Bancarrota blindó a GM contra demandas

La reorganización habría fracasado sin haber tenido protección contra líos legales, dice la empresa; abogados que acusan a GM aseguran que la firma ocultó fallas en sus autos al recibir su rescate.
gm  (Foto: Getty)
Chris Isidore
NUEVA YORK -

Los abogados que llevan las causas contra General Motors afirman que la automotriz ocultó el polémico defecto en el interruptor de encendido cuando “tomó miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes” durante su bancarrota patrocinada por el Gobierno estadounidense en 2009.

La afirmación, hecha por los abogados de los demandantes que buscan que el tribunal autorice demandas colectivas en contra de GM, se dio a conocer este lunes en los documentos judiciales presentados en la corte federal de bancarrota.

También el lunes, GM presentó documentos que tratan de protegerla de las demandas relacionadas con el retiro de vehículos a causa del interruptor de encendido, cuya falla se ha asociado con al menos 13 muertes.

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Los abogados de los demandantes sostienen que no debería permitírsele a GM utilizar su reorganización por bancarrota como un escudo que la exima de responsabilidad en los casos derivados de la pieza defectuosa.

Los legistas representan a los consumidores que tuvieron problemas cuando sus vehículos se apagaron mientras conducían, pero no sufrieron accidentes. Ellos aseguran que haber cambiado sus vehículos por temor a su seguridad les generó un perjuicio económico.

En conjunto, los documentos de la corte concentran una de las cuestiones legales más importantes derivadas de la retirada ordenada apenas este año por GM a causa del interruptor de encendido. La automotriz enfrenta investigaciones gubernamentales, una investigación criminal y docenas de demandas por haber demorado tanto en ordenar el retiro del mercado.

General Motors estaba al borde de la insolvencia a principios de 2009 cuando solicitó la protección contra sus acreedores. Un financiamiento de cerca de 50,000 millones de dólares del Gobierno Federal apuntaló a la empresa durante su reorganización.

En ese momento, GM creó una nueva compañía que compró los activos valiosos de la automotriz. Y dejó tras de sí una firma fantasma, conocida como Motors Liquidation, que se quedó con los activos y pasivos no deseados.

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Los pasivos de la “antigua GM” incluían cerca de 2,500 demandas en espera de juicio. Las demandas iban desde lesiones personales y muertes por negligencia a litigios por contratos y propiedades. La mayoría de los demandantes en esos casos han llegado a un acuerdo extrajudicial, si bien se les pagó una fracción de lo que demandaban.

GM afirma que su reorganización por bancarrota habría fracasado, y la compañía se habría derrumbado de no haber recibido protección contra esos reclamos legales.

“Fue una condición imprescindible de la oferta de compra de la Nueva GM que la Nueva GM no asumiera todos los pasivos de la Antigua GM”, afirmó la automotriz en la última presentación judicial. “Ese fue el acuerdo alcanzado por la Nueva GM y la Antigua GM, y fue aprobado por el tribunal por convenir al interés público y a la quiebra de la Antigua GM”.

La postura de GM

GM dijo en su presentación el lunes que busca protegerse contra demandas que alegan daños económicos, no de aquellas interpuestas por muertes o lesiones por accidente.

“General Motors ha asumido la responsabilidad de sus acciones y seguirá haciéndolo”, dijo la compañía en un comunicado el martes. “GM también ha reconocido que tiene responsabilidades civiles y legales relacionadas con las lesiones que puedan estar ligadas a los vehículos retirados”.

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GM contrató al abogado Kenneth Feinberg para que asesore a la empresa en las “opciones” para hacer frente a las demandas por lesiones.

Sin ese escudo legal que la protege, GM podría enfrentar importantes problemas legales emanados del retiro del mercado más allá del costo de indemnizar por lesiones o muertes en accidentes automovilísticos. En un acuerdo que involucraba una demanda colectiva, Toyota Motor pagó 1,100 millones de dólares a finales de 2012 en relación con un retiro vehicular por problemas con el pedal del acelerador. Ese acuerdo no cubría los casos de lesiones o muertes por omisión o negligencia.

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