OPINIÓN: Reunión de la OEA en México, la cita que busca reconciliar posiciones

Nota del editor: Rina Mussali es analista, internacionalista y conductora de Vértice Internacional en el Canal del Congreso. Síguela en su cuenta de Twitter: @RinaMussali. Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de su autora.

(Expansión) – Por primera ocasión en su historia, México hospeda la Asamblea General de la OEA del 19 al 21 de junio en Cancún, una cita de alto calibre para la diplomacia mexicana que no puede desvincularse de tres hechos significativos: la llegada de la furia populista a Washington con Donald Trump en la Casa Blanca, el retiro de Venezuela de la OEA, que ha generado un parteaguas político al interior de la organización, y el vacío que ha dejado Brasil en la política hemisférica por sus problemas internos y los reclamos de ponerle fin a la presidencia dudosa de Michel Temer.

En este camino no exento de dificultades, México ha buscado inscribir a la OEA en el carril de la vanguardia para sacudirse del contexto de la Guerra Fría e insertarla bajo los nuevos condicionantes que impone el siglo XXI.

El camino de la actualización y renovación que se torna más complejo a la hora de lidiar con los divisores políticos, económicos e ideológicos que se palpan entre los países que conforman la Alianza del Pacífico y el Mercosur, así como el surgimiento de otros organismos regionales que perfilan la arquitectura continental sin la participación de Estados Unidos y Canadá.

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Pese a que México ha defendido políticamente a la organización, su proceso de revitalización y encabezó el esfuerzo de definir su visión estratégica, el organismo hemisférico llega muy debilitado a Cancún, no solamente por las disensos políticos sino por el financiamiento austero y deficiente que prevalece en la organización, pese al incremento de 3% de las cuotas para el año 2017.

Las voces discordantes se hacen sentir. Mientras que algunos países tildan a la OEA de vieja, desgastada y moribunda otros la miran con aires renovados y potencialidad para adaptarse a los nuevos tiempos que marca la geopolítica global.

nullEn este contexto, el organismo hemisférico padece de varios males: la campaña de indiferencia que ha orquestado Estados Unidos en su contra y que hoy tiende a agudizarse por la política aislacionista, unilateralista, nativista y localista de Donald Trump, quien ha decidido abandonar el Acuerdo de París para combatir el cambio climático, amenaza con retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ausentado de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el órgano principal de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos.

Otro escollo que enfrenta la OEA ha sido la cruzada de desprestigio y hostilidad que han practicado las naciones que integran la Alianza Bolivariana comandada por Venezuela, una ofensiva abierta de los gobiernos chavistas que han cuestionado su trabajo, funcionamiento y alcances.

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El país andino se ha desvinculado del sistema interamericano de derechos humanos y ha buscado suplantar con otras propuestas regionales el organismo hemisférico en el que participa Washington y Ottawa. En fechas recientes el gobierno de Nicolás Maduro dio un paso mayúsculo al haberse retirado voluntariamente de la organización ante la activación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que convoca al Consejo Permanente a evaluar la situación del país y adoptar medidas que considere pertinente, entre ellas la permanencia o no dentro del organismo.

El paisaje político multicolor, la pluralidad de posiciones y la heterogeneidad social de los países del hemisferio se ha visto reflejada en el caso venezolano. Los consensos no llegan y el desacuerdo entre grupos de países obligó a suspender la reunión de cancilleres del 31 de mayo y reanudar consultas hasta el próximo 18 de junio.

El descalabro es evidente entre dos bloques disímiles que respaldan posiciones antagónicas: México, Estados Unidos, Perú, Canadá y Panamá que han asumido una posición muy crítica frente al gobierno de Nicolás Maduro y los países del Caribe que han formado equipo para boicotear las resoluciones contra Venezuela y evadir los rasgos autoritarios del régimen, el favor que se paga en el marco de la diplomacia del oro negro que practicó Hugo Chávez y que encontró su máxima expresión en Petrocaribe.

Bajo este escenario de alto voltaje se celebra la Asamblea General de la OEA en México, la cita que busca reconciliar posiciones y que pudiera abonar hacia un mayor aislamiento de Caracas, la exclusión que se sustenta en la nueva correlación de fuerzas políticas que se despliega en el Cono Sur bajo las presidencias de Michel Temer y Mauricio Macri.

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Han sido los nuevos equipos de trabajo de Brasil y Argentina, quienes han avalado la suspensión de Venezuela del Mercosur y comprometido a reinsertar a este bloque de integración económica regional en los circuitos comerciales internacionales, incluso, sostienen la ambición de trabajar bajo la lógica de la convergencia con la Alianza del Pacífico.

Mientras que el organismo hemisférico busca conciliar posiciones, el deterioro en Venezuela avanza de manera alarmante. La crisis política, económica, humanitaria e institucional ha sumido al país en una extrema polarización que lo ha llevado a un clima de manifestaciones y protesta social.

nullLa OEA no puede ser caso omiso de la suspensión del referendo revocatorio, el aplazamiento de elecciones regionales, la detención de opositores y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir funciones del poder legislativo. Todas ellas acciones que se alejan de la práctica democrática y que reafirman la vocación autoritaria y dilatoria del chavismo, a propósito de prolongar su estancia en el poder.

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De nueva cuenta, la convocatoria a celebrar una Asamblea Nacional Constituyente ha agrietado al poder chavista y avivado la flama opositora, aquella que acusa al régimen de amenazar la celebración de las tan anheladas elecciones presidenciales del 2018.

Luisa Ortega, la fiscal general, presentó un recurso de nulidad frente a la Constituyente, la voz disidente dentro del oficialismo a la que se ha unido Vladimir Padrino, jefe de las fuerzas armadas nacionales bolivarianas (FANB), quien ha buscado deslindarse de la represión en contra de los manifestantes, otro quiebre de la mayor envergadura al interior de la maquinaria chavista.

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