Líos tributarios para agencias de viajes

Los abogados de acción colectiva están ofreciendo a los municipios con problemas de efectivo una nueva manera de llenar sus arcas en mengua: demandar a sitios de viaje en línea como Expedia, Hotels.com, Orbitz, Priceline y Travelocity.

La idea es que los sitios de viaje en línea (OTCs, por sus siglas en inglés), no han estado pagando suficientes impuestos locales de ocupación sobre los cuartos de hotel que ayudan a vender, así que esas compañías le deben impuestos anteriores a las tesorerías de casi cada estado, condado, y municipio en el país.

El colegio de acción colectiva está haciendo atractiva la oferta. Si el caso falla, el municipio no pierde nada. Si gana, el gobierno recibe algunos millones de dólares, y los abogados toman alrededor del 30%.

Más de 40 municipios en 18 estados han interpuesto demandas hasta ahora, pero los resultados a este punto han variado. Al menos cuatro cortes federales, incluyendo una corte federal de apelaciones, han desechado los casos tras concluir que no se debían tales impuestos.

Sin embargo, un juez federal de San Antonio certificó una demanda colectiva de 175 municipios de Texas en mayo pasado, en un caso con fecha de juicio para junio. Mientras tanto, en febrero, la ciudad de Anaheim presentó una evaluación de 21 millones de dólares (mdd), por impuestos anteriores contra siete OTCs, y todas han contrademandado.

Esta es la razón de tanto problema. Digamos que un cliente entra a un hotel y renta un cuarto de 100 dólares por la noche. En la cuenta, claro, el hotel añadirá un cargo que represente el impuesto de ocupación del pueblo local digamos 6%.

En este ejemplo, el cliente paga 106 dólares, y el municipio recibe los 6 dólares. Ahora suponga que el mismo cliente renta el mismo cuarto con una OTC de intermediario. La OTC y el hotel usualmente tienen un trato bajo el cual el OTC acepta anunciar el cuarto en un precio mínimo de menudeo fijado por el hotel digamos, de nuevo, 100 dólares aunque el hotel sólo le cobrará al OTC un precio descontado, digamos 80 dólares.

La diferencia entre el impuesto sobre 100 dólares y sobre 80 dólares es el corazón de la disputa.

La renta de cuarto real pagada por el OTC al hotel es de 80 dólares, así que el OTC trata al precio de descuento como el precio sujeto al impuesto local de ocupación.

Los otros 20 dólares, argumentan, están compensando al OTC por sus servicios en línea, no al hotel por su cuarto. Por tanto, el OTC remite sólo 4.80 dólares en impuestos (6% de los 80 dólares) al hotel, quien, a su vez, manda esa cantidad al municipio. Así que esta vez el consumidor sigue pagando 106 dólares, pero el municipio recibe sólo 4.80 dólares en vez de 6 dólares.

Nunca ha sido un secreto que los OTCs operan así. De hecho, Steven D. Wolens, el abogado que presentó el primero de estos casos, admite que vio este tema por primera vez al repasar las declaraciones de un OTC para la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

Wolens, un socio en el despacho McKool Smith, de Texas, representa a San Antonio, San Diego, Anaheim y el condado de Broward, Florida. (El condado de Broward y Anaheim fueron demandados antes en este mismo año por OTCs que buscaban invalidar evaluaciones).

La solidez del caso de cada municipio dependerá de como esté redactado el reglamento local. Si la ley fija un impuesto solo sobre "operadores de hoteles", por ejemplo, entonces los OTCs tienen un caso sólido para argumentar que ellos no están incluidos.

Si, por otro lado, el impuesto se aplica a "agentes administradores", "vendedores", o "cualquiera que recibe gratificación por rentar un cuarto", entonces los municipios tienen argumentos más sólidos.

Los casos de evaluación tienen un pequeño problema adicional-algo que tiene entusiasmados a los vendedores en corto. Muchos municipios tienen reglas llamadas de "paga por participar", bajo las cuales una evaluación de impuestos debe ser pagada antes de poder ser retada en una corte.

Los vendedores en corto esperan que si una masa crítica de ciudades comenzara a golpear a los OTCs con evaluaciones cubiertas por reglas de "paga por participar", las compañías irían a la bancarrota antes de llegar a discutir a una corte.

Mientras tanto, los OTCs han estado retando lo que ven como la intrusión de abogados con honorarios cobrados según resultados.

"No creemos que debería estar involucrada alguna persona con un interés financiero directo en el resultado", mencionó Darrel Hieber de Skadden Arps Slate Meagher & Flom, un abogado externo para Priceline. "Si un policía de tránsito recibiera 30% de cada multa, ¿cuántas multas impondría?"