Diferente pero igual (ilegal)

La piratería no sólo ataca al cine y la música, aborda también a los proveedores de la construc
Hugo Salvatierra Arreguín

Cada que entra a la casa de un amigo o al edificio de una empresa observa con detenimiento las instalaciones que están a simple vista, como interruptores de la luz. Incluso, cuando nota algo extraño, las revisa. En más de una ocasión esta curiosidad ha puesto a Mauro Guerrero de frente con falsificaciones de los artículos que fabrica la empresa para la que trabaja: “He constatado productos pirata en escuelas, periódicos, industrias, comercios y residencias”. Mauro Guerrero no es su nombre real, pero él sí lo es y trabaja como directivo de una multinacional de insumos para la construcción. No quiere ser ser identificado para poder seguir la lucha contra la piratería de una forma más cómoda. Su empresa trabaja en más de 100 países y prácticamente en todos, reconoce Mauro, tienen el mismo problema de falsificación.

El suyo no es un caso aislado. De acuerdo con el Instituto para la Protección Privada de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal (IPPIC), asociación civil que opera en México, el sector productivo de México pierde cada año más de 12,500 millones de dólares (mdd) a causa de la piratería y el comercio informal.

Pero no hay cifras oficiales. Las procuradurías General de la República (PGR) y Federal del Consumidor (Profeco), al igual que las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Economía (SE) no cuentan con estadísticas referentes a la proveeduría de la construcción. Por ahora el combate está enfocado en audio y video, software y ropa, señalan las dependencias.

“Tenemos que poner nuestras barbas a remojar”, afirma Jorge Díez de Bonilla Rico, vicepresidente de vivienda de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), al ver lo que está pasando en otras industrias. “En ciertos puntos de la cadena ya vemos los ilícitos”. Algunos proveedores, grandes y pequeños, ya fueron abordados por los piratas, sobre todo en productos eléctricos, tuberías plásticas y metálicas, pinturas, impermeabilizantes, software especializado y herramientas.

El enemigo está cerca
Mario Sánchez —nombre supuesto— vio que algo no encajaba en las tuberías que había comprado para uso sanitario. Las quería instalar en un supermercado de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Las tuberías contaban con el logotipo de la marca que había pedido al distribuidor, pero tenían algunas alteraciones en la forma de la campana que une una pieza con otra, la tipografía del logo era más gruesa y la superficie estaba recubierta con esmalte negro.

Inmediatamente acudió con los directivos de la marca de las tuberías, TISAMATIC (TISA), fabricante de tubería y conexiones de fierro fundido para sanitarios. Sorprendido, escuchó que varios clientes ya se habían quejado de lo mismo. Su caso no era el primero.

Todo apuntaba hacia un mismo lugar: un comercializador compraba productos de Fundidora de Occidente (FOSA) y les colocaba el logotipo de TISA, pero con una tipografía distinta. Para corroborar las quejas, David Cortés Romero, gerente de ventas de TISA, fue al punto de venta donde parecía estar el conflicto. Al entrar a la bodega observó que las tuberías de campana supuestamente TISA no tenían las curvaturas que las caracterizan, sino que eran más angulosas. Además, no mostraban la oxidación natural que sufre el fierro fundido. Estaban repintadas.

Reclamó al distribuidor, pero la respuesta fue que seguramente los productos pirata habían llegado en una devolución. A partir de ese momento el delito disminuyó, pero no cesó. Ahora ese distribuidor entrega un promedio de cinco tubos ilegales por cada 20 de TISA. Cinco años después, la empresa afectada trata de reunir más pruebas para realizar una denuncia formal ante las autoridades, debido a que durante 2006 registró pérdidas de alrededor de 30 millones de pesos (mdp).

Centímetro a centímetro
Hace año y medio, los dueños de varias ferreterías de Guerrero, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Veracruz notaron que en distintos tianguis ofrecían flexómetros prácticamente idénticos a los que vende Óscar Cadena, marca que opera en San Luis Potosí y cumple con la NOM-046-SCFI.

El logotipo, la caja, los colores, la información de la cinta metálica, la etiqueta y hasta el modelo eran como los originales. Sólo había una diferencia sustancial: en vez de ostentar la marca Cadena tenían el nombre EVEREST, seguido de la ® que avala la legalidad de un producto.

Tas conocer la situación, Óscar Cadena, dueño de la empresa que lleva su nombre, se quejó ante la Dirección de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) y la Dirección General de Normas. “Pero nadie movió un dedo”, explica. Así que decidió actuar por su cuenta y distribuir volantes que advertían a los compradores sobre los productos falsificados. Debido a la campaña y las denuncias el delito dejó de ocurrir. Cadena no tiene contabilizadas las pérdidas, pero eso no quiere decir que no esté interesado en continuar con la denuncia, que le ha costado más de 100,000 pesos en abogados.

El empresario, que manda hacer sus productos a Taiwán, continúa su investigación. Ya sabe qué comercializador de Veracruz introdujo los productos falsos desde China, pero prefiere reservarse el nombre. “Tenemos que agarrarlo con las manos en la masa”, argumenta.

Tianguis y mercados como el Mercado Hidalgo de la Ciudad de México y algunos comercios establecidos venden productos eléctricos pirata: copias de interruptores automáticos, contactos, relevadores y otros artículos llegan desde hace 10 años de China y Colombia. La falsificación incluye copias de las líneas más recientes o hasta de las descontinuadas. El caso fue reportado a la casa matriz en el extranjero, desde donde combaten estas prácticas. Las pérdidas se estiman en 10 mdd.

En los últimos tres años esta compañía —que prefiere no ser identificada— ha iniciado ocho querellas en contra de establecimientos cuya facturación va de uno a más de 20 mdd al año.

Ante estas prácticas ilegales resulta conveniente contactar a los fabricantes o consultar sus sitios web para identificar a los distribuidores autorizados. Si cuentan con un espacio para denunciar la piratería, las autoridades recomiendan utilizarlo para que  la empresa matriz pueda tomar medidas legales.

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