos burocráticos van más allá de los impuestos. Uno de los obstáculos mayores para la creación y formalización de empresas nuevas en México es la exigencia de que para empezar un negocio, se pide un capital mínimo. “La justificación es que protege a acreedores e inversionistas, pero no es cierto, ya que muchas veces el empresario pone el dinero y lo retira”, cuenta Solf. Los dos países que inventaron este requisito, Francia e Inglaterra, hace tiempo que lo eliminaron.

El débil estado de derecho

Los casos (que abundan en los medios) de conflictos entre empresas que se prolongan durante años en torno a contratos legales son una muestra de que la inseguridad jurídica sigue siendo un problema en México. Uno de los pilares de la economía de mercado es el cumplimiento de los contratos, lo que exige un sistema de administración de justicia que garantice que así sea. En el informe Doing Business, México ocupa el lugar 83 del mundo en la garantía de que se cumplirá un contrato. Por ejemplo, el costo de lograrlo es 32% de la cantidad demandada, una cifra que nos sitúa a un nivel muy semejante a Irak, y muy por debajo de China (donde el costo es de 8%), Ecuador o Argentina.

“Mientras subsistan la ambigüedad, la profusión, la complejidad, la inequidad y la oscuridad que caracterizan a nuestras leyes y, en general, a todo nuestro sistema de justicia, resultará ingenuo –o profundamente malicioso– invitar a la sociedad a que se atenga a una cultura de la legalidad”, dijo Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en un artículo reciente. Ambigüedad porque las leyes pueden interpretarse de muchas maneras; profusión, porque se piden miles de requisitos para que se cumpla la ley y, recuerda Laveaga, “Plurisme leges, advertía el romano Tácito, corruptisima republica. Complejidad, porque muchos artículos están mal redactados y es un trabajo digno de oráculos el interpretarlas. Inequidad porque no todos somos iguales ante la ley –un buen abogado cuesta dinero y permite pagar un amparo ante un nuevo impuesto; las empresas pequeñas que no se amparen, sí lo pagarán–, y oscuridad porque los juicios, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, no son públicos”.  

Los casos abundan. El conflicto entre Grupo Radio Centro y Radio Monitor en torno a su contrato de venta, la cesión de contenidos sigue en disputa a pesar de la sentencia dada por varios tribunales nacionales e internacionales.

El Consejo del Poder Judicial ha tenido iniciativas para capacitar a los jueces en temas mercantiles, y se ha esmerado en especializar a los tribunales colegiados. Pero la iniciativa se queda coja ante la necesidad de mejorar la redacción de las normas (el código mercantil tiene 150 años), y agilizar los procedimientos. Hoy muchas de las decisiones relevantes para las empresas, como la legalidad de ciertos impuestos, terminan por decidirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última instancia.

Los registros y el crédito

“No conozco un emprendedor que no arranque un buen negocio porque hay mucha tramitología”, dice Fernando Fabre, director de la aceleradora de negocios Endeavor. En el arranque de empresas, México ocupa el lugar 75 del mundo.

Márquez cuenta que durante tres años pagó 600,000 pesos de impuestos por un inmueble, pero jamás logró registrarlo como suyo en el registro de la propiedad de la Ciudad de México. “Aparecía en el catastro como del anterior dueño”, relata.

“En México, toda la parte que mantienen los gobiernos, los servicios, registros, las ayudas, todo, es muy, muy complicado, sobre todo si las comparas con lo que hay en Europa o con lo que me cuentan mis amigos que sucede en Estados Unidos”, comenta Márquez.

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) instaurado a nivel federal desde 2004 ha ayudado a reducir la tramitología y agilizar la creación de nuevas empresas, pero la exigencia de un capital mínimo equivalente a 13.3% del ingreso per cápita todavía detiene mucha formalización de compañías, según Silvia Solf.

Un freno que permanece para las empresas en México es que, aunque el crédito comienza a fluir, muchas compañías no lo están obteniendo. En la obtención de crédito, México ocupa el lugar 48 del mundo.

“Puedes tener un buen comportamiento crediticio, manejar buenos saldos, ser fiel con un banco, meter tu dinero, pagar tus tarjetas, pero cuando necesitas, no te pueden prestar; no prestan a nadie que no tenga 30 años de recorrido”, afirma Márquez, que en España ya ha obtenido créditos sobre las ayudas a los agricultores que da la Unión Europea.

México cayó una posición en el escalafón de países para hacer negocios en 2008. El presidente Felipe Calderón declaró en sus primeros meses de gobierno que su plan era convertir a México en el país más competitivo, y en el principal captador de inversiones del mundo. El reto es grande, si se suman las carencias en infraestructuras o seguridad que muestran otros estudios de competitividad.

“Los tres agentes aduanales que llevo me han quedado a deber, no pagaron mis impuestos”, dice Márquez por teléfono desde su viñedo en Priorat. “En México hay una cultura fuerte de fregar a la gente”, concluye. 

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