Más inversiones y más inseguridad: así queda Puebla con Moreno Valle

El panista termina su mandato este 31 de enero con un saldo que incluye la atracción de empresas al estado, pero también altos índices delictivos y de pobreza, así como violaciones a derechos humanos.

Atracción de inversionistas

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La planta  La empresa alemana Audi invirtió 1,300 millones de dólares en instalaciones para fabricar su camioneta Q5.  (Foto: Cuartoscuro)

ELVIA CRUZ

Rafael Moreno Valle, quien asumió el gobierno estatal el 1 de febrero de 2011, asegura que durante su mandato se lograron atraer a Puebla inversiones por 5,147.4 millones de dólares. Este monto es 59.5% más de lo que hubo en el sexenio de su antecesor, el priista Mario Marín, según datos de Inversión Extranjera Directa presentados por la Secretaría de Economía (SE).

Tan sólo la compañía alemana Audi invirtió 1,300 millones de dólares en el municipio de San José Chiapa, para una planta en la que se fabrica la camioneta Q5. No obstante, para convencer a los alemanes el gobierno poblano gastó 18,000 millones de pesos en obras de infraestructura que facilitaran la instalación de la fábrica.

Además, la administración de Moreno Valle destinó recursos a atractivos turísticos como una Rueda de Observación, un teleférico, museos y pueblos mágicos, lo que duplicó la cifra de turistas y la derrama económica para la entidad.

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también dan cuenta de que en el periodo de Moreno Valle se generaron 576,699 empleos formales.

Deuda en entredicho

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¿Obras sin dinero prestado?  El gobernador saliente asegura que no recurrió a deuda para ejecutar obras públicas; sin embargo, especialistas y opositores dicen que ocultó endeudamiento a través de fideicomisos privados.  (Foto: Cuartoscuro)

Moreno Valle afirma que durante su gobierno la deuda pública bajó de 9,105 millones de pesos a 8,363 millones de pesos. Incluso, el gobernador saliente sostiene que logró hacer grandes obras “sin pedir un solo peso prestado”.

Tales son los datos que consigna la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero especialistas y legisladores federales advierten que esas no son las cifras reales.

Una investigación realizada por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que los pasivos llegan a los 70,000 millones de pesos, pues el gobierno de Moreno Valle recurrió a fideicomisos privados para financiar sus obras. En particular, la indagatoria se refiere a uno manejado por la empresa Evercore —propiedad del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe—, en el cual, se acusa, la administración del panista se comprometió a que el estado deposite los ingresos por Impuesto Sobre Nómina (ISN) durante los próximos 50 años.

Expansión buscó a Evercore para obtener más información sobre el contrato que tiene con las autoridades estatales. En respuesta, la compañía indicó que los datos sobre la administración del ISN debe darlos el propio gobierno poblano.

Sin embargo, el equipo de Moreno Valle no ha transparentado la forma en la que se constituyó dicho fideicomiso ni cómo operará.

Sin avances en pobreza

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Carencias  Según el Coneval, seis de cada 10 poblanos carecen de al menos un servicio básico.  (Foto: Cuartoscuro)

En estos últimos años, Puebla logró pasar del tercer al cuarto lugar nacional en población en condiciones de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Sin embargo, el número de pobres aumentó, al pasar de 3 millones 878,000 personas en 2012 a 3 millones 958,000 en 2014.

A esto se suma que en Puebla —el quinto estado más poblado del país, con 5.7 millones de habitantes— 64.5% de la ciudadanía carece de cuando menos un servicio básico, de acuerdo con el propio Coneval.

Inseguridad al alza

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Violencia en Puebla  En 2016, en Puebla se registraron 590 homicidios dolosos, según cifras oficiales.  (Foto: Cuartoscuro)

En inseguridad pública, el gobierno de Moreno Valle no logró reducir la incidencia delictiva. Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señalan que en su sexenio se han registrado 440,489 casos, entre homicidios, robos, violaciones y secuestros.

Durante la administración de Mario Marín fueron 354,566, es decir, 24% menos que con el gobernador panista.

Tan sólo en 2016, en Puebla se registraron 1,215 homicidios, de los cuales 590 fueron dolosos, de acuerdo con las estadísticas del SNSP. Además, autoridades locales reconocen que al menos fueron asesinadas 76 mujeres; de esos casos, 45 fueron catalogados como feminicidios, crímenes en los que la víctima fue asesinada sólo por el hecho de ser mujer.

A todo lo anterior se suma que, en el último año, Puebla se ha convertido en el centro de una lucha entre bandas de ladrones de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). La fiscalía estatal advierte que el grupo delictivo de Los Zetas está detrás de estas disputas.

Lee: El tianguis de Puebla donde la gasolina robada se vende a 9 pesos el litro

Contrastes en derechos humanos

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La tragedia  El enfrentamiento de julio de 2014 terminó en la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo y cientos de heridos.  (Foto: Cuartoscuro)

Organizaciones como Mexicanos Primero señalan que el gobierno de Puebla es uno de los que más han trabajado en la aplicación de la reforma educativa, que se echó a andar en 2013 para obligar a los profesores a someterse a evaluaciones periódicas y con ello, según las autoridades, contribuir a que mejore la calidad de la educación.

Sin embargo, otros organismos públicos y civiles advierten problemas en el respeto a otros derechos en la entidad.

En particular señalan el caso Chalchihuapan, como se conoce el enfrentamiento que ocurrió el 9 de julio de 2014 entre manifestantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales.

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A raíz de esos hechos murió un menor, nueve personas sufrieron mutilaciones y cientos más resultaron heridas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió entonces que los agentes habían incurrido en uso excesivo de la fuerza y emitió una recomendación al gobierno de Moreno Valle.

El funcionario aceptó el documento y prometió tomar acciones, como echar atrás las normas que regulan la actuación de la policía en manifestaciones, pero a la fecha la sombra de esa tragedia todavía pesa sobre su administración.

El ‘blindaje’ y la aspiración

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¿Derecho a la libre expresión?  A finales del año pasado, el poblano arremetió contra el INE, al que acusó de limitar la libertad de expresión por impedirle promocionarse en medios.  (Foto: Cuartoscuro)

Los críticos de Moreno Valle le reclaman haberse construido un blindaje institucional similar al que intentaron hacerse otros ahora exgobernadores, como César Duarte, de Chihuahua, y Roberto Borge, de Quintana Roo.

Argumentan que, con la finalidad de evitar investigaciones en su contra, Moreno Valle consiguió que en diciembre de 2015 se nombrara como nuevo fiscal a Víctor Carrancá Bourget, un funcionario que fue su colaborador y que asumió el cargo por siete años.

Del mismo modo, advierten los opositores de Moreno Valle, el gobernador saliente logró que otros tres excolabradores suyos fueran nombrados en el instituto de transparencia local. Entre ellos está la propia presidenta del organismo, Gabriela Sierra, esposa de Héctor Alcudia, exdirector del organismo descentralizado Puebla Comunicaciones.

A esto se suma que el futuro gobernador, Antonio Gali Fayad, es otro militante del PAN y un hombre que ha manifestado respaldo público a quien será su antecesor.

En este contexto, Moreno Valle no ha ocultado sus intenciones de competir por la candidatura presidencial panista para las elecciones de 2018. Según organizaciones civiles como Fundar, para ello no ha escatimado recursos, pues se calcula que destinó cientos de millones de pesos en publicidad oficial.

Al respecto, un caso que captó la atención a finales de 2016 fue el de la entrevista que la revista Esquire hizo a Moreno Valle en esas fechas. La conversación fue difundida en medios electrónicos, lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró propaganda anticipada por parte del mandatario poblano. Sin embargo, él se inconformó y el Tribunal Electoral federal (TEPJF) terminó por darle la razón.