“Parón” a la ley antimonopolios

La iniciativa de la Ley de Competencia será discutida hasta septiembre por el Senado: Héctor Moreno; el proyecto legislativo busca dotar a los agentes económicos de una mayor certeza jurídica.
camara-diputados-ntx  (Foto: Notimex)
Héctor Moreno Núñez*
CIUDAD DE MÉXICO -

La Ley de competencia económica sigue dando de que hablar. El 24  de diciembre de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una ley que se pensaba vendría a revitalizar al derecho económico mexicano. Se planteaba que la nueva ley sería fundamental para los abogados y juristas.

El problema que se presentaba, era cómo meter en cintura a las grandes empresas que, por el hecho de ser dominantes en el mercado, podían entrar en colusión con otras del mismo ramo y manipular tanto el precio como el abasto de los bienes y servicios que ofrecían. El objetivo de la ley, era disuadir la operación de monopolios y las consecuentes prácticas monopólicas, tanto absolutas como relativas; impedir que hubiera empresas que alcanzaran posiciones dominantes en el mercado relevante y, finalmente,  evitar las concentraciones de sociedades y empresas.

La flamante ley de aquél entonces, incorporaba normas de otros países así como jurisprudencia y opiniones de los abogados especialistas en la materia. Ciertamente, en México la legislación sobre competencia no era nueva del todo, ya que en diversas leyes se había tratado el tema, pero de manera aislada y sin una sistematización acorde con la relevancia del problema.

Al pasar el tiempo, nos dimos cuenta que la que se presentaba como panacea, no tenía los instrumentos disuasivos necesarios para impedir las conductas prohibidas por la ley. Se quedaba en las multas y otras medidas insuficientes, no se proponían sanciones penales y aunado a ello, la Comisión Federal de Competencia Económica, no tenía la facultad de investigación independiente, e imparcial para castigar a los agentes económicos que infringieran las conductas prohibidas por la ley. En algunos casos, por el bajo monto de las sanciones económicas, las empresas hacían un cálculo costo-beneficio y, ante el mayor rendimiento que les generaba el quebrantamiento de la ley, no tenían empacho en violarla. Cínicamente hacían previsiones de los costos de las multas que les impondrían y seguían tan campantes.

Esta situación generó la necesidad de que se dotara de "dientes" a la Comisión; todo mundo, estaba de acuerdo en que algo debía hacerse y que la ley vigente debía modificarse. Finalmente, después de muchas discusiones, el 28 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley de 1992.  La iniciativa de Ley aprobada por la Cámara de Diputados incluye modificaciones relevantes sobre la materia. Por lo pronto se endurecen las sanciones, al establecer multas que podrían llegar hasta un 10% de los ingresos acumulables e incluir la posibilidad de sanciones penales para directivos o empleados de la empresa que participen en prácticas anticompetitivas, considerando como tales el hecho de fijar precios depredadores o restringir el abasto. Se crea una instancia investigadora que tendrá por objetivo, la indagación de las posibles prácticas contrarias a la ley. Adicionalmente, se busca que el proceso tenga transparencia y publicidad, a través de las audiencias orales en las que los probables responsables o denunciantes puedan sostener o defender sus puntos de vista. A lograr ese mismo objetivo, se orienta la creación de Salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sirvan de instancia de impugnación frente a las resoluciones tomadas por la Comisión Federal de Competencia Económica. Se busca dotar a los agentes económicos de una mayor certeza jurídica.

La iniciativa, sin embargo, recibió un "parón" en la Cámara de Senadores donde no alcanzó a entrar para este período, debido a que todavía hay algunos puntos que afinar y será discutida hasta septiembre. Uno de los aspectos que todavía queda pendiente es la cuestión de si se le otorga autonomía constitucional, sacándola de la esfera del ejecutivo. Se considera también la posibilidad de otorgarle mayores atribuciones en materia de investigación y de sanción. Otro de los temas que se discutirían es la precisión en el cálculo de las multas que pudieran aplicarse por todo tipo de prácticas monopólicas absolutas, relativas o de falta de notificación de la concentración.

La ley ya entró al taller, parece que lo que se consideraba un servicio de rutina, implica una estancia más larga en el taller, y los puntos de vista de otros implicados. Es tiempo, también de que en este período de receso, los ciudadanos la conozcamos mejor y podamos externar nuestros puntos de vista; por lo pronto tenemos hasta septiembre.

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* El autor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Profesor Investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Profesor de Derecho de la Competencia Económica en la Maestría en Derecho de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tec de Monterrey Campus Estado de México.

Doctor en Derecho de Empresa por la Universidad Complutense de Madrid-U. Anáhuac, Maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac, Licenciado en Derecho por la UNAM. Licenciado en Administración y Ciencia Política por la UAM iztapalapa. Ha realizado estudios en la Escuela de Gobierno John F Kennedy, de la Universidad de Harvard y realizado estudios en la Universidad de British Columbia, en Vancouver. Ha cursado varios diplomados en materia financiera y política en el ITAM, la Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad Iberoamericana.

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