OPINIÓN: Someter a los criminales con la ley pero respetando su integridad

México quiere romper la tradición de legitimar la política de seguridad a partir de los resultados anticrimen
Autor: General Óscar Naranjo Trujillo | Otra fuente: 1

Nota del editor: El general Óscar Naranjo dirigió la Policía Nacional de Colombia entre 2007 y 2012. Desde junio, es asesor en materia de seguridad del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Actualmente se desempeña como director del Instituto Latinoamericano de Ciudadanía del sistema Tecnológico de Monterrey, y es miembro de la Comisión negociadora de paz del gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

(CNNMéxico) — Tal como lo señalan distintos investigadores sociales, lo registran oficialmente los gobiernos y lo certifican los observatorios de violencia del continente, me parece que Latinoamérica atraviesa por una verdadera crisis humanitaria en materia de seguridad.

La violencia que se ha registrado en los últimos años ha llevado a la región a ocupar el primer puesto en el número de homicidios, totalizando cerca del 36% de las muertes violentas del planeta.

Resulta inadmisible que según el estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia de México, en el año 2011, varias ciudades latinoamericanas encabezaron la lista de violencia del mundo, entre ellas San Pedro Sula (Honduras), Ciudad Juárez (México), Maceió (Brasil), Acapulco (México) y Distrito Central (Honduras). Una realidad de muerte que tiene distintos orígenes y causalidades, pero que aparece fundamentalmente marcada por la presencia y la acción  estructural y sistemática del crimen organizado.

La marca del narcotráfico parece sellar un común denominador en los niveles de violencia en Latinoamérica.

La respuesta del nuevo gobierno mexicano, que lidera el presidente Enrique Peña Nieto, empieza a introducir en la política pública de seguridad, desde mi perspectiva, verdaderos cambios paradigmáticos cuando, por ejemplo, instala la política de seguridad pública como una política de Estado, lo que significa convertirla en un factor  incluyente, que reconoce esfuerzos del pasado y se proyecta más allá de los periodos gubernamentales. Lo mismo ocurre cuando afirma que su política le otorga a la sensibilidad por las víctimas una importancia trascendente, introduciendo un cambio singular que rompe la tradición de querer legitimar la política a partir de los resultados contra el crimen.

El gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto tiene igualmente conciencia de la importancia que significa para Centroamérica y el Caribe, asumir un liderazgo regional en materia de seguridad que quiebre las asimetrías institucionales y eleve las capacidades de sus vecinos, para enfrentar el desafío de la delincuencia transnacional.

Llama la atención que la nueva política de seguridad pública quiera apoyarse en una fórmula —que me parece simple pero al mismo tiempo reveladora— con la que se afirma que habrá un esfuerzo 80/20, es decir, 80% de enfoque en inteligencia y 20% de despliegue de fuerza armada.

Es verdad que en el caso mexicano, la crisis de confianza en las instituciones genera incertidumbres y escepticismo, pero lo cierto es que la reforma recientemente aprobada por el Congreso, que modifica la estructura orgánica y funcional del aparato de seguridad, es una señal clara de que el propósito del gobierno se funda en el liderazgo basado en principios de integridad, de control político y de rendición de cuentas a los ciudadanos.

Ninguna política, por eficaz que sea, asegura cambios de la noche a la mañana, sin embargo, de lo que estamos seguros es que el discurso centrado en la protección a la vida y a la libertad de los ciudadanos genera un primer impacto para humanizar el desempeño institucional.

La nueva política transmite un mensaje inequívoco para dar origen a un punto de inflexión que signifique una reducción de la violencia.

Los delincuentes deberían entender que una política como la que ha expresado el presidente Enrique Peña Nieto, reconoce que su obligación es someterlos al imperio de la Ley, respetando su integridad y el debido proceso.

No estamos frente a una lógica de guerra que contempla al delincuente como enemigo a vencer, sino frente a una lógica política que busca que la ley sea el instrumento que garantice la convivencia pacífica.

La comunidad internacional y muy particularmente la sociedad mexicana, considero, valoran los esfuerzos iniciales del gobierno, que se han formalizado en el llamado Pacto por México y que incluyen el tema de la seguridad. El pacto es garantía de que la dirección, la implementación y resultados de la política de seguridad pública, han sido concebidos con criterios de pluralidad, inclusión y de sostenibilidad social. Al final, en nuestra opinión, esto, lo que significa, es que la seguridad representa para el gobierno un valor democrático que está en la base de la cohesión social, la equidad y la prosperidad de la ciudadanía.

Un enfoque integral de seguridad que combina la aplicación sin vacilaciones de la ley, la prevención social, el desempeño institucional sobre principios de integridad y la participación ciudadana, son aspiraciones que, articuladas de manera eficaz, auguran buenos tiempos para México y Latinoamérica.

Buenos tiempos que se conjugan con la iniciativa de líderes mexicanos que están haciendo florecer organizaciones como el Instituto Latinoamericano de Ciudadanía del Sistema Tecnológico de Monterrey, que espera ser un multiplicador de buenas prácticas ciudadanas, sobre la base de que una ciudadanía comprometida, transforma  comunidades y en todo caso, fortalece y eleva la calidad de nuestra democracia.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente al General Óscar Naranjo Trujillo.

Ahora ve
No te pierdas