MVS vs Gobierno: una pelea sin reglas

Sin transparencia en propuestas, procesos, ni datos, lo que queda son los dichos, acusan expertos; el problema inicial es la falta de políticas robustas sobre telecomunicaciones en el país.
resulta-Calderon  (Foto: Especial)
Edgar Sigler /
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

El enfrentamiento entre MVS y el Gobierno por la banda de 2.5 GHz puede significar años de retraso para licitar de nuevo estas frecuencias, coincidieron expertos del sector de telecomunicaciones, quienes aseguraron que la crisis se originó por la falta de transparencia en las negociaciones, la indefinición de la política pública de banda ancha y la descoordinación entre reguladores y secretarías de Estado.

Las declaraciones de Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de MVS, sobre el supuesto chantaje que enfrentó por parte del Gobierno han generado un ruido mediático que amenaza con estancar las concesiones de la compañía, advirtió Judith Mariscal, catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE).

El empresario dijo el 15 de agosto en una conferencia de prensa que fue presionado por el Ejecutivo federal para que no recontratara a la periodista Carmen Aristegui, además de que no impugnara la compra de 50% de Iusacell por parte de Televisa a cambio de mantener la negociación sobre la banda.

"El tema no es Aristegui, porque ese es el gran peligro, desviar la atención a algo que no es importante", recalcó Mariscal, experta en temas regulatorios.

La especialista respaldó el proceso de "rescate" que inició el Gobierno Federal para reordenar la banda de 2.5 GHz, que se considera ideal para ofrecer servicios de cuarta generación (4G) lo que coincide con el subsecretario Comunicaciones de la SCT, Héctor Olavarría quien abogó el domingo pasado porque en el caso de la banda de 2.5 GHz "se mantengan las aristas en el plano jurídico, económico y técnico", y advirtió que si se mezcla con temas políticos "nos vamos a empantanar".

Sin embargo, la falta de análisis de las autoridades para tomar esta decisión ha orillado a que todo el proceso se enfoque a lo que ha dicho cada parte involucrada, en lugar de análisis técnicos oficiales, lamentó Marcos Ávalos, profesor de la Universidad Iberoamericana.

"¿Qué inversionista va a tener incentivos para poner dinero si no hay certidumbre?", cuestionó el especialista en temas regulatorios.

El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, asegura que su dependencia se ha reunido en varias ocasiones con los representantes de MVS a lo largo de casi año y medio donde se han ofrecido varios esquemas para fijar la contraprestación por las bandas y el uso de éstas, pero nunca se han mostrado los documentos oficiales de los planes.

Por ahora hay dos propuestas para el uso de la banda de 2.5 GHz, aunque ninguna cuenta con un análisis técnico oficial sobre su viabilidad: la de MVS para funcionar como un carrier de carriers en conjunto con otras empresas, así como la posibilidad de licitar los bloques de 40 MHz como se realizó en Brasil este año.

El proyecto de la familia Vargas pretende emular al de la firma estadounidense Clearwire, que ha tardado en registrar retornos de inversión interesantes, pero que puede funcionar para México, opinó Gerardo González Abarca, ex comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Por otra parte, la falta de una política pública sobre el tema vuelve a resaltar cuando otras bandas en México se mantienen subutilizadas, pero se desconocen la política para saber cuándo o no se debe  rescatar una frecuencia.

"Un ejemplo cercano es el de la banda de 3.4 GHz ¿Quién la ganó? Primero Axtel, que sí puso inversión; luego Telmex, que medio la usa; después la ganó Unefon, pero se la vendieron a Nextel, y tampoco la usan", enlistó González Abarca.

La Cofetel propuso a inicios de agosto una sanción contra Nextel exactamente por incumplir con las condiciones en las concesiones de 3.4 GHz.

Cuando la descoordinación les llegó al cuello

Las declaraciones del presidente de MVS, Joaquín Vargas, obligaron a la SCT, la Secretaria de Hacienda y a la Presidencia a responder. Antes de eso, la postura de las últimas dos dependencias no era clara al respecto.

La SHCP negó en una petición hecha por el centro de análisis Observatel que hubiera realizado algún cálculo para la contraprestación que la empresa debía pagar. Sin embargo, la dependencia publicó un comunicado el pasado jueves donde retoma la cifra de 0.105 dólares por MHz/Pop (que según la SCT realizó Hacienda) para ejemplificar las diferencias entre ésta y la propuesta de MVS.

"Pasamos al melodrama, porque los vacios de política pública se llena con anécdotas", acusó Fernando Negrete, presidente de la agencia especializada en telecomunicaciones Mediatelecom.

El analista recordó que sólo existe la Agenda Digital, un documento que esboza algunas visiones sobre el sector, pero que no incluye acciones específicas, y lo más importante, carece de partidas presupuestarias para su implementación.

Otro detalle en esta descoordinación se muestra en las posturas de los órganos reguladores de Competencia y Telecomunicaciones, quienes han mostrado posturas tenues pero divergentes sobre el futuro de esta banda.

Marcos Ávalos acusó esta falta de coordinación, que no sucedió en otros casos como con la concentración entre Televisa-Iusacell o la decisión de quitar la multa por 1,000 millones de dólares a Telcel.

"Yo estoy convencido que esta administración no diseñó una política robusta de telecomunicaciones", remató Negrete, resumiendo la fuente de todo el embrollo en que se ha metido la definición para esta banda.

El comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, mostró su apoyo a que entre un nuevo participante para ofrecer servicios de Internet para competir contra Telmex y Televisa, en una entrevista radiofónica a la periodista Carmen Aristegui en MVS el jueves pasado.

Pero su homólogo en la Cofetel, Mony de Swaan, subrayó que su dependencia aún no puede delinear un plan para licitar esta banda, debido a los amparos sobre algunas concesiones ya vencidas, aunado a la incertidumbre sobre el tamaño del rescate que pretende hacer el Gobierno.

Pérez Motta reconoció el mes pasado en una entrevista con CNNExpansión y la revista Expansión la importancia que significó la coordinación entre ambos entes reguladores para decantar su voto a la aprobación de la concentración entre Televisa-Iusacell. 

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