OPINIÓN: El reto de vincular a las instituciones electorales en México

La modificación constitucional y legal de 2014 resuelve muchas de las redundancias que exiistían en el sistema electoral mexicano
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Autor: Yuri Beltrán Miranda | Otra fuente: 1

Nota del editor: Yuri Beltrán Miranda es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) y licenciado en Economía (UNAM); cuenta con estudios en Geografía Electoral, Análisis Político Estratégico y Democracia en América Latina. Es especialista en temas de voto extraterritorial. Síguelo en su cuenta de Twitter: @yuribeltranm

(CNNMéxico) — Si la reforma 2007 fue definitoria para el modelo de comunicación política, la de 2014 lo es en cuanto a la conformación de un sistema nacional electoral. Nunca antes el país había requerido de sus instituciones electorales a tales niveles de articulación y coordinación.

El proceso democratizador mexicano alcanzó concreción en los años noventa, cuando cristalizaron instituciones como el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (antes Federal Electoral) y – posteriormente -  similares autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales en las entidades federativas. Todo ello resultó en aquel conglomerado de 33 sistemas electorales que coexistieron en el país hasta la reforma constitucional de 2014.

Ese arreglo funcionó de manera estable, produciendo mapas multicolor inéditos en la democracia mexicana hace apenas unas décadas. Además, diversificó el origen de prácticas institucionales, con lo que se multiplicaron las posibilidades de lograr buenas experiencias. Es el caso, por ejemplo, de la plantilla braile para votar, o del voto migrante por internet, ambas contribuciones del Instituto Electoral del Distrito Federal.

No obstante, también produjo algunas redundancias, propias de la coexistencia de sistemas orientados hacia objetivos tan parecidos. Dos ejemplos son ilustrativos:

1.Hubo casos donde en un mismo estado, las elecciones federal y local se llevaban a cabo en el mismo año pero en fechas separadas.

2. En otros casos (elecciones concurrentes) las elecciones federal y local se llevaron a cabo en fechas idénticas, pero con la instalación de dos casillas separadas en cada lugar. Es decir, innecesariamente se requirieron más funcionarios de casilla de los que hubieran sido necesarios.

La modificación constitucional y legal de 2014 resuelve muchas de esas redundancias, sin sacrificar la riqueza que aporta la pluralidad de instituciones locales. Demanda que los institutos electorales del país actúen en forma coordinada, pero no pone en riesgo su autonomía o independencia.

Así, en las próximas semanas cada uno de los organismos públicos locales electorales (OPLES) con elecciones en 2015 habrá de negociar con el Instituto Nacional Electoral (INE) su convenio de colaboración. Si bien estos se suscriben cada vez que hay elecciones (para efectos de obtener el listado nominal), en esta ocasión tendrán características únicas.

Entre otros aspectos, INE y OPLES habrán de precisar cómo compartir gastos para instalar "casillas únicas" en las que los mismos ciudadanos habrán de computar los votos de la elección federal y local.

Pero la construcción de un sistema nacional electoral no se limita únicamente a la eliminación de redundancias. Hay efectos multiplicadores cuando instancias de diversa índole articulan sus esfuerzos. Es el caso de la construcción de cultura cívica que resultará mucho más eficaz en la medida en que organismos federal y locales establezcan tramos de acción para objetivos similares.

El signo de la reforma electoral 2014 está dado entonces por la vinculación de las instituciones electorales. Es claro que el momento reclama que éstas se coordinen entre sí, pero va más allá. Es necesario que los organismos públicos electorales locales trabajen con otras instituciones públicas, universidades, organizaciones sociales y centros de investigación.

En la medida en que los OPLES logren establecer esquemas de colaboración con actores extra institucionales con trabajo académico o social en materia electoral, se estará potenciando un trabajo que todavía tiene mucho por hacer en términos de hacer eficiente el uso de recursos y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En paralelo, podrán fortalecer sus propios procesos, al confrontarlos con referentes académicos y sociales.

Bienvenido el reto de la vinculación a las instituciones electorales del país.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Yuri Beltrán Miranda.

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