Más impuestos al consumo de alcohol

México debería adoptar un impuesto de control en las bebidas alcohólicas, propuso Emil M. Sunley; un gravamen basado en el consumo de bebidas disminuiría el costo social del consumo excesivo.
Cerveza  (Foto: Jupiter)
Emil M. Sunley*

El 9 de septiembre, Hacienda presentó al Congreso su propuesta tributaria y de presupuesto, en donde se incluye  un nuevo impuesto de control para las bebidas destiladas, de $3 pesos mexicanos por litro. Si dicho gravamen llegara a establecerse, México contaría con  un sistema mixto de impuestos sobre el consumo dirigido a bebidas destiladas, con el impuesto ad valorem y este nuevo y específico impuesto basado en la cantidad.

La contribución de $3 pesos por litro se cobraría en el punto, primero de venta a los importadores o productores.

La modificación de este impuesto, significaría un necesario ingreso para el Gobierno, así como una disminución en el abuso del alcohol y un golpe al mercado informal.

Si el propósito fundamental del impuesto es desalentar el consumo excesivo de alcohol, se debe insistir en un impuesto basado en la cantidad consumida. El costo social del exceso en el consumo, depende directamente de la cantidad de alcohol que se bebe y no tanto del tipo de bebida que la persona consume, ya sea  charanda, tequila o whisky escocés. Si los efectos del alcohol son los mismos por unidad consumida el monto del impuesto a pagar tendría que ser igual. Un impuesto específico de este tipo, reforzaría los argumentos para lograr una reforma en el sector de salud pública.

Existen otras ventajas con este impuesto específico. Primero, si tomamos en cuenta que el impuesto sobre el consumo ad valorem, da como resultado mayores diferenciales en los precios entre las bebidas de bajo y alto costo, se tendrá  como consecuencia el cambio a marcas más baratas cuando la tarifa del impuesto se incremente.

Segundo, este impuesto ad valorem podría promover una guerra de precios, lo que haría que las contribuciones al Gobierno se vean disminuidas con la reducción de precios.

En contraste, cuando el impuesto es específico la cantidad que se aporta con el mismo, no se reduce con la baja de precios. Y tercero, cuando se utilizan impuestos específicos el ingreso de las contribuciones no fluctúa ni con el tipo de cambio ni con las variables en precios, dando como resultado una más confiable y estable fuente de ingresos para el gobierno.

En la actualidad, en México la recaudación por bebidas alcohólicas se realiza a través del impuesto ad valorem. La tarifa de este impuesto llamado Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios (IEPS), es de 50% en todas las bebidas destiladas y 20% en el alcohol puro. La recaudación se lleva a cabo en cada etapa de la producción y distribución.

El IEPS es, en efecto, un impuesto de valor agregado adicional o paralelo. Todos los productores, distribuidores y comerciantes de bebidas alcohólicas, se tienen que registrar para el IEPS y proporcionar un informe o relación de sus ventas.

Sin embargo, esta fragmentada manera de recolección de impuestos conduce, inevitablemente a una baja observancia o acatamiento, particularmente en el nivel del comercio informal, comparado con lo que podría ser la recaudación en una sola etapa en el punto primero de venta. Diversos estudios sugieren que alrededor del 40% del alcohol que se consume en México, no paga impuestos.

Asimismo, si se implementara el nuevo impuesto de control de una manera efectiva, se reducirían las pérdidas del sector informal y se tendrían menores costos de administración en comparación con el "multietapas" IEPS.

Actualmente, las bebidas destiladas en el mercado mexicano, oscilan entre un 20% de alcohol por volumen hasta más del 50%; por consiguiente, para mejorar la equidad e integridad del impuesto de control, este debe ser aplicado en base a los litros de alcohol puro (o grado de alcohol) más que al volumen de litros en sí. Esto aseguraría la uniformidad entre todas las categorías de productos.

Más allá, la fuerza de la destilación, puede variar enormemente. Si el impuesto se calculara en volumen de litros en el primer punto de venta, un productor o importador (particularmente los de destilados de caña), podrían incrementar la fuerza o intensidad de la destilación y vender el producto a los embotelladores.  Al igual que, si se pagara el impuesto  en el punto de primera venta, el embotellador podría añadir agua para disminuir la fuerza del producto al ser  embotellado y así disminuir el impuesto por litro.

Es por esto, que los impuestos específicos basados en el contenido de alcohol, son más fáciles de administrar, tanto por el gobierno, como por la industria, por estar basados en información comprobable, en el punto de producción. En caso de duda, los contenidos de alcohol pueden ser verificados de manera independiente.

En contraste, los impuestos ad valorem precisan tener confianza en el precio facturado, sobre el cual se calcula el impuesto, y no es siempre posible esta confianza en los precios declarados de facturación, sobre todo cuando se trata de pago de impuestos.

Por último, la imposición  de un gravamen específico basado en el contenido de alcohol, ayudaría a poner a México en el tema de recaudación de impuestos en el alcohol,  al nivel de las mejores prácticas internacionales.

Todos los países miembros  de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE), a excepción de México y Corea, aplican impuestos específicos a las bebidas destiladas, basadas en su contenido de alcohol.

En cuanto a América Latina, Colombia cambió en 2003, del impuesto ad valorem a la recaudación específica en bebidas destiladas. Con esta reforma se redujo el contrabando ya que la producción se ha redirigido, de los canales del mercado informal, al canal de comerciantes o minoristas formales. Los ingresos por las tarifas de importación e impuestos sobre el consumo se han incrementado notablemente.

México debería adoptar un impuesto de control en las bebidas alcohólicas, basado en alcohol por volumen.

*El autor es asesor senior en economía para el Centro Internacional de Impuestos e Inversión, ex director asistente del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional y ex Secretario Delegado Asistente para políticas de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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