A Grupo México le ‘llueven’ demandas por derrame tóxico

Pobladores de las zonas afectadas en Sonora presentan una querella colectiva, informa el Gobierno; además el estado anuncia que presentará otras dos demandas contra la minera.
derramesonoraCO  (Foto: Agencias)
HERMOSILLO (Notimex) -

Grupo México sumó este miércoles otra demanda por el derrame de sustancias tóxicas en el río Bacanuchi en Sonora, de acuerdo con el gobierno del estado.

Al menos 50 pobladores de la zona dañada presentaron una demanda colectiva ante autoridades judiciales federales para que la minera repare los daños ocasionados por la contaminación del río, dijo el secretario de Gobierno local, Roberto Romero.

Los afectados por el derrame de sulfato de cobre, ocurrido el 6 de agosto, presentaron la demanda en el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Agua Prieta, Sonora, precisó en conferencia de prensa el funcionario.

En los próximos días 300 personas más se sumarán a la demanda colectiva para que indemnice a los afectados, agregó.

Unos 22,000 habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures resultaron afectados al suspenderles el servicio de agua para consumo humano y el uso del agua del río para actividades agropecuarias.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó en agosto una demanda y hace unos días la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa (ACS) presentó una “demanda de acción colectiva difusa” contra Grupo México por los daños ambientales.

Grupo México pidió el lunes al Gobierno federal que no se le otorgue un trato discriminatorio frente a otros “eventos similares” sin mencionar cuáles, y reconoció que hubo fallas que generaron el incidente, aunque siguió señalando a las lluvias como uno de los motivos a pesar de que el Gobierno lo ha negado.

Gobierno de Sonora agrega demandas

Roberto Romero anunció que además de la mencionada demanda colectiva, el estado interpondrá dos recursos legales más en forma directa.

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La primera denuncia, dijo, será de tipo civil para recuperar los recursos aportados por la administración estatal para paliar los daños ocasionados a los pobladores durante la contingencia, que hasta el momento superan los 120 millones de pesos.

La segunda demanda contra el consorcio minero será de tipo penal, explicó, por delitos en contra de la ecología y daños al medio ambiente en contra de quien resulte responsable.

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