‘Rescate’ reducirá privilegios en Pemex

El sindicato petrolero perdería beneficios si parte de las pensiones son pagadas por el Estado; los jubilados tienen privilegios en los servicios médicos y pagos mensales de 15,700 pesos.
Carlos Romero Deschamps  (Foto: Agencias)
Edgar Sigler /
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) deberá aceptar una pérdida en los beneficios “extraordinarios” como primas por jubilación, ayuda de gasolina post-mortem, servicios médicos y otros pagos a cambio del respaldo del Gobierno, pero queda por definir hasta qué punto llegarán estas negociaciones, anticiparon expertos.

La Cámara de Diputados votará esta semana los cambios a las leyes donde se prevén que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) transfieran parte de su pasivo al Gobierno en un porcentaje similar al que logren renegociar con los sindicatos.

Pero estos convenios deberán tocar privilegios extraordinarios que tienen los trabajadores de Pemex en relación al promedio de los empleados mexicanos, como una menor edad de jubilación y en cuestiones médicas, apuntó Luis Miguel Labardini, analista de la consultora especializada del sector Marcos y Asociados.

“No sólo son pensiones, sino son beneficios por muerte, servicio médico para el jubilado y que se extienden a toda su familia”.

La paraestatal Pemex erogó cerca de 115,000 millones de pesos (mdp) en el rubro de “costo neto de beneficios a empleados”, que representaron cerca del 13% del gasto total de la petrolera durante 2013.

De este monto, sólo 35,000 mdp se destinaron al pago de los más de 95,000 jubilados, mientras que el resto son beneficios médicos y otras prestaciones que tienen los empleados luego de retirarse, explicó el consejero independiente Fluvio Ruiz.

“¿Cuánto destina el pago a pensiones? 35,000 mdp el año pasado. El resto son todas las prestaciones que hay de servicio médico, y una serie de prestaciones dependiendo de los niveles salariales”.

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Fluvio Ruiz se mostró a favor de que el Gobierno absorba parte de estos pasivos laborales por “beneficios a empleados”, además de que se llegue a una negociación para elevar la edad de retiro de los jubilados de Pemex, que ahora está en 55 años, frente a los 65 años del promedio de los trabajadores del sector privado.

Pero los beneficios para pensionados y jubilados incluyen rubros como la prima de antigüedad, jubilación, pensiones por incapacidad, servicios médicos, ayuda a gas, gasolina y canasta básica, entre otros; además de la extensión de estos apoyos a las familias de los trabajadores que ya hayan fallecido, según detalla un estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2012.

“Por ejemplo, el servicio médico de Pemex atiende a casi un millón de personas. Es mayor que el seguro social de cualquier país de Centroamérica. Esa es una de las cosas que se debería revisar”, expresó Labardini.

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La Auditoría llama advierte que los más de 95,000 pensionados de Pemex a 2012 tienen un pago asegurado de 15,700 pesos mensuales en promedio, 4.1 veces más frente a los 3,800 pesos de un trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o 6.3 veces más que uno del sector privado, bajo la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 2,500 pesos.

El analista de Marcos y Asociados añade que para llegar a un acuerdo se debe tocar estos beneficios que la mayoría de los empleados de México no tienen. Pero Fluvio Ruiz expresa que las negociaciones entre el sindicato y Pemex no pueden imponerse desde la ley, ni pueden ir dirigidas a “precarizar” las condiciones de los trabajadores.

“Si los beneficios de los trabajadores se ven fuera de lo común es porque se han ido precarizando las condiciones laborales”, dijo.

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El funcionario añadió que la negociación tampoco puede resultar en perjuicios para quienes ya tienen estos beneficios, es decir, que sean cambios retroactivos.

La Cámara de Diputados negocia esta semana los cambios a las legislaciones de Pemex y CFE, además de la presupuestaria, para permitir que las empresas puedan traspasar parte de los pasivos laborales con el fin de mejorar la situación financiera de cada paraestatal ante la apertura de los sectores al capital privado.

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