El lado oscuro de la reforma financiera

La reforma financiera, un grupo de 33 leyes modificadas y una nueva –la de Agrupaciones Financieras-, forma parte del grupo de reformas estructurales que el Ejecutivo acordó el año pasado con los partidos políticos en el marco del Pacto por México.

Esta reforma busca dar más crédito y más barato a los mexicanos. Está bien diseñada para alcanzar tal objetivo a través de avanzar la eficiencia en la recuperación de préstamos. El problema radica en el nuevo mandato de la banca de desarrollo para detonar el crédito.

Pareciera ser que el mecanismo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito (Artículos 31y 65) va a permitir soltar el crédito en forma ligera a favor de Pymes inviables. Esto pudiera servir para generar una situación de bienestar artificial inmediata, ganar elecciones y pasar la cuenta de la fiesta al contribuyente después de 2018.

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De acuerdo con el presidente, el objetivo de la reforma es detonar el crédito competitivo. La falta de crédito barato es un problema que afecta la capacidad de desarrollo y crecimiento del país. En México, la penetración del crédito es muy baja. La banca solo presta a los particulares el 26.2% del PIB -en Latinoamérica esta cifra es en promedio de 50% y en Chile de 100%-. Este porcentaje equivale al 43% de los activos de la banca. De estos, solo el 3.3% se destina a las Pymes, que paradójicamente son las generadoras del 74% del empleo.

El crédito también es caro. Los bancos mexicanos prestan a tasas de 2 dígitos. En el caso de las tarjetas de crédito (una fuente muy importante de financiamiento de las Pymes) el costo total del crédito es de entre 42% y 82%. En contrapartida, el interés de los créditos al sector productivo formal es de aproximadamente 11% para grandes empresas y 15% a Pymes -más comisiones-.

Costos legales

Lamentablemente, a decir de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solo el 32% de las empresas cuentan con un crédito bancario. Esto en parte a que la mayoría de las micro y pequeñas empresas viven en la informalidad y no son sujetas de crédito.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2012, son los costos legales (escrituración del crédito ante notario –con la correspondiente inscripción de garantías- y los de requerimiento extrajudicial y de ejecución del empréstito) la razón principal que explica el problema de acceso al crédito competitivo. Los acreedores en México gastan cerca del 32% de la suerte principal del crédito en recobrarlo judicialmente. En Estados Unidos esta cifra es de 9%.

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Sin embargo, a decir de Banco de México, el riesgo –y en consecuencia los costos legales para mitigarlo- solo explican el 44% de la tasa de interés a la que prestan los bancos. El otro 38% es resultado de los costos administrativos y utilidades –cuyos montos son propios de monopolios- y el 18% restante se explica por el costo de fondeo.

La reforma financiera básicamente busca atacar el tema del riesgo y de alguna manera fomentar la competencia para reducir el segundo rubro de costos. Por razones de espacio, aquí no trataremos el problema de la competencia, que no es menor y que está en proceso de investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica conforme a lo mandatado al respecto en la reforma financiera.

La cuestión de los costos legales busca ser resuelta en la reforma financiera, en parte, a través del uso de garantías estatales otorgadas por los bancos de desarrollo a favor de la banca privada para garantizar créditos a las Pymes. Para tal fin, permite que estas instituciones de crédito operen con déficit operacional (artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito).

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También permite obviar las restricciones prudenciales en el otorgamiento del crédito previstas en el artículo 65 de esa ley, cuando los méritos del proyecto lo justifiquen o si las circunstancias demandan la intervención del estado.

Focos de alerta

Aquí nos preocupan varios aspectos. Las mayoría de las Pymes en México no están preparadas para recibir crédito y viven brevemente (80% mueren en sus primeros 2 años de vida) y en la semi-informalidad.

Los bancos del estado tradicionalmente han sido sujetos a presiones políticas para otorgar préstamos por razones electorales más que por méritos crediticios.

El extinto Fideicomiso Liquidador (Fideliq) era el Fobaproa del Gobierno encargado de sanear a la banca de desarrollo mediante la compra de malos créditos y con un costo presupuestal considerable. El hecho de que ahora se les permita dar créditos con base en objetivos de desarrollo, si bien suena positivo, abre la puerta a una discrecionalidad que los políticos saben aprovechar con fines electorales. Esto pudiera reeditar al Fideliq. Además, el mensaje pareciera ser que todos debemos apresurarnos a montar una Pyme para que nos regalen dinero.

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En conclusión, la reforma financiera tiene un lado oscuro: busca incentivar el crédito por parte de la banca comercial en forma artificial a través del uso de garantías de la banca de desarrollo.

En caso de que los programas de garantía no estén bien armados, existe el riesgo de que la banca comercial suelte desbocadamente el crédito descansando en el respaldo estatal; es decir, con cargo a los contribuyentes.

Mucho de ese dinero pudiera irse, como en el pasado, para apoyar grupos de interés por razones electorales más que de desarrollo. Esperemos que esta reforma sirva realmente para el desarrollo y no para ganar la próxima elección.

*El autor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Políticas Comparadas y en Política Social, Planeación y Desarrollo por la London School of Economics and Political Science. Actualmente es Investigador del  Centro de Estudios Espinosa Yglesias  y profesor en el  Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no representan necesariamente los criterios del CEEY, del ITAM ni de CNNExpansión.