OPINIÓN: Con Peña, los derechos humanos viajan en tercera clase en México

Pese a la nueva imagen que presentó en el gobierno federal, no se han cumplido las promesas para terminar con violaciones a derechos humanos
México busca un sistema judicial ‘más humano’
Autor: Javier Zúñiga | Otra fuente: 1

Nota del editor: Javier Zúñiga es asesor especial para Amnistía Internacional, organización que se moviliza para realizar labores de acción, educación, promoción e investigación centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos humanos de individuos y grupos alrededor del mundo y en México. Sigue la cuenta de Twitter @AIMexico.

(CNNMéxico) — Ha pasado un año desde que Enrique Peña Nieto llegara al poder. Él representa un nuevo rostro del antiguo Partido Revolucionario Institucional (PRI), la maquinaria política que gobernó México durante más de 70 años.

Con una imagen cuidada de un político joven y profesional, Peña Nieto inició su mandato con el anuncio de múltiples iniciativas de reforma que abarcaban diversos aspectos de la vida en el país. Defendió estas nuevas políticas como la vía para subir a México en el tren de modernidad y la prosperidad.

Uno de los compromisos tomados por Peña Nieto hace un año fue el de terminar con el ciclo de violencia y violaciones a los derechos humanos que caracterizó a la administración de Felipe Calderón, pero considero que tristemente no ha cumplido esta promesa. En el tren de Peña Nieto, hasta el momento, considero que los derechos humanos han viajado en tercera clase.

Esta es una historia que la sociedad mexicana conoce muy bien. Un nuevo gobierno llega al poder haciendo promesas de que protegerá los derechos humanos, y nuevamente, se rehúsa a invertir el capital político necesario para marcar una diferencia real, y otra vez, la palabra dominante en toda la historia es la impunidad.

Si uno habla con los portavoces del gobierno sobre de derechos humanos, ellos probablemente se jactarán de una presunta reducción de la violencia relacionado con el narcotráfico, la implementación del Ley Nacional de Víctimas, el programa Nacional de Derechos Humanos, las instrucciones dadas por el presidente a las fuerzas armadas prohibiéndoles el uso de la tortura, la publicación de cifras sobre desapariciones o la creación, dentro de la Procuraduría General la República (PGR), de una unidad especializada para la búsqueda de personas.

Pero muchas de estas afirmaciones no han logrado impacto alguno y se han quedado más en los buenos deseos que en resultados claros. En el día a día, la falta de respeto por los derechos humanos es una realidad mucho más oscura que la que las autoridades pretenden proyectar.

Entre la última semana de julio y la primera semana de agosto de este año, testigos reportaron cómo integrantes de la Marina detuvieron a José de Jesús Martínez, Diana Laura Hernández Acosta, David Álvarez Gutiérrez y Armando Humberto del Bosque, en tres incidentes separados.

Esos incidentes tuvieron lugar en distintas áreas de Nuevo Laredo y sus alrededores, en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, al norte del país. Esta región del país ha sufrido altos niveles de violencia asociados a la fuerte presencia de grupos del crimen organizado y de las fuerzas armadas. Solo uno de los cuatro fue visto nuevamente, Armando Humberto del Bosque, cuyo cuerpo fue descubierto el 3 de octubre.

A pesar de la evidencia que señalaba a integrantes de la Marina en estas desapariciones, las autoridades navales han negado su participación en tales hechos.

El Estado mexicano ha fallado en conducir una investigación exhaustiva e imparcial y se ha limitado a respaldar la posición de la Marina. La PGR ha desechado la evidencia aportada por los testigos, e incluso la aportada por la policía.

El padre de una de las víctimas de desaparición en Nuevo Laredo dijo a Amnistía Internacional: "Ellos no han hecho nada para investigar la muerte de mi hijo. Ni siquiera salen de sus oficinas, no han avanzado nada".

Dos años después de haber sido detenida, torturada, violada y obligada a autoinculparse falsamente en un caso de tráfico de drogas, Miriam López aún espera justicia. La historia de Miriam es una historia más de las que día con día desafían el maquillado discurso de la administración de Peña Nieto en materia de derechos humanos.

El despliegue del personal militar para realizar funciones de seguridad pública a lo largo del país ha continuado, sin que se den pasos elementales para fortalecer la rendición de cuentas. Hasta el momento el gobierno ha fallado en reformar el sistema de justicia militar para garantizar que sean instancias civiles quienes investiguen y juzguen las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

Me gustaría poder terminar aquí, pero nuestra lista de preocupaciones sobre derechos humanos se extiende más allá de casos de desaparición y tortura.

A lo largo del último año, la brutalidad policial y las detenciones arbitrarias que tuvieron lugar durante manifestaciones continúan sin castigo, la violencia en contra de las mujeres continúa siendo generalizada al tiempo que la sociedad civil ha denunciado un aumento en los feminicidios en varios estados.

Los graves abusos contra las personas migrantes ha continuado, y muy pocos de los responsables —ya sean integrantes del crimen organizado o funcionarios públicos— han rendido cuentas.

Como señaló el padre Alejando Solalinde, un destacado defensor de los derechos de migrantes, "los migrantes son una prioridad en el discurso oficial, pero en la realidad lo que ocurre son abusos y negligencia. Una total ineptitud".

Las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo, continúan enfrentándose a una creciente ola de ataques y amenazas. Entre tanto las investigaciones sobre estos casos no han ido a ningún lado y el recientemente creado Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es apenas operativo.

Estos son solo algunos de los problemas críticos de derechos humanos que las autoridades han pasado por alto. Otros, como la incapacidad para hacer rendir cuentas a las personas responsables de los crímenes del pasado, parecerían estar siendo deliberadamente ignorados.

En octubre pasado, integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamaron al gobierno mexicano a implementar una serie de acciones para mitigar la crítica crisis de derechos humanos que enfrenta el país.

Sin embargo, las autoridades decidieron esperar hasta marzo del próximo año para anunciar qué recomendaciones de la comunidad internacional serán aceptadas. En otras palabras, las acciones para detener la grave tragedia de derechos humanos pueden esperar.

Una tras otra, el gobierno mexicano ha dejado pasar las oportunidades para hacer una diferencia en cuanto a derechos humanos.

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México necesita una transformación en las políticas de este gobierno sobre derechos humanos. Transformaciones que se necesitan ya. Puede ser que el tren de Peña Nieto viaje hacia adelante en algunos aspectos, pero mantener a los derechos humanos viajando en la tercera clase, significa mantener allí a amplios sectores de la sociedad que permanecerán ignorados y atrapados en esta trágica crisis y sus continuos compromisos sobre poner a los derechos humanos en el centro de su política continuarán siendo solamente palabras huecas.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Javier Zúñiga.

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