OPINIÓN: El ciudadano llegó para quedarse a la democracia mexicana

Probablemente sean los mecanismos de sanción los que deban perfeccionarse para generar una amenaza creíble a quien viole la ley electoral
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Mariana García
Autor: Mariana García | Otra fuente: 1
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Nota del Editor: Mariana García es investigadora de México Evalúa, un Centro de Análisis de Políticas Públicas. Colaboró en el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. Estudió Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con un Diplomado en Transparencia y Rendición de Cuentas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). La cuenta de Twitter de México Evalúa es: @mexevalua

(CNNMéxico) — Hace algunas semanas en un evento con organizaciones civiles escuché la siguiente frase: “No hay que olvidar que el centro de la acción pública es siempre el ciudadano”.

Nada me parece más acertado, pues si no fuera por la energía que la ciudadanía inyectó a la elección presidencial, seguramente este hubiera sido un proceso electoral sumamente desangelado.

No cabe duda que desde hace una década se ha gestado un proceso de ciudadanización de la política y esto ha sido más visible que nunca en las elecciones federales de 2012. ¿Cómo se coló el ciudadano en la agenda electoral?

Sucedió a través de la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil definiendo parámetros para la deliberación pública, presentando evaluaciones de la gestión gubernamental en todos los niveles de gobierno y cuestionando a los candidatos. Esta ciudadanía organizada y participativa ha obligado a los candidatos a definirse en torno a temas de interés público y ha decantado una agenda de país mucho más estructurada y sólida para el próximo gobierno.

A este esfuerzo desde organizaciones civiles independientes se sumó la participación del movimiento #YoSoy132, encabezado principalmente por jóvenes, pero enarbolado también por muchos ciudadanos que demandaron una mayor equidad y democratización en los medios de comunicación de cara a las elecciones que se celebrarán este 1 de julio.

La aparición de las redes sociales como espacios de transmisión de información y socialización de ideas, empleados y alimentados por ciudadanos, fueron un complemento a todos estos esfuerzos.

Por otro lado, serán nuevamente los ciudadanos quienes este domingo instalen las casillas, cuenten los votos y reporten los resultados de la elección en las actas. Uno de los más grandes avances de la historia democrática mexicana ha sido precisamente la posibilidad de celebrar elecciones libres y confiables. La existencia de un organismo público autónomo encargado de la organización del proceso electoral y de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos es una de las muestras más claras de civilización y vitalidad democrática.

La verificación del padrón electoral y de la lista nominal de electores por parte del Instituto Federal Electoral (IFE); la colaboración de capacitadores y supervisores electorales seleccionados en una convocatoria pública; la participación de ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla capacitados para recibir y contar los votos de sus vecinos; la vigilancia de las casillas por representantes de los partidos; la elaboración de material electoral infalsificable para garantizar seguridad y secrecía; la existencia de dos instrumentos para dar certeza a la publicación de resultados (el Programa de Resultados Electorales Preliminares —PREP— y el Conteo Rápido) y la realización de un cómputo distrital que dará inicio el 4 de julio, deben ser elementos que nos confieran confianza en la elección.

No obstante todo lo anterior, persisten condiciones o elementos que pueden contribuir a la desconfianza en el proceso.

Desde luego, existen muchos espacios de mejora en nuestro sistema político y de partidos. Por ello, mi preocupación personal sobre la equidad y certeza de estas elecciones no radica en el árbitro ni en la organización del proceso, sino en el excesivo gasto de campañas que, desde mi punto de vista, seguramente ha rebasado los topes permitidos por el IFE, así como en el retorno de la insaciable maquinaria de compra y coacción del voto (no exclusiva de ningún partido) que sustituye la voluntad ciudadana por el clientelismo.

Probablemente sean los mecanismos de sanción los que deban perfeccionarse para generar una amenaza creíble a quien viole la ley electoral.

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No sabemos todavía cuál será el comportamiento del ciudadano al momento de estar frente a la urna e incluso muchos todavía permanecen en la indecisión electoral. Sin embargo, existe una certeza absoluta en México: la participación ciudadana ha generado un entorno de exigencia y monitoreo cercano hacia quien sea declarado ganador en esta contienda presidencial. El ciudadano llegó para quedarse.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Mariana García.

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