Impuesto a Internet, a contracorriente

Desde la aparición de Internet hasta fines de los años noventa, este medio vivió libre de regulación en la mayoría de los países del orbe. Fue hasta 1996 cuando algunos gobiernos, principalmente en los Estados Unidos, comenzaron a ver en la red una fuente para recaudar impuestos.

En México, estamos viviendo lo mismo, más de diez años después. La diferencia es que, mientras que en Estados Unidos la reacción del Ejecutivo fue emitir una ley que prohíbe el impuesto sobre el acceso a Internet, nuestro Gobierno en México pretende imponerlo.

La Secretaría de Hacienda ha propuesto que se incluya el impuesto del 3% sobre el acceso a Interne t, mediante su inclusión en el catálogo de servicios gravados a través del "Impuesto Especial sobre Producción y Servicios" (IEPS). Según la dependencia que comanda Agustín Carstens, con el impuesto a las telecomunicaciones en general , el Estado mexicano recaudaría al menos 10,000 millones de pesos, de los cuales 4,000 millones corresponden a la conexión de Internet.

Se ha generado gran polémica sobre el gravamen que se propone, por las graves repercusiones económicas que podría causar a mediano y largo plazo. México estaría tomando mediadas que han sido calificadas como inadecuadas en otros países , principalmente los más desarrollados.

En los Estados Unidos, por ejemplo, desde hace más de 10 años existe la "Internet Tax Freedom Act", ley que entró en vigor durante el Gobierno de Bill Clinton como un esfuerzo para promover y preservar el potencial comercial, educativo e informativo de la red. Con esta ley se prohíbe a los gobiernos locales, estatales y municipales imponer impuestos sobre el acceso a Internet.

Cuando esta ley fue aprobada en los Estados Unidos comenzó el periodo de mayor crecimiento de Internet. Los gobiernos estatales y locales comprendieron que son mayores los beneficios fiscales que podrían generarse privilegiando el acceso a Internet que gravándolo de manera directa. Con el uso generalizado de la red entre la población existirá más comercio, más información y mejor educación, todo lo cual redunda en una mejora de la capacidad económica de la sociedad y, naturalmente, en una mayor recaudación fiscal por parte del Estado a mediano y largo plazo.

La tendencia internacional es prohibir los impuestos directos por el acceso a Internet, no los impuestos que puedan derivarse de su uso, como podrían ser los derivados de las ventas realizadas en línea. La referida ley estadounidense, estableció la existencia de una comisión que estudiara una política nacional impositiva en relación a Internet, creándose la "Advisory Commission on Electronic Commerce", la cual emitió un reporte final en el año 2000 recomendando la prohibición de los impuestos directos al Internet.

Deben entender los políticos que el acceso a Internet no es un lujo, sino una necesidad, la cual ha llegado a ser reconocida en los países desarrollados como un derecho humano fundamental.

En Finlandia, por ejemplo, el derecho a tener acceso a Internet  ha sido elevado a rango constitucional. A partir de julio de 2010 el acceso a la banda ancha de Internet será un derecho constitucional reconocido en ese país, lo que significa que el Gobierno otorgará conexión a la red, en forma gratuita, a toda persona que no lo posea en su territorio.

Es tal la importancia de contar con acceso a Internet actualmente que, en España, el presidente de la Junta de Andalucía ha prometido en campaña electoral que su Gobierno dará acceso a Internet gratuito, si gana las elecciones, a todos los ciudadanos andaluces.

En la Unión Europea, se debate sobre si las empresas proveedoras del servicio de Internet tienen derecho a cortar el servicio sin una orden judicial, reconociendo con ello la importancia fundamental de contar con acceso al Internet y, mientras tanto, en México debatimos si gravamos el servicio.

México es el país miembro de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico más retrasado en cuestiones referentes a Internet. Menos del 25% de los habitantes de nuestro país tiene acceso a la red y, cuando lo tienen, la mayoría no cuenta con acceso a banda ancha. Todos los que tenemos la suerte de acceder a la carretera de la información pagamos un servicio de lo más costoso, si se compara con otras latitudes.

Imponer un impuesto sobre el acceso a Internet, como lo pretende el Gobierno federal, es un error que representaría agravar al retraso económico y social del que México no puede salir.

El servicio se encarecerá y cada día será más difícil para los mexicanos de escasos recursos acceder a Internet. Es una contradicción que el Gobierno en el poder ofreciera en sus campañas políticas computadoras para todas las escuelas y ahora pretenda gravar el acceso a Internet.

Dicho por la Organización Mundial de la Salud: el acceso a Internet es el motor de una tercera revolución industrial que coadyuva a anular las brechas de pobreza. El Gobierno mexicano parece no darse cuenta de que este impuesto es un elemento más que coadyuvaría a mantener la desigualdad económica existente en el país.

Por las razones señaladas, el impuesto del 3% al servicio de Internet es completamente inadecuado y a mediano plazo dejará más pérdidas que ganancias al Estado. Es hora que el Gobierno se de cuenta de que ganará más impulsando la economía del pueblo que gravándolo con el ánimo de resolver problemas de corto plazo.

Es increíble que la Cámara de Diputados haya aprobado el impuesto sobre Internet . El Senado de la República tiene la última palabra.

* El autor es catedrático de postgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, doctorando, autor de diversos libros jurídicos y abogado litigante en asuntos civiles y mercantiles. www.odriozola.biz