Juicios políticos, los otros procesos que esperan a Javier Duarte

El presunto uso electoral de programas sociales, las muertes de periodistas y las irregularidades en el gasto público han motivado solicitudes para enjuiciar al priista.
Esta semana, Duarte pidió licencia para separarse del cargo. Según dijo, su objetivo es facilitar las investigaciones en su contra.
Maniobras  Esta semana, Duarte pidió licencia para separarse del cargo. Según dijo, su objetivo es facilitar las investigaciones en su contra.
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Javier Duarte, el ahora gobernador con licencia de Veracruz, no sólo enfrenta investigaciones y posibles procesos administrativos y penales. También encara solicitudes de juicio político que los partidos de oposición quieren impulsar en el Congreso.

El diputado panista Jorge Triana, integrante de la Subcomisión de Examen Previo, informó el miércoles que, tan sólo en los últimos tres años, el Poder Legislativo recibió cuatro peticiones para que se iniciara un proceso contra Duarte. "Vamos a empujar con toda determinación y con toda energía estos juicios políticos que tenemos atrapados", dijo.

Como él, otros diputados que integran la subcomisión, el órgano encargado de revisar las solicitudes, han dicho que buscarán que Duarte no quede impune en este terreno.

Mientras las responsabilidades administrativas y penales son determinadas por órganos de fiscalización y de procuración y impartición de justicia, las políticas corresponden al Congreso. Un funcionario sometido a un juicio de este tipo puede ser destituido o inhabilitado por cometer faltas como violar gravemente las garantías individuales y sociales, impedir el voto libre o incumplir con los principios constitucionales (por ejemplo, manejar responsablemente los recursos públicos).

Estos son los temas por los cuales la oposición quiere llevar a Duarte al banquillo.

Uso electoral de programas sociales

Mientras el proceso electoral de 2013 estaba en marcha, los diputados del PAN presentaron una solicitud de juicio político contra Duarte, bajo el argumento de que su administración usaba el dinero de programas sociales con fines electorales.

La queja también iba dirigida contra la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien, junto con Duarte, se le acusaba de buscar favorecer a candidatos del PRI en alcaldías y diputaciones locales.

El documento fue presentado luego de que se dieran a conocer audios en los que se escuchaba a funcionarios federales hablar de cómo podrían comprar votos a través de Oportunidades, Seguro Popular, la Cruzada contra el Hambre y 65 y Más. A raíz del caso, siete servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fueron destituidos.

Periodistas asesinados

Tras el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, en la Ciudad de México, los diputados perredistas Fernando Belaunzarán y Miguel Alonso Raya presentaron una solicitud de juicio político contra Duarte por las muertes de periodistas en la entidad.

“Consideramos que hay un conjunto de violaciones graves por parte del gobernador de Veracruz a la Constitución Política en materia de derechos humanos, y a las leyes federales sobre protección de las víctimas, de periodistas, de seguridad pública y ejercicio de los recursos federales”, dijo Alonso Raya a mediados de 2015.

De acuerdo con la organización civil Artículo 19, Veracruz es la entidad con más muertes de periodistas desde el año 2000. Hasta ahora suma 21 casos, de los cuales 17 se registraron en el mandato de Duarte (2010-2016).

Corrupción e inseguridad

En marzo pasado, diputados del PAN y del PRD presentaron otra solicitud de juicio político contra Duarte, en este caso, por los desfalcos millonarios atribuidos al gobernador y las violaciones a los derechos humanos cometidas en su gestión.

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“Venimos a presentar formal denuncia por hechos y conductas probablemente contrarias a los intereses públicos fundamentales", indicó la bancada panista en un comunicado.

El diputado Enrique Cambranis, del PAN, dijo entonces que, entre 2011 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de 35,000 millones de pesos por parte del gobierno veracruzano. Por ese motivo, el organismo ha presentado alrededor de 40 denuncias penales.

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