OPINIÓN: Desapariciones forzadas, de lo evidente a lo absurdo

Durante años la sociedad mexicana y las autoridades han actuado con comodidad y en silencio frente a las deficiencias del Estado de Derecho
Procuradora se reúne con la CIDH
Autor: Lilia Aguilar | Otra fuente: 1

Nota del editor: Lilia Aguilar es diputada federal por Chihuahua, tiene una maestría en Administración Publica por la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, y en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey; Licenciatura en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey.

(CNNMéxico)- Durante años la sociedad mexicana y las autoridades han actuado con comodidad y en silencio frente a lo evidente: las deficiencias del Estado de Derecho. Así también nos hemos tapado los ojos frente a hechos que pasan de lo inverosímil para caer en lo absurdo, y que en otros países hubiesen significado, al menos, la renuncia de más de una autoridad. 

Hoy, las evidencias de afectaciones graves a los derechos humanos salen a flote en zonas focalizadas del país, pero son reflejo también de lo que está pasando en muchas otras. Estas evidencias se traducen en una serie de promesas para fortalecer las instituciones y evitar que se repitan este tipo de tragedias. Así, podemos enlistar lo que todavía son buenos deseos, por ejemplo, expedición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; así como, siete iniciativas en la materia.

La deuda jurídica se encuentra presente desde el 2002, cuando México se suscribió a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, comprometiéndose a expedir legislaciones para prevenir, tipificar y sancionar la compleja conducta jurídica denominada desaparición forzada. En 2011, tras la visita de un Grupo de Trabajo sobre la desaparición forzada o involuntaria en México, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, se volvió a poner el dedo en la llaga, indicando en sus conclusiones que no existe una política pública integral y un marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desaparición forzada.

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Pese al gran retraso, se percibía un cambio en el panorama político tras protestas ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual llevó al Gobierno de la República a prometer, el 3 de febrero del presente año, que para junio, a más tardar, México contaría con una Ley General sobre Desapariciones Forzadas; sin embargo, no hubo gran avance.

Tuvo que ser el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el que, en reunión con la Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados el pasado 11 de marzo, puso por fin en marcha el aparato legislativo al urgir a los diputados su aprobación.

El camino es tortuoso, incluye al menos una modificación a la Constitución, lo que implica la participación también de los congresos locales. Además y dada la cantidad de actores involucrados y la relevancia del tema, propuse que la Comisión de Justicia se reúna con los Expertos Independientes, con los integrantes de la Comisión Especial de Ayotzinapa, con Amnistía Internacional y con gente de la ONU.

Otro reto será la unión de voluntades en el legislativo para analizar, procesar y aprobar la Ley, en tiempo y forma. Para ello, es indispensable contar con el firme compromiso de todas las fuerzas políticas, al tiempo que establezcamos plazos concretos para evitar que las palabras se las lleve el viento.

La discusión no será menor, ya que se demanda un análisis puntual de la iniciativa a modo de garantizar la seguridad jurídica de las víctimas, una tipificación clara para una impartición de la justicia eficaz, dejar clara la responsabilidad del Estado mexicano y de la cadena de mando ante la comisión del delito, un registro claro y transparente, establecer la desaparición forzada como delito de lesa humanidad y, sobre todo, fijar los mecanismos adecuados para la atención, investigación y sanción de los delitos, garantizando su aplicabilidad tanto en la federación como en las entidades de la República.

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En suma, es hora de ponernos a trabajar, la jarra ya está llena y el derrame está en proceso.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Lilia Aguilar .

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