La reparación de los daños del río Sonora se queda corta
Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 20 de noviembre de 2015, en la edición 1179 de la revista Expansión. Adquiérela en su versión digital en iOS o Android.
(Expansión) – Los supermercados ya no le compran quesos a Andrés Martínez. Ahora, los vende a tiendas de abarrotes, y sin la marca que él diseñó. El problema de su etiqueta no es que diga “Quesos Don Andrés”, sino que revela que los produce en Ures, Sonora.
Es uno de los siete municipios que corren a lo largo del río Sonora, contaminado hace más de un año por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, propiedad de Grupo México.
La gente desconfía de los productos que provienen de lugares cercanos al río, pues nadie asegura que sus aguas estén libres de contaminantes, dice Martínez. Las vacas beben en su caudal y también lo utiliza para regar la pastura.
“Yo sigo produciendo queso, pero he batallado para colocarlo. Ahorita hago 80 kilos diarios, cuando hacía 600 kilos”.
A 15 meses del derrame de sustancias tóxicas, calificado por el Gobierno federal como el peor desastre ambiental de la historia reciente de México, los habitantes de las comunidades ribereñas de Sonora aún sufren consecuencias no contempladas inicialmente.
Agricultores y ganaderos no se reponen de la pérdida de sus cultivos, ni tuvieron los recursos suficientes para sembrar este año como lo hacen usualmente.
Los daños fueron mayores a la indemnización, los pobladores advierten que el reparto de recursos fue desigual, existe desconfianza en que las tierras y el agua estén libres de contaminantes y eso afecta la venta de productos que se producen en los municipios ribereños.
Grupo México tiene en Buenavista del Cobre uno de sus negocios mineros más productivos y ambiciosos, con un programa de inversión de 3,400 millones de dólares (mdd), según su informe anual. En 2014, Grupo México espera aumentar su producción de cobre 57% para 2017. “De esa cantidad, 37% provendrá de Buenavista del Cobre”, dice Rodrigo Garcilazo, analista de Grupo Bursátil Mexicano.
El derrame
El 9 de agosto de 2014, los habitantes de Aconchi, parte de la cuenca del río Sonora, amanecieron sin agua. Dos días antes, falló una de las represas de Buenavista del Cobre, que almacenaba 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, producto de sus procesos de extracción.
La sustancia se derramó sobre el río Bacanuchi y continuó al río Sonora, que corre a lo largo de 270 kilómetros hasta la presa El Molinito, en el municipio de Hermosillo. Si bien la empresa explica el evento como un “derrame accidental” causado por el exceso de lluvia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) califica ese argumento como “absolutamente falso”.
En marzo, la Profepa impuso a Grupo México una multa por 23 millones de pesos (mdp), debido a 55 irregularidades. El monto es 0.22% del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año.
Entre otras faltas, la Profepa encontró en las inspecciones el día del derrame que la mina no contaba con la Licencia Ambiental Única actualizada, evadió normas en manejo de residuos peligrosos y no había realizado la evaluación de sus emisiones.
“La minera, bajo auspicio de las autoridades, trabajó parte de 2015 sin las normas mínimas de seguridad para el manejo de sustancias como el sulfato acidulado que se derramó”, señala Julieta Lamberti, investigadora de Poder, organización no gubernamental que promueve la rendición de cuentas de empresas de América Latina.
Daños no calculados
La veda de los 34 pozos que están a 500 metros de ambos lados del río Sonora dejó sin agua por dos meses a 23,000 personas y miles de hectáreas de cultivo de cacahuate, ajo, chiltepín, maíz y sorgo, entre otros.
“Cuando más necesitaba agua, cerraron las tomas. No pudimos regar”, dice Adolfo López, productor de Banámichi, otro de los municipios aledaños al río. Para él, significó perder 15 hectáreas de cacahuate, de las cuales suele generar unos 800,000 pesos. Las siete hectáreas de sorgo que sembró corrieron la misma suerte y dejó de ganar 115,000 pesos, dice.
La indemnización que recibió de Buenavista del Cobre, a través del Fideicomiso Río Sonora, fue de 100,000 pesos, apenas para cubrir el costo de sembrar cinco hectáreas. Este año, López no podrá recuperarse, pues sólo cultivó nueve hectáreas de cacahuate.
El propósito del Fideicomiso Río Sonora, es reparar las pérdidas ambientales y económicas y las afectaciones a la salud, dice Rodolfo Lacy, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Buenavista del Cobre y el gobierno federal lo crearon el 15 de septiembre de 2014, con 2,000 mdp que aportó la empresa. Hasta agosto, gastó 1,200 mdp.
Pero el gasto del Fideicomiso también incluyó 24 mdp en publicidad, más de lo que empleó en la atención y el seguimiento médico de la población afectada.
Las cuentas no salen para los productores agropecuarios, quienes, según el informe, recibieron en total 300 mdp: 10,000 pesos por hectárea, hasta un máximo de 10 hectáreas, sin importar el tipo de cultivo. Los ganaderos recibieron 350 pesos por cabeza de ganado.
¿Por qué 10,000 pesos por igual, e indistintamente al que produce ajos, cacahuates o alfalfa? El subsecretario Lacy explica que el gobierno sacó una media entre lo que ganaría el que produce maíz y el que produce nuez —lo más caro— y fijó un tope.
Repartición desigual
Ramón Bravo, de Ures, fabrica y vende coyotas —pan típico relleno de cajeta—, y dice que desconoce por qué él recibió 350,000 pesos de indemnización por parte del fideicomiso. “Yo ignoro cómo lo manejaron. Sólo fui a apuntarme a las mesas que pusieron”.
Aunque es más dinero que el que recibieron otros, apenas compensaron las pérdidas que tuvo el año pasado por la contaminación. “Las ventas en Sonora bajaron”, dice. Además, agrega, antes no tenía que usar agua de garrafón, hoy debe comprar 30 a la semana.
El problema de la distribución de los recursos es que “no existe un dato exacto sobre las pérdidas” y el gobierno no tiene un diagnóstico del impacto socioeconómico del derrame, dice Lamberti, de Poder.
Lacy reconoce que aún no tienen un recuento de los daños. “Estamos elaborando un libro blanco, ya concluida la remediación haremos un balance final”.
La informalidad económica dice fue un obstáculo para indemnizar de manera equitativa. “No tienen declaración de impuestos. Tuvimos que confiar en la palabra de la gente”.
¿Desconfianza fundada?
La desconfianza sobre la pureza de los suelos y del agua que se utiliza para el riego y el consumo humano es una constante entre los habitantes de la cuenca del río, y se ha difundido más allá de esa zona.
El sulfato de cobre vertido por la mina contenía 549 toneladas de metales pesados, según la Profepa. Eran 13 tipos de metales, siete de ellos, tóxicos.
“La mina disuelve el cobre en ácido sulfúrico para poderlo extraer, pero también se disuelve plomo, arsénico, cadmio, manganeso”, explica el químico Antonio Romo, de la Universidad de Sonora.
La situación se complicó cuando, el 17 de septiembre, las lluvias ocasionadas por el huracán Odile provocaron el derrame del río y la inundación de las tierras cultivadas. “Con la crecida del río, toda la contaminación, en lugar de quedarse en el cauce, se esparció a las
tierras que estaban a los lados”, afirma Enrique Valencia, productor de forraje en Arizpe, otro de los pueblos afectados.
La Semarnat exigió a la empresa aplicar un Plan de Remediación Ambiental dividido en cinco zonas desde el origen del derrame de sustancias tóxicas y a lo largo del río. “Hasta julio, Buenavista del Cobre no tenía aún un plan de remediación integral para todo el terreno, aprobado por Semarnat”, dice Lamberti, de Poder.
“Tengo los dictámenes de todas las fases”, dice Lacy, de Semarnat, mientras muestra un fólder con documentos. Según el funcionario, entre enero y agosto, la dependencia autorizó el plan que presentó la empresa.
La autoridad debe darlo a conocer y ofrecer garantías y pruebas científicas de que agua y tierra están limpias, dice Luis Miguel Cano, abogado de un grupo de pobladores organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora. Para los habitantes, la duda prevalece.
Después de ver cómo sus tierras quedaron cubiertas de agua cuando se desbordó el río, Adolfo López, productor de Banámichi, dice que es difícil pensar que no existen contaminantes en ellas. “Vino gente con pala, picos y carretillas a limpiar cerca del río, pero el agua ya había entrado. La solución amarillosa y cobriza no se levantó donde nosotros producimos”.
Según Romo, de la Universidad de Sonora, aun cuando haya llovido mucho y los contaminantes se diluyan en una parte, “los metales pesados pueden durar miles de años”.
A decir de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el agua de la zona cumple las normas mexicanas que permiten su consumo. Pero la normatividad es laxa en cuanto al contenido de metales que permiten respecto a normas internacionales, dice Romo.
“Nosotros estamos a tientas porque no sabemos si el agua de veras está buena. Queremos que nos den un certificado”, dice Enrique Valencia.
