Leyes de compras detonarán el desarrollo

Las reformas no fueron pensadas para un momento de crisis como el que atraviesa el mundo; sin embargo agilizarán el gasto público y la competitividad entre proveedores y contratistas.
Carretera  (Foto: Cortesía)
Redacción Obras
LEÓN -

Las reformas a las leyes de compras del gobierno federal agilizarán el gasto público y la competencia entre los proveedores y contratistas, pese a que no fueron pensadas para un momento económico como el actual, afirmó la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Elizabeth Yáñez Robles.

Para propiciar que la inversión pública se convierta en una palanca de desarrollo recientemente el Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Adquisiciones, a la Ley de Obra Pública, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal.

Al respecto, la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad destacó que las reformas permitirán ejercer el gasto público desde el mes de enero, una vez que sea aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y se cuente con el calendario de gasto.

"El sistema de contratación pública tiene que ser una herramienta que verdaderamente sirva para detonar el desarrollo económico, para fortalecer la actividad económica de manera interna", dejó en claro durante la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transporte 2009 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Yáñez Robles Añadió que estas modificaciones legales incentivarán la equidad de condiciones para todos los proveedores o contratistas del Gobierno, además de que promoverán la competencia del que garantice las mejores condiciones al Estado en la contratación o en la compra.

Dijo que el Padrón Único de Contratistas servirá para que las instituciones públicas puedan verificar el comportamiento de las empresas, para que el contratista con un historial de cumplimiento tenga ventaja sobre el que cuente con un historial negativo, además de que pueda reducir el porcentaje de garantía requerida para la contratación.

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La ley también da seguridad jurídica a los servidores públicos para que tomen decisiones en un proceso de compra, a fin de que no se les penalice por una determinación errónea. Pero al mismo tiempo castiga con más severidad al servidor público que es sorprendido en actos de corrupción, comentó la funcionaria.

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