EU pone a temblar a Wall Street

El Gobierno de Obama tiene recursos legales para llevar a juicio a varios bancos acusados de fraude; los alcances también le permitirían investigar las operaciones de S&P y Fitch durante la crisis.
bofA  (Foto: CNN)
Cyrus Sanati

El gran ‘chanchullo' de hipotecas de Bank of America (BofA) abre una caja de pandora legal que podría tener consecuencias peligrosas para el resto de Wall Street.

La semana pasada, un jurado declaró a la unidad de préstamos hipotecarios Countrywide de Bank of America responsable de fraude al vender malas hipotecas al Gobierno de EU bajo un esquema conocido internamente como ‘The Hustle' (El Chanchullo). Esto marca la primera vez que los tribunales han encontrado un banco responsable de irregularidades en relación con una operación realizada en el periodo previo a la crisis financiera.

Pero el acontecimiento significativo en este caso no es el hecho de que el Gobierno haya ganado, sino cómo ganó. Los fiscales utilizaron de forma exitosa una controvertida interpretación de una oscura ley para obtener la victoria contra Bank of America. Existe la preocupación en Wall Street de que el Gobierno, fortalecido con esta nueva pieza de armamento legal pueda hacer estragos en básicamente cualquier institución financiera que haya estado relacionada con el comercio de valores hipotecarios en la última década.

El Gobierno ha introducido decenas de demandas contra Wall Street en los últimos dos años debido a malas conductas con valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS, por sus siglas en inglés), pero pocas han llegado a los tribunales. Han sido desechadas ya sea por algún tecnicismo legal o porque los bancos llegaron a un acuerdo antes del juicio. Citigroup y Deutsche Bank se encontraban entre aquellos acusados de actos ilícitos que decidieron llegar a un acuerdo de inmediato, lo cual les costó 158 mdd y 202 mdd, respectivamente.

Sin embargo, Bank of America se mantuvo firme cuando el Gobierno acusó a su unidad de préstamos hipotecarios Countrywide de una falta grave en el periodo previo a la crisis financiera. En pocas palabras, el Gobierno alegó que Countrywide, a través de un programa interno apodado ‘The Hustle', creó "desastrosas" hipotecas defectuosas, que posteriormente vendió a Freddie Mac y Fannie Mae. El Gobierno, que tomó control de Freddie y Fannie en el apogeo de la crisis financiera, afirmó que sufrió una pérdida bruta de 850 millones de dólares, mientras que Countrywide ganó 165 millones de dólares.

Lo interesante aquí es que el Gobierno optó por demandar a Bank of America en virtud de la Ley de Reforma, Recuperación y Vigilancia de las Instituciones Financieras de 1989 (FIRREA, por sus siglas en inglés). La ley permite al Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciar un procedimiento civil contra las personas o instituciones que hayan cometido delitos bancarios contra el Gobierno o contra una entidad asegurada por el Gobierno federal (un banco).

Al ser un proceso civil, la carga de pruebas que el Gobierno tenía que cumplir para ganar el caso era mucho más fácil de conseguir, ya que sólo tenía que probar la culpabilidad por una "preponderancia de evidencia" en lugar de "más allá de una duda razonable", que se utiliza en los procesos penales. Eso significa que sólo el 50% de la evidencia necesita indicar un fraude para obtener una condena. La ley también le da al Gobierno más tiempo para presentar un recurso al duplicar el plazo de prescripción necesario para presentar una demanda desde cinco a 10 años. Eso es importante porque muchas de las acciones que condujeron a la crisis de las hipotecas se produjeron hace más de cinco años, de 2003 a 2007.

Al ganar su caso, el Gobierno argumentó exitosamente en virtud de la Ley FIRREA que el programa 'Hustle' de Countrywide afectó tanto a la administración federal (Fannie y Freddie) como a Bank of America (una entidad asegurada por el Gobierno) y por lo tanto era responsable de fraude civil. No, eso no fue un error tipográfico. El Gobierno argumentó exitosamente ante el tribunal que una de las víctimas del fraude fue también el autor del fraude.

Por tanto, esta interpretación significa que el Gobierno puede utilizar la Ley FIRREA para demandar a un banco por fraude, aunque la única víctima sea ella misma. Eso suena muy extraño, pero en una gran organización, como un banco multinacional con decenas de empresas repartidas por todo el mundo es muy posible.

Un portavoz de Bank of America dijo que el banco estaba evaluando sus opciones para presentar una apelación. Por ahora, está a la espera de escuchar cuáles daños podría tener que pagar en relación con el fraude, si es que existen.

Ahora, armado con la FIRREA, el Gobierno estadounidense potencialmente podría ir tras cualquier institución financiera estado involucrada en el mercado de RMBS de 2003 hasta la fecha. Ese tramo de tiempo cubre toda la debacle de las hipotecas y pone básicamente a todos en Wall Street en la mira. No son sólo los bancos los que deben estar preocupados; el Gobierno incluso ha amenazado con usar la FIRREA contra Standard & Poor's, la agencia calificadora. En ese caso, alega que S&P, que no comercia pero sí califica RMBS, conscientemente emitió calificaciones triple A para valores que sabía que eran basura. El Gobierno busca 5,000 millones de dólares en restitución, una suma increíblemente fuerte. Si S&P cae ante la FIRREA, entonces sus rivales Moody's y Fitch también podrían esperar encontrarse frente a un pelotón de fusilamiento.

Entonces, ¿cuál es el fin del Gobierno aquí? Si el objetivo es lograr algún tipo de justicia por las pérdidas incurridas por Fannie y Freddie durante la crisis, entonces Wall Street está en serios problemas. Desde el tercer trimestre de 2008, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) ha solicitado más de 187,000 mdd para cubrir los agujeros de los raídos balances generales de Freddie y Fannie. Si el Gobierno trata de recuperar incluso sólo la mitad de esa cifra, entonces podemos esperar que múltiples demandas sean presentadas contra los bancos y contra otras instituciones financieras en los próximos años.

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Ahora que los fiscales han ganado su primer caso con la FIRREA, las instituciones financieras podrían estar más inclinadas a llegar a acuerdos que a ir a un juicio. Eso puede explicar por qué JPMorgan al parecer llegó a un convenio con el Gobierno el viernes pasado por la enorme cifra de 13,000 mdd. El banco podría haber resuelto las reclamaciones, que se remontan hasta hace una década, debido a la preocupación de que el Gobierno quisiera seguir adelante con la FIRREA. Mientras tanto, los bancos que están decididos a ir a juicio, como Wells Fargo, podrían reconsiderar esa posición y optar por llegar a un acuerdo en lugar de enfrentar un potencial ataque de la FIRREA.

Pero al optar por un acuerdo, los bancos tendrían que declararse culpables, lo que los expone a un aluvión igualmente letal de demandas civiles por parte de los inversores. Los grandes gestores de activos podrían unirse e ir en contra de los bancos ellos mismos. Esto podría acabar con la reserva de litigios de un banco y amenazar su base de capital. Se ha reportado que JPMorgan está tratando de eludir ese destino al llegar a acuerdos con inversores institucionales anticipadamente, por alrededor de 6,000 mdd. Si tiene éxito, el acuerdo podría llegar a ser un modelo útil que otros bancos podrían utilizar para arreglar las cosas con sus clientes. Eso significa que incluso si un banco ya ha arreglado sus asuntos de RMBS con el gobierno, como Citi y Deutsche, ahora podría tener que abrir su billetera otra vez para pagar también a los inversionistas institucionales.

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