4 pasos para sanear finanzas públicas
La disyuntiva entre finanzas públicas sanas o políticas que aceleren la recuperación económica con cargo al erario público es una discusión perenne. La decisión de privilegiar una u otra toma mayor relevancia y genera mayor controversia cuando estamos en una crisis como la actual. En este entorno, se evidencia el conflicto y se sobredimensionan los aspectos negativos (costos), mientras que los aspectos positivos (ganancias) pierden importancia en la discusión. Para disfrutar finanzas públicas sanas se requieren, al menos, cuatro elementos básicos. Primero, fuentes seguras de ingresos. No es nuestro caso pues el presupuesto federal depende de los vaivenes en los ingresos petroleros (alrededor de un tercio del total).
Segundo, es necesaria una arquitectura fiscal clara y sencilla. En México, tenemos una arquitectura complicada llena de excepciones.
Tercero, tener un agente recaudador eficiente. Éste no es el caso, pues los estudios de evasión que encarga el SAT indican una evasión que ronda 30%. El esquema fiscal actual, además de las excepciones, está lleno de recovecos legales que incentivan la elusión y la evasión.
Cuarto, es importante tener un proyecto de finanzas públicas de mediano y largo plazo. Esto implica, al menos, dos estrategias vitales. Por un lado, olvidarse de que, año con año, el gasto deba ser igual al ingreso para un nivel predeterminado de déficit. Esta práctica garantiza que el nivel de maniobra del Estado para ayudar a la recuperación económica sea nulo. Por otro lado, el presupuesto federal debe contemplar recursos para un fondo de contingencia. En este punto, el gobierno federal y los gobiernos estatales dilapidaron los recursos extraordinarios que disfrutaron gracias a los excedentes petroleros de años recientes.
En este momento, los costos de imponer una política de finanzas públicas sanas son altos, a diferencia de lo que sería en una economía sin crisis. Si a esto le agregamos más y mayores impuestos (como propone el Ejecutivo), la caída en los ingresos disponibles será mayor. El resultado será una recuperación económica más lenta de lo que se podría tener. Las consecuencias que esto conlleva son de todos conocidas, pues ha sido una constante en nuestro país. Por si esto fuera poco, el Legislativo tampoco parece ir en la dirección correcta, que sería una reforma fiscal que elimine las excepciones (en ISR y en IVA) y que reduzca la dependencia de los ingresos petroleros, que rediseñen los programas de gasto, que elimine el dispendio de los recursos públicos, etc. ¿Qué posibilidades tenemos los mexicanos de que al final de esta crisis salgamos fortalecidos con una mejor estructura fiscal? Si consideramos la evidencia y las propuestas tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ninguna.
Para revertir esta situación se requiere un nuevo Contrato Social, en el cual todos aportemos y el Estado sea eficiente y transparente.
Es obvio que si observamos que todos los que deben pagar lo hacen, se eliminan las excepciones, se combate la evasión y, sobre todo, se gasta eficientemente.
La aceptación de sacrificar ingresos presentes, con sus consecuencias negativas en el corto plazo, a cambio de mayores ingresos y mejores niveles de vida en el futuro, será inmediata. Ojalá el Ejecutivo y el Legislativo reconsideren sus propuestas y tomen este camino.