Plan económico, ¿solución estructural?

Las propuestas de Hacienda para 2010 no conllevan una salida a los problemas estructurales del país; de ser aprobadas, disminuirán el bienestar de la población sin aportar al crecimiento económico.
peso-dinero-monedas-SX.jpg  (Foto: Cortesía SXC)
José Luis de la Cruz*
CIUDAD DE MÉXICO -

El escenario macroeconómico para 2010 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refleja dos circunstancias que permiten plantear las primeras dudas sobre el alcance del paquete económico proyectado.

Primeramente se realizó una corrección significativa al pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) para 2009 llevando a considerar que su caída será de 6.8%, lo cual claramente contrasta con el crecimiento de 3% anunciado en los criterios del año pasado. Aún tomando en cuenta la modificación realizada en octubre pasado de un crecimiento de únicamente 1.8%, es evidente que los resultados reales difieren de la expectativa oficial.

Para 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta un crecimiento estimado de 3.0%, en donde si bien el número coincide con lo considerado por la mayor parte de los analistas, parece que ello no sería del todo consistente con el escenario macroeconómico planteado en los Criterios Generales de Política  Económica 2010 y las razones son diversas.

Primeramente se tiene una prospectiva inflacionaria de únicamente 3.3%, situación que parece difícil de alcanzar en un entorno de crecimiento económico con elevación de impuestos y de precios de bienes y servicios generados por el sector  público.

En este sentido debe puntualizarse que las propuestas presentadas por la SHCP, de ser aprobadas, tendrían una incidencia no deseada en la inflación, fundamentalmente porque el consumidor final terminaría pagando al menos un 2% adicional en los precios de los bienes y servicios que adquiera. No puede dejarse de mencionar que al considerarse que se pretende gravar alimentos y medicinas también se aumentarían los niveles de pobreza, o al menos eso se puede deducir si se sigue la línea de argumentación  que oficialmente se esgrimió para explicar el incremento de la misma en 2008: la causa fue un aumento en el precio de los alimentos.

Adicionalmente, se tiene que el Gobierno federal ha propuesto una elevación en los impuestos a las telecomunicaciones, en donde parte de esto (o la totalidad) será trasladado a los consumidores, presionando con ello nuevamente a  los precios.

Llama la atención el anuncio que se refiere a los aumentos en los precios de los combustibles, los cuales serán periódicos atendiendo a la inflación esperada y la variación de los precios internacionales. En este aspecto es relevante señalar que en México los combustibles siempre van a la alza, aún cuando en los mercados internacionales los mismos han disminuido significativamente. En otras palabras parece evidente que el argumento oficial va en un solo sentido, siempre en perjuicio de las cadenas productivas ya que el aumento en los combustibles acaba afectando a toda la cadena económica.

De igual manera se tienen otros incrementos en bienes como los cigarros, las cervezas y las bebidas alcohólicas, en donde sin duda nadie podría negar la necesidad de evitar que la gente aumente su dependencia a estos bienes aumentándoles el precio, pero en donde dicha justificación no parece estar asociada a una política de salud  y educación integral que permita a  la gente entender los problemas que les genera dicho consumo.

Al mismo tiempo de presentar una cascada de aumentos en impuestos y precios de bienes producidos por el sector público, la propuesta del ejecutivo federal también establece que la sociedad deberá enfrentar dicha situación con un ingreso disponible menor. En otras palabras puede afirmarse que además de encarecer los bienes finales, la nueva ley de ingresos considera retirar mayor dinero de los contribuyentes cautivos mediante la elevación del ISR, la eliminación de la acreditación del IETU sobre el ISR, modificaciones a la consolidación fiscal, aumento en la tasa del IDE y disminución del umbral del mismo a 15,000  pesos  por citar algunos de los ejemplos más representativos.

La debilidad de los argumentos de por qué modificar las tributaciones es evidente, se hace una repetida referencia a comparaciones con otros países, indicando que en el caso de México son inferiores a los estándares internacionales, pero ¿los procesos sociales son comparables?, ¿Hasta qué punto los problemas en México se deben a la economía informal, la evasión, elusión, la exención de impuestos para empresas exportadoras e importadoras, al empleo sin prestaciones, la corrupción e ineficiencia? O en otras palabras ¿hasta qué punto los problemas se deben a la implementación de un modelo económico que debe modificarse para privilegiar la productividad, la competitividad, el crecimiento económico, la generación de empleo, la creación de empresas y el bienestar social?

Las modificaciones propuestas por el gobierno buscan que se generen ingresos fiscales por alrededor de 175,700 millones de pesos en donde su punto de partida es gravar a la sociedad que ya paga impuestos y poco se hace para mejorar la calidad del gasto público.

Por el lado de la propuesta de gasto, lo que se observa es una fuerte disminución en el de capital. En primera instancia el presupuesto de egresos aprobado para 2009 tenía un gasto programable de 2.32 billones de pesos, la propuesta para 2010 es de 2.39 billones, es decir el gasto programable es básicamente similar. ¿En donde están los recortes tan anunciados por el poder ejecutivo?

La respuesta no se encuentra en el gasto corriente el cual se incrementa de 1.73 billones en 2009 a 1.86 billones para 2010.  Además los servicios personales tampoco tendrán una disminución ya que pasan de 533,000 millones de pesos en 2009 a 562,000 millones de pesos para 2010. Una situación similar ocurre en la clasificación de "otros de corriente" en donde las erogaciones también suben de 644,000 millones de pesos a 674,000 millones.

Si todos los principales rubros de gasto corriente aumentan,  entonces ¿qué disminuyó?, la respuesta lamentablemente se encuentra en la parte de gasto en capital en donde se pasó de 591,000 millones de pesos en el presente año a únicamente 536,000 millones para 2010, algo que va en contrasentido de toda racionalidad de crecimiento económico, ¿por qué subir el gasto corriente y bajar el de capital cuando al mismo tiempo se pretende aumentar impuestos y precios de bienes y servicios públicos a la sociedad?

Adentrándose un poco en el gasto de gobierno las incongruencias son mayores: el ramo de comunicaciones y transportes baja su gasto en capital de 61,100 millones a únicamente 50,500 millones de pesos. El ramo de Economía lo disminuye de 9,400 millones a 8,700 millones de pesos, mientras que el ramo de  educación pública pasa de 10,400 millones a 7,200 millones de pesos.

Las cifras negativas continúan en el ramo de medio ambiente y recursos naturales en donde bajan de 30,200 millones de pesos a 24,600 millones. Para la Comisión Federal de Electricidad en 2008 se presupuestaron 33,600 millones de pesos, ahora únicamente se proponen 27,400 millones. El único incremento se da en Pemex que para este año tenía presupuestado 227,000 millones y en la propuesta de 2010 la cifra se incrementa a 263,300 millones de pesos.

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Por tanto parece claro que en un primer análisis de los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 la conclusión que se puede tener es que si se aprueba el proyecto sin modificaciones, la propuesta generará una disminución en el bienestar de la población ya que le restará ingreso disponible y el problema es que eso no se reasignará a crecimiento económico algo que exacerbaría los problemas estructurales del país. Ante ello parece que el Poder Legislativo tiene la tarea de modificar sustancialmente la propuesta hecha desde el ejecutivo, de otra manera la población no verá los beneficios prometidos del sacrificio fiscal que hoy se le pide.

*El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

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