El fiasco del caso Broadcom

Con tantos casos de presidentes ejecutivos que se vuelven malos, el de Henry Nicholas es uno que lo tenía todo: fuertes acusaciones por asuntos de sexo, drogas y rock and roll, así como esquivaciones de contabilidad importantes. Con varias opciones de acciones con fechas asignadas indebidamente (stock-option backdating, en inglés) en Broadcom, el creador de chips que Nicholas solía manejar, la compañía logró reacomodar sus ganancias a 2,200 millones de dólares.

Pero lo curioso ocurrió cuando todos los cargos contra Henry fueron retirados recientemente, y el último capítulo tuvo lugar la semana pasada, cuando la Comisión de Valores y Mercados de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) retiró las demandas públicas por dichos documentos en contra suya y de varios asociados.

De pronto, Nicholas se volvió el ejemplo de algo más: el casi final de la cruzada contra las stock-option backdating que sacaron algunas canas verdes. Es decir, es un recordatorio de lo poco exitosas que pueden ser las acusaciones contra presidentes ejecutivos desde la apertura de condenas en la ahora distante era Enron-Worldcom .

De hecho, a pesar de toda la furia por este tipo de papeles, ha sido algo disparejo para la zona de acusaciones, pues algunas firmas (como Apple) admitieron haber realizado esas prácticas pero no enfrentan procesos ni regulatorios ni criminales. Otros, como UnitedHealth Group, sólo enfrentan sanciones civiles por parte de la SEC.

Y donde sí ha habido cargos penales, los resultados han sido variados: el ex consejero general de la compañía de seguridad computacional, McAfee, fue encontrado inocente por un juzgado federal además de por la SEC. Ahora está demandando a su ex empleador por difamarlo y usarlo como chivo expiatorio.

En el caso penal de documentos antedatados de Brocade Communications, el presidente ejecutivo, Greg Reyes, fue declarado culpable, pero después apeló y está por retirarse. Tal vez un caso más notorio es el de Kobi Alexander, ex presidente ejecutivo de la empresa tecnológica Comverse Technology, que recientemente ofreció 60 millones de dólares para llegar a un acuerdo en una demanda pública por este tipo de documentos, pero ha vivido prófugo de la justicia en Namibia. "Es muy difícil culpar a alguien en este tipo de casos, donde no hay muestras de intenciones criminales", dijo Peter Henning, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Wayne. "No hay un arma inculpadora".

En el caso de Broadcom, la Fiscalía Federal del Distrito Central de California tiene hasta mayo para levantar denuncias contra las destituciones, pero el juez del caso, Cormac Carney, atacó a los defensores alegando que habían comprado testigos, "distorsionado la verdad durante el proceso de investigación" y no habían otorgado las evidencias de que Nicholas y sus asociados planeaban cometer un crimen confabulando documentos con fechas alteradas entre 1998 y 2003, cuando él era presidente ejecutivo y vendió 1,000 millones de dólares en acciones. "En conclusión creo que la justicia busca es que todos sigamos adelante", dijo a los abogados de la Comisión de Valores durante su última audiencia.

Entre los muchos resultados impresionantes del proceso se encuentra el hecho de que Carney dejó de lado la confesión de culpabilidad de dos ex ejecutivos de Broadcom, incluyendo a uno de sus cofundadores, Henry Samueli (quien había aceptado un solo cargo por mentir a la SEC). Y una de las acciones más controversiales del juez fue rechazar un caso de fechados muy importante contra el ex presidente financiero de Broadcom antes de llegar al juicio, alegando insuficiencia de evidencia. Según los peritos legales, esto se conoce como una exoneración de la "regla 29", lo que significa que el caso no puede volver a presentarse.

"No le encuentro explicación a Broadcom", dice el profesor de derecho de valores de la Universidad de Columbia, John Coffee. "El juez de distrito se pasó de la raya al inmunizarse de una revisión de apelación".

Carney muestra su indignación contra la fiscalía federal que supervisó el caso (ésta no realizó comentarios alegando que sigue considerando hacer una apelación). Aunque hay mucho por discutir sobre los procesos de Henry Nicholas, queda claro que los fiscales están bajo una gran presión por encontrar culpabilidad en algunos presidentes ejecutivos. 

William Black, ex regulador y ahora experto legal en asuntos de delitos de cuello blanco en la Universidad de Missouri-Kansas, me sugirió que el panorama más amplio del asunto de Broadcom ( que también explica por qué tan pocos han sido acusados por los desastres subprime ) es que la SEC fue muy laxa por mucho tiempo, y ahora el FBI no cuenta con los recursos necesarios para manejar casos financieros tan complejos. "El juez en este caso ha adoptado una posición absurda, pero por razones completamente entendibles", dice Black.

Esto es una reivindicación completa para Nicholas, cuyo caso fue separado del paquete porque se le dio seguimiento junto con su acusación de tráfico de drogas, la cual ya fue retirada. Este morboso asunto indicaba que él alteraba con narcóticos las bebidas de los empleados de los clientes, además de ofrecía drogas y prostitutas en una "guarida" subterránea que había construido en su mansión del condado de Orange.

Este asunto inspiró varios encabezados sobre EL TUNEL DE AMOR PERVERTIDO Y ADINERADO, y de LA CUEVA PARA ORGÍAS ROCKERAS. Aunque el juez Carney dijo al ex ejecutivo de Broadcom que parecía que tuvo un "serio problema con las drogas" en el pasado, sus abogados dijeron que las acusaciones criminales eran falsas, y que la guarida era mucho más inocente de como la mostraban.

En general, la postura de Nicholas ha sido que los cargos más salaces (muy inclinadas a la lujuria) en su contra se debieron fuertemente a un testigo descartado que intentaba extorsionarlo. Si la apelación se lleva a cabo, el hombre de 50 años, puede protagonizar un segundo capítulo, tal vez menos audaz. Su cofundador, Samueli, quien también es dueño del equipo de hockey los Patos de Anaheim, regresó a trabajar a Broadcom hace poco tiempo. La compañía, que no aceptó hacer ningún comentario al respecto, llegó recientemente a un acuerdo de 160 millones de dólares por una demanda pública relacionada con documentos antedatados.

Mientras tanto, los fiscales tienen al menos una carta más bajo la manga para atender el asunto: un caso penal contra el ex presidente ejecutivo de KB Homes, quien tendrá que declarar en una corte federal del estado de California este mes. Si a este caso tampoco se le da seguimiento, podremos ver cómo se aflojan otros cuellos blancos.