El caso contra SAC Capital se tambalea

La acusación de tráfico de datos contra la firma se deriva de la poca evidencia hacia su fundador; tras seis años de indagatorias, el Gobierno no puede probar que Steve Cohen alentó está práctica.
Cohen SAC  (Foto: Getty Images.)
Katie Benner

El jueves 25 de julio, cuando fue presentada una denuncia penal contra el fondo de cobertura SAC Capital, Preet Bharara, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, ofreció una conferencia de prensa para anunciar los frutos de una investigación gubernamental de años de duración.

"SAC se convirtió, con el tiempo, en un verdadero imán para los tramposos del mercado", dijo Bharara a los periodistas. "Es por eso que la institución, y no los individuos, están acusados de abuso de información privilegiada".

Pero la declaración de Bharara también muestra que el Gobierno no puede encontrar suficiente información para procesar el fundador de la empresa Steve Cohen, a pesar de una investigación de seis años de duración sobre la administradora de fondos de cobertura que requirió enormes cantidades de tiempo, dinero y recursos.

"Claramente, no lograron crear un caso contra Cohen más allá de una duda razonable, incluso después de peinar decenas de miles de correos electrónicos y de presionar a los exempleados tan duro como pudieron", dijo Glen Donath, un ex asistente principal del fiscal federal quien se especializó en fraude. Una fuente cercana al Distrito Sur señaló que en los últimos seis meses, el caso había absorbido a la oficina, requiriendo que personal adicional se enfocara en el trabajo relacionado con SAC.

Donath, quien ahora es socio de Katten Muchin Rosenman, agrega que independientemente de si Cohen estuvo involucrado en el tráfico de información privilegiada, "la acusación del fiscal federal contra SAC se derivó, en parte, de la amargura y del deseo de venganza" por no haber podido acusar al gestor de fondos de cobertura.

En la historia reciente, el Gobierno no ha utilizado acciones colaterales para presionar a un individuo que no ha sido acusado de un acto criminal para que salga del negocio, dice Stan Twardy, socio gerente de Day Pitney quien fue fiscal federal de Connecticut de 1985 a 1991. Esto hace que el caso del fiscal federal contra SAC sea altamente inusual.

Sin duda, ciertas investigaciones han paralizado fondos en el pasado. Raj Rajaratnam, un gestor de fondos de cobertura condenado por abuso de información privilegiada en 2011, cerró su firma poco después de que fue acusado de abuso de información privilegiada. Y Pequot Capital cerró en 2009 debido a la tensión de años de duración de una investigación sobre comercio con información privilegiada por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Un año después de que la empresa cerró, desembolsó 28 millones de dólares para resolver los cargos, y a su fundador Arthur Samberg se le prohibió desempeñarse en el negocio de asesoramiento de inversiones.

Pero en los casos de Rajaratnam y Samberg, los hombres fueron conducidos a la quiebra después de haber sido acusados de abuso de información privilegiada. Cohen no ha sido acusado de haber cometido tal delito, y parece haber fijado cuidadosamente una estructura que lo distancia lo suficiente de sus operadores como para crear una negación plausible, dice Donath.

Para aquellos que creen que Cohen ha participado en abuso de información privilegiada durante años -la denuncia alega que el abuso de información privilegiada ha sido alentado en SAC desde 1999-, su distancia de un crimen real resulta frustrante.

Pero, ¿es aceptable para el Gobierno de Estados Unidos usar el sistema legal para infligir un castigo por operaciones con información privilegiada contra un hombre, Cohen, contra quien no pueden probar que haya operado con información no pública?

La respuesta a esa pregunta puede depender de cómo se perciba el papel de gestores y reguladores.

"Hay algo inherentemente poco atractivo sobre Cohen escondiéndose detrás de una estructura que le da una negación plausible, pero nadie obligó a sus empleados a trabajar en SAC o a tomar varios millones de días de pago en dólares por supuestamente haber buscando información privilegiada", señaló Donath.

Pero Tamar Frankel, profesor de Derecho en la Universidad de Boston, simpatiza con la oficina de Bharara. Dijo que el Gobierno está trabajando dentro de un tipo distinto de marco ético porque está tratando de evitar que los inversores y los ahorradores "sean desplumados".

Aunque Cohen puede o no ser responsable por abuso de información privilegiada bajo la estricta redacción de la ley, el profesor Frankel dice que es ético y correcto que el Gobierno utilice todas las herramientas necesarias para sancionar a quienes explotan y fomentan el uso de información privilegiada.

Medidas inusuales

En el acta de formulación de cargos de 41 páginas del Gobierno, SAC es considerada penalmente responsable de los casos en que, según alega la acusación, los empleados abusaron de la información privilegiada.

La mala conducta de los empleados supuestamente fue "posible gracias a las prácticas institucionales que alentaron la solicitud y el uso generalizado de información privilegiada ilegal", indica la denuncia. El abuso de información privilegiada en SAC fue supuestamente "sustancial, generalizado y en una escala sin ningún precedente conocido en la industria de los fondos de cobertura".

Para entender la gravedad de demandar a una empresa, considera esto: La última vez que el Gobierno presentó una demanda penal en contra de una empresa, esa empresa -la firma de contabilidad Arthur Anderson- colapsó. Aunque Anderson fue inicialmente declarado culpable, el veredicto fue revocado por unanimidad por el Tribunal Supremo en 2005.

"El puñado de hombres que admiten que violaron la ley no refleja la honestidad, la integridad y el carácter de los miles de hombres y mujeres que han trabajado en SAC en los últimos 21 años", dijo SAC en un comunicado.

La denuncia penal sigue a una demanda civil presentada contra Cohen la semana antepasada por la SEC, que afirma que Cohen no supervisó adecuadamente a dos operadores que participaron en abuso de información privilegiada, una acusación que podría prohibir a Cohen desempeñarse como gestor de fondos profesional.

Aunque seis exempleados de SAC han sido condenados, o se han declarado culpables de abuso de información privilegiada, la insuficiencia de la autoridad para supervisar el caso incluye a sólo dos empleados de una empresa que supuestamente emplea a unas 800 personas, 200 de las cuales son gestores de cartera y operadores. Desde esa perspectiva, "prohibir a Cohen que administre dinero externo parece una acción muy drástica", dice Donath.

"Aunque (el fiscal federal y la SEC) no puedan probar Cohen operó con información privilegiada, entre el caso civil y la denuncia penal, está claro que el Gobierno está ansioso por sacar a Cohen de la industria", señaló Twardy.

Los casos del Gobierno también podrían mermar seriamente la riqueza personal de Cohen. Se ha informado que su propia fortuna representa alrededor del 60% de los activos bajo gestión de SAC y el patrimonio neto de Cohen se estima en alrededor de 9,000 millones de dólares. El Wall Street Journal reporta que el Gobierno está buscando 10,000 millones de dólares en daños y perjuicios.

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En su lucha por llevar a Cohen a la quiebra, el Gobierno se enfrenta a un adversario tenaz. Cohen ha estado negando las acusaciones de abuso de información privilegiada durante años, y Twardy señala que es una de las pocas personas que podrían tener los recursos para competir con los del Gobierno estadounidense.

Estamos viendo a dos gigantes luchando entre sí, advirtió Twardy. El Gobierno quiere declarar la victoria contra Cohen sin importar lo que se necesite para llegar a ella. Y Cohen está determinado a sobrevivir. No importa quién resulte ser el ganador, ésta podría ser una lucha a muerte.

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