Senado manda a comisión ley anticrimen

La Cámara alta turnó a comisiones las iniciativas enviadas por el Ejecutivo para combatir el crimen; las medidas pretenden garantizar la seguridad nacional y fortalecer a las Fuerzas Armadas.
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

El Senado turnó a comisiones las cuatro iniciativas que envió el presidente Felipe Calderón Hinojosa para profundizar el combate al crimen organizado, garantizar la seguridad nacional y fortalecer a las Fuerzas Armadas.

Las enmiendas reforman las leyes de Justicia Militar, de Seguridad Nacional, Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la delincuencia organizada, así como los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal.

La propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional pretende establecer la participación legal del Ejército en la lucha contra el crimen organizado, mediante la "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior".

La declaratoria se pondrá en marcha cuando exista sublevación en algún estado o cuando haya acciones que pongan en riesgo la seguridad  de cualquier entidad federativa o municipio.

Además se aplicará cuando ocurra otra situación que pueda significar un grave peligro para la sociedad, y que de no actuar de inmediato haya el riesgo de convertirse en una perturbación delicada del orden o la paz pública.

A su vez, las reformas a los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales y la Ley Contra la Delincuencia Organizada proponen hasta 20 años de cárcel para quien atente contra funcionarios públicos de seguridad.

La misma pena será para quienes ataquen a candidatos a cargos de elección popular, con lo que se pretende combatir los denominados "levantones" y convertir la extorsión en un delito grave.

El paquete incluye también una reforma al Código de Justicia Militar para sancionar hasta con 60 años de prisión a los militares que ayuden o deserten para incorporarse a las filas de la delincuencia organizada.

En el caso de la Ley de Armas de Fuego se plantea frenar el tráfico y tratar de erradicar este fenómeno con penalidades de hasta 30 años de cárcel a quienes utilicen armas de fuego reservadas a las Fuerzas Armadas.

 

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