Reforma energética ‘contrata’ conflictos

La discusión de cambios al sector versarán en qué tanta apertura se dará a la iniciativa privada; si el PRI y PAN acercan posturas cuentan con los votos para impulsar los cambios sin el PRD.
petroleo  (Foto: Getty)
Edgar Sigler /
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Los partidos políticos preparan sus cartas para afrontar la discusión de la reforma energética en las próximas semanas y la carga más importante del debate se irá hacia el tipo de apertura que se permitirá en el sector, pues al parecer coinciden en que se requiere una participación más activa de la iniciativa privada, pero cuando se les pregunta en qué magnitud es donde comienzan a distanciarse las posturas.

Las tres principales fuerzas en el Congreso ya han presentado sus propuestas de reforma, las cuales se encuentran a espera de su primer debate al interior de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores.

El Partido Acción Nacional (PAN), cuya iniciativa resulta la más radical en cuanto a la apertura para la inversión del capital privado, ha condicionado la discusión a que se apruebe antes la reforma política, por lo que prevén que este proceso se mueva al menos hasta diciembre.

"No vamos a empezar ni a dejar que la Comisión nos convoque hasta que no se dé la reforma político-electoral", dijo el senador panista Francisco Domínguez, miembro de la Comisión de Energía.

El anteproyecto puede presentarse en los siguientes días, coincidieron el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista José González Morfín, el domingo pasado.

El legislador del PAN mencionó que una vez superada esta reforma, su partido peleará porque se abra el sector energético a través de contratos de producción compartida y licencias para la explotación y producción de hidrocarburos, lo que implicaría ir un paso más hacia la apertura que la propuesta del partido en el Gobierno, el Partido de la Revolución Institucional (PRI).

"Yo pienso que debería ir no sólo con la producción compartida, que es la norma en aguas profundas, sino licencias con lo que se estipula que una vez que se extraiga el crudo ya sea del contratista, pero sin comprometer las reservas", expresó el analista de Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini.

La propuesta del Ejecutivo plantea la posibilidad de la inversión privada a través de los contratos de utilidad compartida, un modelo mediante el cual Petróleos Mexicanos (Pemex) se asocia con una firma privada para extraer un pozo, y de lo que se obtenga, el Gobierno se encargue de venderlo para luego repartir las ganancias.

Pero en el modelo de producción compartida, lo que se reparte son los barriles que se extraen de petróleo, dando la oportunidad a la firma privada de vender el hidrocarburo por su cuenta.

Estos contratos de producción compartida, que son los más utilizados para proyectos de aguas profundas, permiten a las compañías usar a los comercializadores que ellos decidan; mientras que en el modelo propuesto en la reforma del Gobierno se corre el riesgo de crear a un monopolio en la venta del hidrocarburo, lo que puede generar más incentivos a la corrupción, explicó Labardini.

"Todo depende del modelo, porque en aguas profundas conviene tener los contratos de producción compartida, pero es shale gas y la construcción de ductos sí quedan mejor las licencias", dijo el senador Domínguez.

La mitad de las reservas prospectivas de hidrocarburos del país se encuentran en yacimientos en aguas profundas y gas shale, también conocidos como reservas no convencionales.

Cualquier propuesta de reforma enfrenta el reto de detener el declive de la producción petrolífera de México, que en los últimos ocho años ha dejado de producir cerca de 1.9 millones de barriles promedio diario desde su pico en 2004, al pasar de 3.4 millones a 2.55 millones.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) asegura que no se requieren de modificaciones constitucionales a los artículos 27 y 28 (el PAN también propone cambiar el 25) para revertir esta tendencia, pues consideran que con una reestructura financiera y laboral de Pemex resulta suficiente para administrar los recursos del subsuelo.

"Una de las conclusiones es que no es necesaria una reforma constitucional para sanear a Pemex y sacarla adelante...tampoco queremos que se pierda la cuestión de seguridad estratégica y nacional, es decir, la rectoría del Estado", expresó el senador perredista, Alejandro Encinas.

Señaló que existe la posibilidad para que se modifiquen las leyes secundarias y se autoricen los contratos de utilidad compartida, con lo cual se evita quitar de la constitución el carácter exclusivo del Estado sobre estos recursos.

"Ya lo dejaron muy claro, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo volvió a decir. Pero no dejaremos de dialogar con ellos hasta el final", dijo.

La reforma constitucional requiere de la aprobación de al menos dos terceras partes de los legisladores tanto en Diputados como en el Senado. Los cambios pueden pasar con el aval de PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, pues estos cuatro partidos en conjunto cuentan con 365 diputados y con 100 senadores.

Francisco Domínguez añadió que en el tema de la figura del regulador se encuentran dispuestos a otras opciones, pues el PAN propuso la creación de un órgano autónomo constitucional que viera tanto por los estándares de seguridad del sector, como de la licitación de los proyectos; mientras que el PRI sugiere que sea la Secretaría de Energía (Sener) quien promueva los contratos.

"Estamos abiertos en cuestiones de la comisión, aunque sí la queremos autónoma. Pero no estamos cerrados a que sea regulada por la Sener. Ahí tenemos que debatir", expresó el legislador.

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